Opinión

Islamismo radical con pasaporte occidental

Más de 3.000 musulmanes vinculados con el yihadismo tienen pasaporte occidental. ¿Por qué una nueva cantera del terror se está gestando en el seno del Viejo Continente?

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04
May
2015
Miguel Ángel Cano Paños

Los atentados cometidos por el terrorismo islamista en este año 2015 han dado lugar no sólo a que organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico aumenten su presencia intimidatoria en Occidente, sino también a confrontar a la sociedad europea con un enemigo anónimo e invisible; con una amenaza difusa, a la vez que letal.

Dentro de los perfiles personales vinculados con el terrorismo de base yihadista que ha actuado en Europa en las últimas fechas hay que destacar a aquél compuesto por individuos musulmanes, en no pocos casos con pasaporte europeo, y pertenecientes a las segundas y terceras generaciones de inmigrantes. En este sentido, son miles los jóvenes europeos, algunos de ellos en edad adolescente, los que han decidido llevar a cabo la yihad contra los que ellos consideran «enemigos del Islam», bien en el primer frente de batalla –trasladándose a países como Siria o Irak– bien en la retaguardia, cometiendo acciones terroristas como las ocurridas en París en enero de este año.

En casi todos los casos se está frente a sujetos con problemas personales, frustraciones sociales, sentimientos de desarraigo y exclusión caracterizados por aspectos como la falta de empleo o la marginación ecológica en lo que se denomina apartheid urbano. Ante esta situación, el islamismo radical supone para estos jóvenes un sentimiento de unión, un lugar de consuelo donde compartir desdichas con otros individuos confrontados con los mismos problemas, pero que comparten la misma fe.

Al contrario de lo que sucede con el terrorismo tradicional, de corte etno-nacionalista o social-revolucionario, el terrorismo de base yihadista plantea serias dificultades de investigación y enjuiciamiento, no sólo a causa de la peculiar forma de difusión, adoctrinamiento y reclutamiento amparados en su propia concepción tergiversada del credo mahometano, sino también por el hecho de que los distintos grupos o sujetos auto-radicalizados que componen esta «ideología del odio» pueden organizarse y actuar de forma independiente unos de otros, sin una organización-cúpula dotada de interconexión interna que permita acceder a la misma a través de la identificación y desarticulación de cualquiera de aquéllos.

Por todo lo explicado, la amenaza proveniente del terrorismo islamista ha hecho que, también en el caso de España, los distintos gobiernos hayan venido considerando como insuficientes los instrumentos de inteligencia, policiales y jurídico-penales destinados a hacer frente a este tipo de terrorismo cuantitativa y cualitativamente distinto al ejercido por la organización ETA. Ello ha dado lugar al impulso de una serie de medidas legislativas dirigidas a combatir esa amenaza de carácter difuso, omnipresente y, conviene reiterarlo, tremendamente peligrosa.

En este sentido, los dos partidos mayoritarios en España (PP/PSOE) firmaron a comienzos de febrero de este año un pacto de Estado conjunto dirigido a «afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo». El mencionado acuerdo consta de una declaración de unidad y un total de ocho puntos a desarrollar en el futuro. De ellos, el más importante es una proposición de Ley Orgánica dirigida a modificar el Código Penal para hacer rente a las «nuevas formas de terrorismo». Con la proyectada reforma penal se pretende ampliar hasta límites insospechados la definición de terrorismo, incluyendo conductas alejadas de este fenómeno como pueden ser los desórdenes públicos y, a su vez, tipologías delictivas dirigidas a castigar, por ejemplo, el mero visionado de páginas yihadistas por parte de un sujeto individual. Además, se amplían considerablemente los marcos punitivos mediante la introducción de la prisión permanente revisable.

Con todo, y más importante si cabe que las reformas legales (las cuales, no hay que engañarse, pueden resultar completamente ineficaces frente a terroristas suicidas inmunes a cualquier tipo de intimidación penal), es llevar a cabo un plan integrado para prevenir sobre todo la radicalización violenta del colectivo joven musulmán de procedencia inmigrante que habita en Europa; principal destinatario de los cantos de sirena procedentes de organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda. Se trataría de un plan complejo, a largo plazo y con la intervención de las partes «en conflicto», a saber, la administración del Estado en forma de políticas de integración social y laboral del colectivo inmigrante, para con ello evitar que estos jóvenes, en algunos casos ya nacionalizados y con posibilidades de ser socializados conforme a los esquemas vigentes para la población autóctona, sean no obstante considerados negativamente diferentes; y, por otro lado, la comunidad musulmana asentada en la diáspora. Es precisamente en el seno de dicha comunidad y, en especial –aunque no sólo– desde posiciones de autoridad religiosa reconocida, donde se ha de condenar sin paliativos el terrorismo que se proclama a sí mismo como yihadista, inhibiendo y/o contrarrestando procesos de radicalización o socialización en una violencia para la que sus promotores aducen supuestas justificaciones basadas en una lectura rigorista, intemporal y, sobre todo, irracional de los textos coránicos y de otras fuentes tradicionales del credo mahometano.

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