Turquía, territorio hostil para los defensores de los derechos humanos

Desde el intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016, 50.000 personas han sido encarceladas y 150.000 están siendo investigadas penalmente. Una de ellas es Taner Kiliç, presidente de la rama turca de Amnistía Internacional (AI), que fue detenido el pasado mes de junio junto a otros 22 profesionales del derecho por su presunta relación con el movimiento de Fethullak Gülen, a quien el Gobierno de Ankara acusa de orquestar el fallido golpe. Tan solo un mes después de este suceso, la policía detuvo a otros ocho activistas y a dos formadores que participaban en un curso sobre seguridad digital y gestión de la información, y entre los que se encontraba Idil Eser, directora de Amnistía Internacional en el país.

Actualmente, se ha autorizado la detención de Idil Eser durante siete días, período que podría ampliarse otros siete días más sin que la representante de AI y el resto de detenidos tengan que comparecer ante un tribunal. En cuanto al caso de Kiliç, este encuentra en prisión a la espera del acta de acusación formal y de juicio, acusado de apoyar al movimiento Fethullah Gülen. Según Amnistía Internacional, en caso de que Kiliç sea declarado culpable de pertenencia a dicho movimiento, podría ser condenado «injustamente» a una pena de hasta 15 años de prisión.

«Es la primera vez en la historia de Amnistía Internacional que la directora y el presidente de la organización en el mismo país son encarcelados. Junto con el resto de los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos, ambos deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones», señalaba el secretario general de AI, Salil Shetty, en una nota publicada desde la Organización. Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmaba que los ochos detenidos fraguaban un intento de golpe de Estado. «Según los datos de la inteligencia (turca), se reunieron en un hotel en la isla de Buyukada para discutir la continuación del golpe de Estado. Por eso la policía los detuvo. Ahora el caso será evaluado por la justicia. No sé lo que la investigación va a determinar», expuso Erdogan ante los medios durante una rueda de prensa con motivo de la clausura de la Cumbre del G-20 en Hamburgo.

Desde que el 15 julio de 2016 se produjera una intentona de golpe de Estado en el país, el Gobierno ha ordenado el cierre de numerosas ONG y la detención de distintos representantes de las mismas. En noviembre del pasado año, el Ministerio turco del Interior clausuró, bajo el paraguas del Estado de excepción decretado tras el fallido golpe de Estado, el cese de actividades de 370 organizaciones no gubernamentales por sus presuntos lazos con terroristas. Se acusó a un total de 153 de tener vínculos con la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen. Además, desde el Ministerio también aseguraron que otras 190 asociaciones guardaban relación con el Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK), que 19 eran cercanas al grupo terrorista de izquierda DHKP-C y otras 8 con el yihadista Estado Islámico (EI).

Acorde a las denuncias de Amnistía Internacional sobre la actuación del Ejecutivo turco, desde el intento golpista la represión hacia la sociedad civil por parte del Gobierno no ha cesado. Además de las decenas de miles de detenciones, se han cerrado 160 medios de comunicación, unos 2.500 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación han perdido su empleo y 130 se encuentran encarcelados.