Por un comercio mundial ético

A pesar de que el nacionalismo económico se ha visto reavivado en la era Trump, el profesor Christian Felber defiende que la batalla dialéctica no se juega entre el libre mercado y el proteccionismo, sino entre el comercio ético y no ético. El ideólogo y fundador del movimiento de la ‘Economía del Bien Común’ recuerda que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un medio para aumentar el bienestar humano, social y ecológico.

Bernardino de Siena escribió ya en el siglo XV: «Quisiera compartir contigo seis ideas que tiene que considerar alguien que comercia o se beneficia del comercio… La primera consiste en tener en cuenta a la persona que comercia. La segunda, la percepción de la actitud interior del comerciante. En tercer lugar, ver la manera en que se desarrollan las actividades comerciales. Cuarta, tener en cuenta el lugar donde se desarrolla la actividad. Quinta, prestar atención al momento en que se realiza. En sexto lugar, preocuparse por la corporación con la que se comercia. Y añadimos una séptima reflexión que procede de Escoto: se debe comerciar por el bien común».

Las Naciones Unidas, además de los derechos humanos, han formulado recientemente primero los Objetivos de Desarrollo del Milenio y,
después, en octubre de 2015, basándose en estos y mejorándolos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si los Estados miembros de la ONU realmente quieren actuar con coherencia y tomarse en serio objetivos de la comunidad internacional, tales como, por ejemplo, «poner fin a la pobreza» (objetivo número uno), tendrían que comprobar si −y en qué medida− sus proyectos de política comercial, es decir, acuerdos de comercio y de inversión bilaterales, plurilaterales y multilaterales, favorecen dichos objetivos, y facilitar los capítulos correspondientes, los subobjetivos evaluables y las medidas concretas. Los acuerdos comerciales basados sin más en la esperanza o en vagas promesas de contribuir a la reducción de la pobreza, pero sin objetivos concretos ni información sobre cómo van a lograrlo exactamente, deberían, siendo coherentes, mejorarse o bien no firmarse en absoluto. Ejemplos, el TTIP, el CETA o los numerosos tratados de la OMC.

«El éxito económico se debe medir por su contribución a los objetivos de los Estados de derecho democráticos y de la comunidad  internacional»

El «bien común mundial» podría estar integrado por la suma de los derechos humanos, los objetivos de desarrollo y los de sostenibilidad, así como por otros objetivos de la comunidad internacional, como, por ejemplo, la protección de las culturas indígenas o de la diversidad biológica. En una serie de constituciones nacionales, el bien común es un objetivo específico de la política económica; en otras, el límite de la libertad económica. «La actividad económica en su totalidad sirve al bien común», afirma la Constitución bávara (art. 151). El art. 333 de la Constitución de Colombia reza así: «La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común». Según la Constitución española, «toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general» (art. 128). En la Ley Fundamental alemana se lee: «La propiedad obliga. Su uso debe servir al mismo tiempo al bien común» (art. 14). La libertad de comercio podría incluirse como una sublibertad por debajo del derecho de propiedad. Y, si el derecho (de propiedad) de orden superior obliga al bien común, la libertad (de comercio) subordinada todavía más.

En el movimiento de la Economía del Bien Común, proponemos que la consecución de los objetivos del bien común se mida en todos los niveles de la economía –economía nacional (macroeconomía), empresas (mesoeconomía) e inversiones (microeconomía)–, y que tenga prioridad sobre los indicadores financieros de resultados: PIB, beneficio y rendimiento. El éxito económico se debe medir por su contribución a la consecución de los objetivos de los Estados de derecho democráticos y de la comunidad internacional. El balance del bien común existe desde 2011 y, hasta el momento, lo han elaborado voluntariamente mas de 500 empresas. Por otra parte, el proyecto de la banca democrática ha desarrollado una Auditoría del Bien Común que deben hacer y superar todos los proyectos que soliciten financiación (ya sea de capital externo o propio) para que se considere un crédito o una financiación directa de inversores. Si se da por buena la  evaluación del crédito, el dinero −ya sea de capital externo o propio– fluye en unas condiciones que serán más favorables cuanto mayor sea el valor ético del proyecto. Ya existe una serie de bancos alternativos que, o bien solo invierten en sectores específicos, como reformas educativas, agricultura ecológica o energías renovables, o bien han desarrollado herramientas de evaluación que aplican para conceder préstamos.

Proponemos un proceso democrático de desarrollo para el producto del bien común: los ciudadanos libres y soberanos podrían reunirse en sus comunidades y comenzar redactando el índice del bien común local con los, por ejemplo, 20 elementos más relevantes para la calidad de vida. Es de esperar que surjan los derechos humanos y los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, a saber, todo aquello que forma parte del buen vivir para todos (los seres vivos).