El 'croony capitalism' sacude nuestra democracia

Artículo

Pablo Blázquez

El  ‘croony capitalism’ (o capitalismo clientelista) es un término que describe una economía en la que el éxito en los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios y los funcionarios gubernamentales. Los continuos casos de corrupción en España, y la incestuosa relación entre lo público y la privado, cuestionan gravemente nuestra calidad democrática.

La noticia de esta semana es la trama en la que ha sido detenido el ex secretario general del PP Madrid Francisco Granados junto a otras 50 personas, por firmar en dos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia.

Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato. En concreto, se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la Administración y organización criminal.

Ya no se entiende la crisis sin la delincuencia económica que ha existido. Desde que estalló la peor de las tormentas desde el Crash del 29, los escándalos de corrupción han salpicado muy directamente a todo el arco institucional (monarquía, partidos políticos, empresas y patronal, sindicatos) y han acentuado la desconfianza de los ciudadanos en el sistema. En este momento, España es el país del mundo donde la sociedad muestra más rechazo y desconfianza ante el sistema de libre mercado, según el Centro de Investigaciones Pew.

Si en las últimas semanas el escándalo de las ‘tarjetas black’ –en el que directivos y consejeros desfalcaron más de 15 millones de euros de una caja que recibiría 24.000 millones de euros en ayudas públicas para ser rescatada– había servido de escenificación de un problema que afecta a la raíz del sistema (por los cajeros opacos pasaron ex altos cargos de Gobierno, políticos de todos los colores y líderes sindicales y patronales), este nuevo episodio obliga al Gobierno y a la oposición a llevar a cabo una profunda reforma que fortalezca la transparencia, separe lo público y lo privado y acabe de una vez por todas con la impunidad.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha agitado su proyecto de ley contra la corrupción, pero la situación ha tocado fondo y se ha llegado al punto de no retorno. Los españoles necesitan mucho más que discursos y vacuas proclamas políticas.