La inversión responsable tras el Crash de 2007
Inés García-Pintos, presidenta Spainsif, defiende que la demanda social de una mayor transparencia y ética en los negocios pueden suponer un espaldarazo para la inversión responsable.
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COLABORA2011
La inversión con criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG en terminología comúnmente utilizada) responde, por una parte, a la necesidad de alinear las inquietudes del inversor con su objeto de inversión. Cada vez más inversores quieren saber qué se hace con su dinero, qué tipo de proyectos se financian y cómo se obtienen las rentabilidades. Por otro, es evidente que el análisis de las cuestiones ASG supone una consideración más global y amplia de los riesgos de la inversión, con lo que la ISR se convierte así en una decisión más sólida que un simple análisis financiero. En tercer lugar, la consideración de factores extra financieros permite explorar y tomar en consideración aspectos y ámbitos, tales como el cambio demográfico o el cambio de patrón energético, por ejemplo, que permiten al inversor aprovechar estos nichos de vanguardia e innovación en el universo de inversión.
Así que por estas razones y probablemente muchas otras, la ISR es una tendencia creciente, particularmente en los mercados financieros más desarrollados de Norteamérica y Europa.
Pero, ¿qué impacto ha tenido la crisis financiera, si es que ha tenido alguno, en la ISR? Los datos muestran que la ISR ha sufrido en términos de rentabilidad, como le ha sucedido a la inversión “convencional” en la actual situación de recesión económica y crisis financiera. Sin embargo, la buena noticia es que no se ha perdido el interés hacia este tipo de inversión. Incluso podría decirse que las exigencias de más y mejor información, mayor transparencia en las decisiones, ética en los negocios y buen gobierno de las entidades, supondrán un espaldarazo para las inversiones que tengan en cuenta estos criterios de manera explícita. Retomo aquí la idea apuntada arriba sobre la necesidad de alinear las inquietudes del inversor con las de sus decisiones de inversión. La generación de confianza en el sector financiero y recuperación de la credibilidad pasan necesariamente por una revisión de sus decisiones financieras y de inversión.
Pero hablando de cifras de negocio, el último informe de Eurosif (European SRI Study 2010, www.eurosif.org) presenta el volumen de los activos bajo gestión en los principales mercados. Europa muestra su liderazgo con cerca de 5 billones de euros (2009), seguido de EE.UU con 2.141 millones (2010). Los mercados canadiense, australiano y japonés completan hasta los 7.594 millones de euros del volumen mundial. Grosso modo podemos decir que en Europa y EE.UU entre un 10% y un 15% de los activos se gestionan con criterios ISR. En España el volumen es de 33.000 millones y un porcentaje cercano al 8% de los fondos de pensiones y de inversión (aplicación con distintos grados, desde la simple exclusión a medidas más sofisticadas).
Dentro de Europa destacan Bélgica y Holanda por el porcentaje de ISR sobre el total de activos bajo gestión, y Francia y Reino Unido por el volumen de sus mercados. El mercado ISR británico tiene una larga trayectoria de desarrollo, estimulada por medidas voluntarias de información. Efectivamente, los fondos y planes de pensiones deben indicar si incluyen o no criterios ASG en su política de inversión y si no lo hacen explicar por qué. Esto ha situado la ISR en las agendas de los inversores y ha supuesto un estímulo a su crecimiento. El caso francés es paradigmático de la importancia de la prescripción del estado. En este caso, el equivalente al fondo de reserva de la seguridad social francés invierte una parte significativa de sus fondos con criterios ISR, lo que ha desarrollado la demanda por este tipo de inversión y por tanto una expansión de su mercado. Ambas medidas de estímulo se han considerado en algún momento en España. Hablaremos de esto más adelante.
En el mercado español, a pesar del desarrollo y penetración de su sector financiero, la ISR representa hoy por hoy unos volúmenes modestos. Esto se explica en parte por la menor profundidad de los mercados de capitales (frente a la financiación bancaria) y por otro a la menor sofisticación de la demanda de productos de inversión. Sin embargo, en los últimos dos años hemos observado un incremento muy significativo de la inversión con criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno en la inversión institucional, básicamente en los fondos de pensiones tipo empleo. El mercado retail siguen mostrando montos más reducidos y su crecimiento ha venido impulsado por las gestoras extranjeras, muestra de la apuesta de éstas por el potencial de crecimiento en España.
Resulta curioso que un sistema financiero con el desarrollo y sofisticación del español, muy superior a lo que probablemente le correspondería con su nivel de desarrollo económico global, muestre cifras aún modestas comparadas con las de países de su entorno. Y esta “anormalidad” es aún más llamativa cuando se comparan las cifras españolas con las de países de cultura y sensibilidades semejantes a la nuestra, como es el caso de Francia o Italia.
Dicho todo lo anterior, es muy significativo que los agentes financieros, sociales, económicos y laborales estén situando la ISR cada vez más alto en sus agendas y que iniciativas como los UNPRI y sobre todo Spainsif se estén desarrollando con fuerza en el mercado español. Esta última iniciativa reúne a 35 entidades interesadas en la promoción de la ISR en España, tanto desde el ámbito bancario y financiero (“fabricantes” y distribuidores de los productos ISR), como a agencias de rating, consultoras especializadas, universidades y escuelas de negocios, ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro y sindicatos. Es una iniciativa cuya legitimidad reside precisamente en la diversidad de socios.
Así que de lo anterior se deduce que el principal reto al que se enfrenta la ISR en España es el de crecer, crecer y crecer. Para ello es necesario que los agentes implicados trabajen cada uno en su ámbito de trabajo, mejorando las capacidades de los analistas financieros, exigiendo más y mejor información a las empresas donde se invierte, promoviendo la inclusión de criterios ISR en las políticas de inversión, investigando más sobre la racional económica (business case) de este tipo de inversiones, ofreciendo servicios que faciliten el análisis, incluyendo este tema en las agendas sectoriales y nacionales, adhiriéndose a iniciativas internacionales y nacionales como los UNPRI o Spainsif, etc.
¿Y qué se puede hacer desde los poderes públicos? Por ahora la ISR es un tema que tan sólo se ha tratado marginalmente dentro de la normativa y políticas sobre fondos y planes de pensiones. Las dos iniciativas legislativas más recientes son la Ley de Economía Sostenible y la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Ambas invitan (con diferente grado de desarrollo) a comunicar sobre los criterios extra financieros incluidos en la política de inversión de los planes de pensiones. Estas iniciativas están en línea con el principio de transparencia desde la voluntariedad que es el que inspira hoy la mayor parte de las políticas de promoción de la ISR en Europa.
Pero el estado no es sólo un ente regulador. Desde su papel de promotor de la agenda política es evidente que mucho puede hacer para impulsar la ISR. Iniciativas como el intercambio de buenas prácticas, la promoción de estos conceptos desde los entes reguladores sectoriales o el establecimiento de diálogo un permanente y fluido con el “sector ISR” representado en Spainsif, podrían ser catalizadores de su desarrollo. Además el estado es también un agente inversor de primera magnitud que podría, ¿por qué no? tener en cuenta estas consideraciones a la hora de diseñar sus políticas de inversión. Esperemos que la nueva legislatura traiga novedades en este sentido.
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