Las 25 ciudades menos paradisíacas

Todas las empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales y el año pasado la inversión en estos países aumentó a más del doble, según un estudio de Oxfam Intermón y el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Esta crisis económica no se caracteriza por la solidaridad fiscal, y el informe deja claro que mucho del capital del sector privado no se queda dentro de nuestras fronteras: concretamente, los paraísos fiscales representan hoy casi la cuarta parte de la inversión española en el extranjero.

La situación es aún más sangrante si tenemos en cuenta que muchas de estas empresas absorben gran parte de las contrataciones públicas, que en España equivalen al 25% del PIB. Dicho llanamente: se pagan obras con dinero de los contribuyentes a empresas que, en ocasiones, tributan fuera, donde tienen más beneficio fiscal.

La campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales (ZLPF) impulsada por Oxfam Intermón busca incentivar «un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras». Han empezado por las ciudades, grandes focos de obra pública y de servicios subcontratados. Ya se han sumado 25, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Alicante. La pregunta es inevitable: ¿Es una mera declaración de intenciones de cara a la galería, o se van a tomar medidas reales? «Hay que empezar poco a poco, quienes se adhieren se lo toman en serio», asegura Miguel Alba, uno de los impulsores de la iniciativa, el mismo día que Madrid se ha comprometido a ser ZLPF. El concejal de Economía y Hacienda del Consistorio capitalino, Carlos Sánchez Mato, asegura que «próximamente se incorporará una cláusula específica para la contratación pública». Así, las empresas optantes deberán presentar una declaración de que no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales.

Es un paso similar al que han dado el resto de municipios, e igual de pequeño, por el momento: la mayoría de estas empresas con filiales en países de tributación ventajosa no incumplen necesariamente la legalidad. «Somos conscientes de que algo éticamente reprochable no es lo mismo que ilegal, y eso limita nuestro objetivo es suprimir a todas aquellas que operen en paraísos fiscales», reconoce Alba, al tiempo que abre una puerta al optimismo: «La directiva europea sobre contratación pública aún tiene que desarrollarse en España en una nueva ley nacional, y ahí sí hay espacio para exigir que las empresas licitadoras no tengan ninguna actividad en paraísos fiscales».

Una norma que zanjaría de un plumazo el asunto elusivo, ya que se aplicaría a todo el país por igual. Por el momento, la ONG ha echado a andar desde los Ayuntamientos, y espera extender su iniciativa a universidades, hospitales y cualquier centro público susceptible de contratar, para extender lo máximo posible el ‘sello’ ZLPF. «En España, el 72% del fraude fiscal proviene de grandes empresas y fortunas, y los paraísos fiscales son el principal agujero negro», advierten desde la ONG, y rematan: «Las prácticas de las empresas que eluden impuestos minan la capacidad de financiación de los organismos públicos con recursos necesarios para acometer políticas sociales». Algo que, aún sin salir de la crisis, es absolutamente necesario. También para salir de ella.

En este mapa puedes ver todas las Zonas Libres de Paraísos Fiscales.