Una vuelta por las puertas giratorias

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Luis Meyer

Empecemos con un dato inesperado: tener a un excargo político en una empresa privada juega en contra de sus resultados económicos. Así lo concluyó hace dos años el historiador Pau Castells en su tesis doctoral para la Universidad Autónoma de Barcelona, tras un estudio del comportamiento accionarial durante su nombramiento y los posteriores resultados contables. Claro que hay que observar este diagnóstico con cierta distancia. El resultado del doctor Castells es un promedio, y se basa en puras cifras a corto plazo. Falta por tanto en su análisis el factor intangible, esto es, el intercambio de favores que suele suponer la entrada de un exministro en el sector privado fruto, en muchos casos, de concesiones anteriores a su nombramiento, especialmente flagrantes en el caso de empresas reguladas que, en ocasiones, han alcanzado una posición de privilegio gracias a determinadas políticas durante su mandato.

Esto nos lleva al fenómeno conocido como ‘puertas giratorias’, que aunque hoy lo asumimos dentro de nuestra idiosincrasia, no es algo exclusivamente patrio: la denominación se acuñó en Reino Unido (‘revolving doors‘) y el trasvase entre lo público y lo privado es una práctica habitual en otros países de Europa, América y Asia. En el caso de Japón, por ejemplo, usan un término menos prosaico: ‘amakudari‘, que significa ‘descenso del paraíso’. Allí han sido, eso sí, más estrictos: en 2009 se estableció una agencia exprofeso dedicada a reintegrar a los funcionarios retirados para impedir que negocien sus empleos directamente. Con el siguiente Gobierno se tiró por la calle de en medio: se prohibió a cualquier ministerio o institución pública gestionar cualquier tipo de contratación de un funcionario en el sector privado.

En nuestro país hay regulación enfocada a limitar las puertas giratorias. Tenemos una oficina similar a la de Japón, si bien en nuestro caso no es independiente y depende del Ministerio de Hacienda, y sus informes no son públicos. Rige, además, la incompatibilidad para un exalto cargo de dos años, tras su cese, durante los que cobra el 80% de su sueldo. No es total, sino que limita la asunción de responsabilidades en empresas privadas, y en cualquier caso lo dirime el mencionado órgano, la Oficina de Conflicto de Intereses, que solo se debe al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Ministros.

Hay, además, formas de sortear estas limitaciones: uno de los casos más sonados es el de Elena Salgado, vicepresidenta y ministra de Economía durante el Gobierno de Zapatero. A los tres meses de dejar su cargo fichó como consejera de Chilectra, lo que se vio como una treta para entrar legítimamente en una empresa española regulada, puesto que la compañía eléctrica chilena es una filial de Endesa.

¿Prohibir las puertas giratorias?

El pasado mes de septiembre, Unidos Podemos impulsó una proposición no de ley para prohibir «total y permanentemente» el acceso de las personas que hayan tenido cargos públicos a los consejos de administración y/o de alta dirección en empresas que operen en sectores estratégicos del Estado. Fue rechazada por todos los partidos, que tildaron la medida de «absoluta» y «exagerada».

El partido fundado por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero planteaba restringir el acceso a quienes hubieran sido presidentes del Gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, secretarios generales, delegados del gobierno, jefes de misiones diplomáticas, miembros de los organismos reguladores o de supervisión, o a quienes hubieran sido nombrados por el Consejo de Ministros para cargos en el sector público estatal. Pablo Iglesias criticó que las grandes empresas «compren» a exmandatarios para que actúen como sus representantes y enlaces. El debate es, sin duda, algo más complejo, dado que también afecta a la libertad individual y a la gestión del talento, y las propuestas de brocha gorda de Podemos tampoco parecen la solución más acertada.

«Hay que eliminar las puertas giratorias pero no se puede excluir el talento de la sociedad civil», señala el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que censura determinados casos que, a su juicio, son «una prueba más del capitalismo de amiguetes». «Es un tema que merece atención y que no se puede resolver con una chapuza panfletaria», advierte.

El idilio político con el sector energético

Solo durante los últimos ocho años (coincidentes con el inicio de la crisis) más de 40 expolíticos han fichado por empresas energéticas. Un número abrumador si lo comparamos con el trasvase a otros sectores clave en España, como el de la construcción. Las finanzas, aunque en menor medida, también se han inundado de ex altos cargos públicos, con un reparto de la tarta bastante equitativo entre los dos partidos mayoritarios. Lo demuestran ejemplos como el de Pedro Solbes (PSOE), consejero de Barclays, Guillermo de la Dehesa (PSOE), vicepresidente del Banco Santander, Ángel Acebes (PP), que entró como vocal del consejo de administración de Bankia hasta que fue intervenida, y anteriormente fue consejero externo de Iberdrola, o José María Michavila (PP), consejero en JP Morgan.

Uno de los trasvases más rápidos al sector privado fue el de Josu Jon Imaz, expresidente del PNV, cargo que dejó en 2007 para pasar a presidir Petronor, filial de Repsol, solo un año después. Doctor en Ciencias Químicas y Premio Extraordinario de Fin de Carrera, y formado en Dirección General de Empresas, en este caso resulta indudable su preparación -hace dos años fue nombrado consejero delegado de Repsol-, lo que no impidió que, en su día, generase recelos entre la opinión pública.

Premios de consolación

A veces el salto no se da necesariamente al sector privado, pero no por ello resulta menos polémico. El último caso que escandalizó a la sociedad fue el de la candidatura del exministro de Industria, José Manuel Soria, por parte del Ministerio de Economía, para director Ejecutivo del Banco Mundial. Se puso en duda la objetividad del equipo de Luis de Guindos a la hora de valorar los criterios de capacidad, teniendo en cuenta que Soria acababa de dimitir de su cargo por salir a la luz que tenía intereses en sociedades radicadas en un paraíso fiscal como Panamá (las políticas del Banco Mundial, teóricamente, tienden a limitar este tipo de prácticas). El revuelo fue tal que a los pocos días el Ejecutivo obligó al exministro a renegar, contra su voluntad, de la candidatura.

El Gobierno también colocó (esta vez con éxito) a su exministro de Cultura y Educación, José Ignacio Wert, como embajador jefe de la Delegación ante la OCDE, en París, con un sueldo de unos 10.000 euros al mes (casi el doble que lo que cobra Mariano Rajoy). Aunque es un nombramiento político y absolutamente pulcro desde el prisma legal, pocos entendieron que se «premiara» de esa manera a un exministro que tenía el dudoso récord de haber puesto en su contra al mayor número de sectores de la cultura, y una ley de educación, la LOMCE, cuya implantación ha sido paralizada por contar con la oposición de una mayoría aplastante en el Congreso.

Los ex presidentes

Los presidentes de Gobierno cobran un salario vitalicio de 80.000 euros después de dejar su cargo. Pueden optar a renunciar a él y tener un puesto en el Consejo de Estado, en cuyo caso su sueldo sube hasta los 100.000 euros aunque, en este caso, es incompatible con cualquier otra actividad. Es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien hace poco fue fichado por el Institute for Cultural Diplomacy (ICD), una organización pacifista no gubernamental radicada en Berlín, en la que no percibirá ninguna remuneración, por lo que ha recuperado su derecho a sueldo vitalicio.

José María Aznar y Felipe González optaron desde el principio por su salario de expresidentes, pero, a diferencia de Zapatero, se han zambullido de lleno en el sector privado. Aparte de los 80.000 euros que recibe del Estado, Aznar es desde 2004 asesor de News Corporation, el grupo mediático del gigante Murdoch. En 2007 fue nombrado presidente de la división para América Latina de J.E. Robert, empresa con operaciones inmobiliarias en Estados Unidos y Europa. También fue miembro del Comité Asesor de la firma de capital riesgo Centaurus Capital. En 2011 empezó como asesor externo de Endesa. En algunos de estos cargos su salario sobrepasa con holgura los 100.000 euros anuales. Aunque es natural que los ex presidentes rehagan su vida profesional tras su paso por la política, resulta difícil de explicar que sigan cobrando el sueldo vitalicio si cobran grandes emolumentos por su actividad privada.

El socialista Felipe González, por su parte, también ha compaginado su salario vitalicio como expresidente del Gobierno con la fundación de empresas como Ialcon Consultoría en 2001 y Tagua Capital en 2011. En 2010 entró como consejero en Gas Natural Fenosa, donde ha permanecido hasta 2015, con una retribución superior a los 100.000 euros anuales.