Hacia una nueva cultura del agua

El debate en torno al agua siempre ha estado presente en la agenda política española ante la escasez y el difícil acceso a este recurso natural básico. Las particularidades del clima en la península Ibérica, unidas a la cada vez mayor estacionalización del uso –debido en gran medida al turismo, concentrado en los meses de verano– han provocado episodios críticos durante las últimas décadas, especialmente en épocas de sequía. El Plan de Acción de España para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, presentado ante Naciones Unidas, reconoce este reto en materia de agua y destaca como principal problema el estrés hídrico del país, uno de los mayores de la Unión Europea. España es un país semiárido en el que las precipitaciones han disminuido un 18% en 30 años, por encima de las predicciones, a consecuencia del cambio climático.

El Gobierno socialista ha plasmado en el Plan de Acción su intención de promocionar el I+D+i en esta sensible materia, uno de los aspectos que el anterior borrador, elaborado durante el mandato del Partido Popular, no reflejaba. También quiere implementar el Plan Estatal de Investigación Científico y Técnico y de Innovación aprobado en 2017 y que contribuye a la innovación y sostenibilidad de recursos hídricos, análisis, evaluación y seguimiento de las aguas, previsión de sequías así como a la mejora de la eficiencia de uso y calidad de los recursos hídricos desde el punto de vista sanitario y ambiental.

El Tribunal de Justicia de la UE impuso una multa de doce millones de euros a 17 localidades por depurar mal sus aguas residuales

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar su programa de Gobierno, ya hizo referencia a medidas relacionadas con el agua dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por la ONU en 2015. Muchas de ellas habían sido anunciadas previamente, pero que aludiera en su discurso en varias ocasiones a los ODS supuso una declaración de intenciones en cuanto al protagonismo que cobrarán en las acciones de Gobierno. «Recursos finitos como el agua requieren de medidas en el medio y el largo plazo. Una política coherente de agua no puede limitarse al mero deseo de ver si llueve como hizo el anterior Gobierno», declaró Sánchez en la Cámara Baja, en la que apostó por la implantación de una «nueva cultura del agua». También adelantó que el Ejecutivo va a impulsar los planes de sequía y va a «ejecutar inversiones previstas financiadas con fondos europeos en muchos casos en los que acumulamos retrasos que implican el riesgo de la devolución de los fondos». 

España sí ha avanzado, según relata el Plan de Acción del Gobierno, en las tecnologías relacionadas con la obtención del agua, pero no en su tratamiento y uso eficiente, una de las metas del ODS 6 dedicado al agua y el saneamiento y de la Directiva marco europea sobre el agua del año 2000 a la que el Gobierno reconoce que no se ha adaptado todavía. A estas tareas pendientes, el Gobierno debe sumar la multa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto a España por depurar mal las aguas residuales en 17 localidades. La cuantía asciende a los 12 millones de euros y podría seguir engordando si otros 1.000 puntos siguen vertiendo sus aguas residuales sin tratar al mar, a los ríos o no se tratan suficientemente.

La principal preocupación de los grupos parlamentarios respecto a agua tiene que ver con el acceso universal

Cecilia Carballo, directora de programas de Greenpeace, afirma que hay un atisbo de esperanza respecto a todos los ODS con la llegada del Gobierno del Partido Socialista: «El gobierno anterior no hizo suficiente por incorporar las cuestiones relacionadas con los ODS a la agenda diaria política». A pesar de que Pedro Sánchez no lleva demasiado tiempo en el cargo, señala que ha ido tomando una serie de medidas de acercamiento al cumplimiento de los ODS: «La creación de un Ministerio de Transición Ecológica facilita la toma de decisiones para los 12 objetivos con un alto contenido de materia medioambiental». Aunque todavía no se puede hablar de medidas y leyes concretas, desde Greenpeace, Carballo dice que están contentos: «Vemos que hay cosas que hablan de una buena dirección, pero hay que convertirlas en medidas concretas».

El agua en el arco parlamentario

A pesar de las intenciones anunciadas por el Gobierno de Sánchez, su fuerza a la hora de legislar es reducida debido al número de diputados con los que cuenta el Grupo Socialista, 84 de los 350 que conforman el Congreso. Por lo tanto, en esta legislatura son más relevantes que nunca las alianzas y pactos que el Gobierno pueda alcanzar con el resto de grupos si quiere cumplir con todas las medidas que ha puesto sobre la mesa en materia de agua. Según datos de la herramienta de seguimiento de la actividad parlamentaria, Parlamento 2030, la principal preocupación de los grupos parlamentarios respecto a agua tiene que ver con el acceso universal a este recurso básico, ya que la meta del ODS 6 referente a esta temática concentra 538 iniciativas, un 46% de todas las presentadas respecto a agua en lo que va de legislatura. Las metas son los diferentes ámbitos de actuación concretos que integra cada objetivo de desarrollo sostenible.

Entre todos los tipos de iniciativas, probablemente las más importantes son los Proyectos de Ley, las Proposiciones de Ley y las Proposiciones No de Ley (PNL), ya que demuestran una mayor implicación y relevancia política. Respecto a la meta referente al acceso universal al agua, en la presente legislatura se han presentado cinco Proyectos de Ley, siete Proposiciones de Ley y 63 Proposiciones No de Ley en las que el principal tema tratado se refiere a esta temática. Estas cifras muestran que hay un interés general en los principales grupos parlamentarios para legislar e instar al Gobierno a trabajar en materia de agua, por lo que parece que hay terreno para negociar y llegar a acuerdos.

Por partidos, el más activo es el PSOE, con 30 de estas iniciativas, de las que la gran mayoría son Proposiciones No de Ley (28), frente a las 2 enmiendas presentadas respecto a Proyectos de Ley. Podemos ha registrado hasta ahora 22 iniciativas (15 Proposiciones No de Ley, cinco Proposiciones de Ley y 2 enmiendas a Proyectos de Ley), seguido por las 12 de Ciudadanos (10 PNL y 2 enmiendas a Proyectos de Ley) y los populares (siete PNL, una Proposición de Ley y 2 Proyectos de Ley como Gobierno).

Por otro lado, en las preguntas que los parlamentarios dirigen al Ejecutivo, se observa que las grandes infraestructuras de almacenamiento y depuración del agua reciben un mayor interés. Las preguntas al Gobierno son un instrumento de control con menor relevancia política respecto a otras iniciativas parlamentarias, pero en cambio aportan una idea de cuáles son los diputados y diputadas que más han trabajado un tema. Sobre el ODS 6 se han realizado un total de 455 preguntas durante la última legislatura, tanto orales como escritas. De todas las preguntas registradas, el 22,6% aún no han sido respondidas. 

Los parlamentarios de las provincias del sur y del mediterráneo son los que muestran mayor interés en materia de agua

El socialista Gonzalo Palacín Guarné ha participado en 104, lo que le convierte en el más activo de todo el hemiciclo en materia de agua, colaborando en una cuarta parte de todas las preguntas al plantear habitualmente las cuestiones desagregadas por comunidades autónomas y provincias. Le sigue Miguel Ángel Heredia, también del grupo socialista, al igual que Javier Antón, con 71 y 41 preguntas cada uno, respectivamente. El diputado Miguel Ángel Garaulet es el que más se implica dentro de su grupo político, Ciudadanos, participando en 20 preguntas, frente a las 12 de Juan Antonio López de Uralde –el más activo de Podemos–, las 5 de Ignasi Candela (Compromís, integrado en el Grupo Mixto) o las 3 de María Ascensión Carreño, del PP. Por circunscripciones, los diputados que más trabajan iniciativas relacionadas con el agua son los de Murcia. En total, diez parlamentarios electos por esta circunscripción han hecho alguna pregunta relacionada con el ODS 6, tres más que los de Málaga. Tanto en Valencia como en Alicante son seis los diputados que han lanzado preguntas al Gobierno. En este sentido, destaca el mayor interés de los parlamentarios procedentes de las provincias del sur y del arco mediterráneo frente a las del interior del país, que muestran menor implicación en este tema. De hecho, en Madrid, la provincia con mayor número de diputados, solo dos han formulado alguna pregunta.

Hay vida más allá

Sobre el específico de las preguntas que plantean los diputados, éstos quieren saber qué medidas se han adoptado por parte del Ejecutivo en cuanto a la gestión de infraestructuras hidráulicas como las presas y los embalses, la pérdida de su capacidad o la seguridad y ejecución de las obras de ciertas infraestructuras. De hecho, España es el quinto país del mundo con más infraestructuras hidráulicas y el primero de la Unión Europea, con un total de 1.538, entre las que se cuentan desde grandes embalses o presas hasta construcciones más pequeñas, como las balsas.

España es el quinto país del mundo y el primero de la UE con más infraestructuras hidráulicas: 1.538

Carballo, desde Greenpeace, asegura que «la solución no está en la construcción de infraestructuras faraónicas. Las políticas en materia de agua deben ir mucho más allá». Para ella, sería más adecuado una mejor distribución de los recursos, además de unas políticas que sean valientes y hablen del control del gasto en materia de agua. Para la ONG Ecologistas en Acción, «los valles sobre los que se construyen estas infraestructura] desaparecen para siempre». Según afirman, estas construcciones «transforman el régimen fluvial y bajo sus aguas quedan bosques o pastizales». Pero hay más: la ONG calcula que han desaparecido pueblos enteros y cerca de cincuenta mil personas han sido desplazadas. 

WWF se suma a las denuncias. La organización asegura que muchas presas impiden el movimiento de los sedimentos y de la fauna de los ríos y dividen las comunidades biológicas. Desde esta ONG proponen desmantelar aquellos obstáculos que se demuestren obsoletos, lo que calculan que podría costar desde 27.000 euros cada uno.

Los datos reflejan que es necesario que el Gobierno, después de haber mostrado su interés en materia de agua, busque ahora pactos con los grupos parlamentarios si quiere cumplir con todas las medidas planteadas. También deberá rendir cuentas y contestar a las preguntas que aún están en el aire. El Plan de Acción presentado ante Naciones Unidas es un buen punto de partida y ha llegado el momento de comenzar a implementarlo.

Judith Arrillaga, Carolina Cerrejón y Joan Llop son expertos en periodismo de datos