Transparencia

El Congreso aprueba la Ley de Transparencia

El Congreso ha aprobado la Ley de Transparencia con el caso Bárcenas y los ERES fraudulentos como música de fondo. Ahora pasará por el Senado, donde el Gobierno espera recabar más apoyo político.

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11
Feb
2013

El pleno del Congreso ha aprobado la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con los votos a favor de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y la oposición de PSOE, UPyD e IU.

Su principal impulsora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha prometido «no descansar en el trámite del Senado para que puedan incorporarse más» grupos, en especial el PSOE, que se descolgó en la recta final de la tramitación tras romper sus relaciones con el PP por el caso Bárcenas.

Además del PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai) han votado en contra del proyecto impulsado por el Gobierno de Rajoy para combatir la corrupción política y fomentar la regeneración democrática tras casos judiciales como el de la trama Gürtel, en Madrid y Valencia, y el de los ERES fraudulentos en Andalucía.

El ponente socialista Enrique Serrano ha reconocido el «trabajo silencioso» y de «aproximación discreta durante meses» que ha tenido con el Gobierno, «incluso en circunstancias difíciles», para pactar esta ley, pero ha insistido en que la «obstaculización» del PP a las iniciativas de control al Gobierno del caso Bárcenas impide al PSOE apoyarla.

Sin mencionar a Bárcenas, Serrano ha dicho que desde julio el PP mantiene una «contradicción insalvable» entre esa obstaculización y la apelación a la Ley de Transparencia como «bálsamo» de todos los males.

Los populares tuvieron entonces como único interlocutor para negociar enmiendas al representante de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, reuniones a las que al final también se sumaron CiU y el PNV.

Consejo de Transparencia

El Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley y la oposición lo rechaza porque dependerá del Ejecutivo. «No puede ser una delegación del Gobierno» ni su presidente «un mandado del ministro de Hacienda», ha proclamado Martínez Gorriarán en el debate que se ha desarrollado durante la mañana, mientras que Nuet ha denunciado la no inclusión de la sociedad civil en este órgano.

La mayoría de la oposición también sigue considerando «desmesurados» los límites que se ponen al acceso a la información. Además de restringir el acceso a la que afecte a la seguridad y la defensa, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites «los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».

También ha recibido críticas la negativa del Gobierno a crear un registro de grupos de influencia o ‘lobbies’ y que se mantenga el silencio administrativo negativo. De hecho, todas las minorías han criticado que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante deba entender que su solicitud como rechazada.

El alcance de la ley

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno tiene un triple alcance: incrementa la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas, reconoce y garantiza el acceso a la información y fija las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

Al texto se han incorporado por el momento más de 90 enmiendas de la oposición, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes y quince de los socialistas, entre las que destacan las que afectan al ámbito de aplicación de la ley y el régimen de sanciones.

Tras la votación, el trámite parlamentario continuará en el Senado y, si allí no se modifica, la ley quedará definitivamente aprobada, aunque volverá al Congreso si la Cámara Alta introduce cambios.

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