Derechos Humanos

Federación Rusa: Derechos Humanos bajo cero

Josep Robert Mallafré, responsable del Equipo de Rusia de Amnistía Internacional, denuncia en este artículo los continuos ataques del Gobierno de Putin a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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03
Abr
2013
Por Josep Robert Mallafré, responsable del Equipo de Rusia de Amnistía Internacional

De las grandes ilusiones de la Perestroika a una espiral represiva que ha dinamitado la convivencia democrática en Rusia. Josep Robert Mallafré, responsable del Equipo de Rusia de Amnistía Internacional España, denuncia en este artículo los continuos ataques del Gobierno de Putin a los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía rusa.

En Rusia puedes ser condenado a dos años de cárcel por cantar una canción de protesta. Esto es lo que les ha sucedido a tres de las integrantes del grupo de música Pussy Riot.

Desde su creación en 2011 este grupo feminista de música punk viene protestando, con sus canciones, contra la represión de la libertad de expresión y reunión, la falta de transparencia de los procesos políticos o la persecución a activistas de la oposición en la Federación Rusa.

En febrero de este año interpretaron una canción protesta en el interior de la Catedral del Cristo Salvador en Moscú. La canción pide a la Virgen María que se haga feminista y que destierre a Vladimir Putin. Fueron detenidas y acusadas de «vandalismo planificado y cometido por un grupo de personas por motivo de odio religioso». La actuación del grupo se encuadraba dentro del conjunto de protestas contra Vladimir Putin y su gobierno que se vienen sucediendo desde la celebración de los últimos procesos electorales en el país.

Las elecciones legislativas en diciembre de 2011, primero, y las presidenciales en marzo de este año, después, estuvieron rodeadas de múltiples acusaciones de fraude. Mas allá de que Vladimir Putin y Dmitri Medvédev se presentaban para intercambiarse los cargos de primer ministro y presidente (en una maniobra pensada cuatro años antes para soslayar la limitación de dos mandatos consecutivos para la presidencia que establece la constitución rusa), las noticias de irregularidades se multiplicaban. El día de las elecciones a la Duma (el Parlamento ruso), se produjeron ataques informáticos contra las páginas web de los medios de comunicación críticos con el gobierno. Decenas de observadores fueron expulsados de los colegios electorales. Tras las elecciones se presentaron miles de denuncias por irregularidades. Uno de los candidatos quedó fuera de la carrera por las presidenciales, acusado de haber falsificado parte de los 2 millones de firmas que se le requerían para poder presentarse. Fueron los momentos de las grandes manifestaciones en Moscú reclamando la repetición de las elecciones y un proceso limpio. Reclamando, en definitiva, derechos civiles y políticos. Unas protestas que las autoridades rusas reprimieron con dureza, deteniendo, golpeando y hasta encarcelando a manifestantes, opositores y periodistas.

El juicio a las cantantes de Pussy Riot ha puesto en evidencia las debilidades del sistema judicial. Tanto durante la investigación como durante el juicio, sus abogados han denunciado en varias ocasiones la falta de garantías del proceso. Algunos de los familiares de las mujeres, así como uno de sus abogados, recibieron amenazas que no fueron investigadas. Las autoridades fiscales bloquearon la cuenta bancaria de la asociación de abogados donde trabaja el abogado de una de las tres mujeres. Y el tiempo asignado a la defensa para familiarizarse con las pruebas y preparar la defensa fue muy reducido.

Las protestas de los ciudadanos no parecen haber hecho mella en las autoridades rusas. Lejos de plantear propuestas que promuevan la participación política y el fortalecimiento de la sociedad civil, las nuevas leyes se mueven en la dirección contraria. Tras las elecciones legislativas, se ha aumentado el mandato presidencial a 6 años desde los 4 existentes, medida que facilita a Putin perpetuarse en el poder. El partido de Vladimir Putin ha presentado en la Duma iniciativas legislativas orientadas a limitar aún más la libertad de expresión y de asociación. Una ley multa con entre 700 y 1.000 euros a los que participen en manifestaciones no autorizadas. Otra ley dirigida contra las ONG que reciben financiación extranjera dificulta enormemente su funcionamiento, al añadir costosos procedimientos administrativos y va a silenciar aún más las voces críticas, que a menudo dependen de dicha financiación.

El último informe de AI denuncia desapariciones forzosas, malos tratos, torturas, detenciones secretas e incomunicadas y ejecuciones extrajudiciales.

En septiembre se produjo la expulsión de la estadounidense Agencia de Desarrollo Internacional. Esta agencia, muchas veces en colaboración con el gobierno ruso, ha trabajado en proyectos para mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente, desarrollar la sociedad civil y modernizar la economía del país. Pero también es la principal fuente de financiación de algunas  ONG rusas que denuncian violaciones de derechos humanos o que se encargan de supervisar la limpieza de los procesos electorales. Ésta podría ser la causa real del cese de sus actividades en Rusia.

La legislación rusa también es cada vez más restrictiva con los homosexuales. Es impensable poder celebrar una marcha del orgullo gay en el país. En marzo de este año, se aprobó en la ciudad de San Petersburgo una ley que prohibía que se lleven a cabo «acciones públicas de propaganda sobre la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y el transexualidad entre menores» y que, al mismo tiempo, condenaba la pederastia, relacionando de manera inadmisible las distintas opciones sexuales con abusos a niños. Una ley similar está en trámite en el parlamento nacional. Una prohibición que restringe la libertad de expresión y de reunión del colectivo y dificulta a la gente joven acceder a información vital para su salud y bienestar. En 2010, la Corte Europea de Derechos Humanos, criticó a Rusia por no defender la libertad de reunión y por discriminar a la gente por su orientación sexual, en relación a la prohibición, durante 5 años seguidos, de organizar la marcha del orgullo gay en Moscú.

Pero es en las repúblicas del Cáucaso Norte donde de la situación es más preocupante. Las víctimas del conflicto en Chechenia y las otras repúblicas caucásicas, los que sufren los abusos de las fuerzas de seguridad y los que defienden sus derechos, son detenidos, amenazados, torturados e incluso asesinados.

El último informe de Amnistía Internacional sobre la situación en el Cáucaso Norte denuncia desapariciones forzosas, malos tratos, torturas, detenciones secretas e incomunicadas y ejecuciones extrajudiciales. A estas violaciones de los derechos humanos se unen las dificultades que encuentran las víctimas y sus familiares a la hora de obtener justicia. Se cierra, así, un círculo donde se violan los derechos humanos con total impunidad. Impunidad que no hace sino fomentar futuras agresiones.

Hablando de impunidad, se cumplen estos días 6 años del asesinato de Anna Politkovskaya, periodista asesinada por su labor en la denuncia de las violaciones de derechos humanos en la zona. Tres años después del asesinato de la activista de derechos humanos Natalia Estemirova, no se ha realizado una investigación exhaustiva sobre este crimen y no se ha llevado a nadie ante los tribunales. El pasado mes de diciembre, otro periodista moría asesinado: Khadzhimurad Kamalov, fundador y director del periódico Chernovik y destacado defensor de los derechos humanos, fue tiroteado en el exterior de su oficina en  la provincia de Daguestán.

Los defensores de derechos humanos de la zona son acosados permanentemente. El pasado mes de julio, la policía llamó a declarar a Igor Kalyapin, presidente del Comité Interregional contra la Tortura (IRCAT, en sus siglas en inglés) en relación a un número de artículos que había publicado sobre desapariciones forzosas y otras violaciones de los derechos humanos en Chechenia.

Según el IRCAT, se acusaba a Igor Kalyapin de haber hecho públicas informaciones confidenciales. Es la tercera vez que se abren acciones legales contra Igor Kalyapin bajo el mismo pretexto. Este hostigamiento a las ONG dificulta su trabajo y pretende ahogar las denuncias sobre la falta de investigación efectiva sobre las violaciones de derechos humanos y la falta de reparación para con las víctimas de estos abusos.

Todo ello nos habla de un panorama desolador en Rusia en lo que a derechos humanos se refiere. Un panorama que permite afirmar que, en Rusia, los derechos humanos siguen estando bajo cero.

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