7 de cada 10 directivos considera los sobornos algo habitual

7 de cada 10 directivos españoles alertan de que el soborno y la corrupción son prácticas habituales en el proceder de las empresas como una herramienta más para generar beneficios. Así se desprende del último informe sobre fraude y corrupción elaborado por Ernst & Young, que ha encuestado a directivos de 38 países.

Los datos de España duplican a los registrados en la media de los países de Europa Occidental analizados, donde el 35% percibe este modus operandi. También están por encima de países con mercados emergentes (61%). Además, esta percepción ha aumentado un 4% respecto a la registrada en España en 2013 (del 65 al 69%).

Los resultados son peores que los obtenidos por Italia, Egipto, Turquía o Rusia. Dentro de este mismo ranking, Croacia se sitúa a la cabeza mientras que en Dinamarca, a la cola, apenas el 4% de los directivos perciben prácticas poco éticas en las empresas.

El soborno como recurso para contribuir a la supervivencia del negocio ha sido justificado por un 46% de los encuestados en España. Los preferidos son los regalos personales (34%), seguidos de los regalos relacionados con el ocio (31%) y de los pagos en metálico (16%).

Existen otros errores «justificables» a los que las empresas recurren: el 56% de los encuestados en España ha reconocido que sus compañías a menudo «maquillan» la información financiera. En Europa Occidental, este porcentaje se sitúa en el 33%. En este contexto, la práctica más habitual, aprobada por un 36%, consiste en negociar descuentos con los proveedores o retrasar el pago de facturas. Un 15% de ellos ha reconocido que estas prácticas han tenido lugar durante los últimos meses en sus empresas.

Sensación de impunidad

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que la actividad regulatoria y los códigos éticos han evolucionado; así lo considera el 26%. Sin embargo, un 69% considera que las autoridades deberían tomar más medidas para hacer frente a los daños resultantes del fraude y la corrupción. El 58% señala que es necesario localizar y congelar los activos.

Los datos dejan en evidencia la elevada sensación de impunidad, tal y como ha destacado el responsable de Ernst & Young, Ricardo Noreña. A pesar de la reforma del Código Penal, que será efectiva el 1 de julio, por la cual la responsabilidad podrá recaer sobre las personas jurídicas, según Noreña «el reto reside en conseguir una mayor rapidez en los procedimientos judiciales y una actuación que permita la recuperación del dinero».

Herramientas antifraude

El 65% de los encuestados considera que la medida más efectiva es la persecución penal de los directivos por no haber actuado de manera diligente. Además, el 63% es partidario de que se apliquen multas a las empresas, frente al 46% que se decanta porque las multas recaigan sobre los directivos.

Entre otras vías para prevenir el fraude, existen códigos de conducta y un canal de denuncias. No obstante, un 46% ha manifestado que su empresa cuenta con estos mecanismos frente al 59% de los países europeos. Además, menos de la mitad de los encuestados conocen cuáles serían las penalizaciones derivadas de su incumplimiento.