Francia, las barricadas y el poder de la calle

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Rubén Amón

@Ruben_Amon

El Ayuntamiento de Limoges había sobrevivido a dos guerras mundiales y resulta que lo ha abatido un sábado de manifestaciones. La torre del edificio decimonónico se desplomó entre las llamas y Francia pudo reconocerse en una de sus estampas más familiares. Tiene el país vecino una relación tan antigua con el fuego político que cuesta distinguir los episodios revolucionarios de las celebraciones tradicionales.

La barricada pertenece al patrimonio nacional, aunque la UNESCO todavía no se haya decidido a protegerla. Y el incendio de un ayuntamiento, con toda su brutalidad, conserva en el imaginario francés una cierta dignidad insurreccional. La que proporciona el recuerdo de la Bastilla cuando se olvida que también se puede asaltar una institución para destruirla.

La jornada del 17 de octubre había congregado a más de medio millón de ciudadanos con motivos bastante razonables para protestar. Los estudiantes denunciaban el deterioro de las escuelas y las familias reclamaban algún alivio frente al encarecimiento de la vida. Sus reivindicaciones acabaron sepultadas bajo los cascotes de Limoges. Casi 2.400 detenidos, comercios saqueados y ciudades convertidas en escenarios de guerrilla urbana. Bastó una minoría violenta para expropiar a la multitud su derecho a ser escuchada. De aquella inmensa manifestación quedará el recuerdo de un tejado incendiado, mientras los problemas que llevaron a los franceses a la calle seguirán esperando una solución. Los encapuchados han conseguido, al menos, que nadie les pregunte por ella.

Bastó una minoría violenta para expropiar a la multitud su derecho a ser escuchada

Francia presume de su excepción cultural y dedica considerables esfuerzos a protegerla de la vulgaridad del mercado. Existe una excepción igualmente arraigada, bastante menos celebrada en los congresos de la francofonía. La violencia colectiva disfruta de una familiaridad histórica que contrasta con los índices relativamente ordinarios de la delincuencia común. Francia puede ser un país tranquilo hasta que decide manifestarse.

La protesta se hereda con el mobiliario familiar, y las barricadas forman parte de una educación sentimental que empieza en los manuales de historia y termina en las rotondas. Los sindicatos representan a una proporción exigua de los trabajadores, pero conservan la formidable facultad de paralizar la nación. Un adolescente francés puede desconocer los trámites de una reclamación administrativa y reconocer, en cambio, el valor simbólico de un contenedor atravesado en la calzada. Le han enseñado a confundir la desobediencia con el heroísmo.

Mélenchon conoce perfectamente los réditos de semejante confusión. La Francia Insumisa contempla la cólera popular con la indulgencia de quien descubre en los disturbios una confirmación de sus propias tesis. El saqueador resulta incómodo para la propaganda, aunque puede encontrar una coartada confortable en el sufrimiento social. Nadie necesita reivindicar expresamente el incendio cuando dispone de un repertorio interminable de explicaciones para disculparlo. La provocación policial, la arrogancia del Elíseo o la desesperación de los barrios sirven para convertir al delincuente en una víctima especialmente enérgica de las circunstancias. Mélenchon ha encontrado una fórmula política bastante ventajosa. Puede beneficiarse de la insurrección sin tener que hacerse cargo de sus destrozos. Y atribuir al Gobierno la responsabilidad moral de unos incendios cuya responsabilidad penal corresponde a quienes los provocaron.

El precedente de los chalecos amarillos demostró en 2018 hasta qué punto la violencia podía convertirse en un instrumento de negociación. Macron quiso encarecer el carburante para contribuir a salvar el planeta y descubrió que la Francia periférica prefería llegar a fin de mes. Las rotondas se poblaron de chalecos fosforescentes, París recuperó el aspecto de una capital sitiada y el presidente terminó retirando el impuesto. Las concesiones no consiguieron restablecer la paz. Habían revelado una debilidad mucho más estimulante que cualquier victoria parcial. El Elíseo tenía un precio. Bastaba con resistir lo suficiente para obligarlo a pagarlo. Macron pretendía gobernar mediante la autoridad de las reformas y terminó enseñando a sus adversarios el mecanismo de sus capitulaciones.

La reforma de las pensiones prolongó aquella guerra de desgaste. Elevar la jubilación de los 62 a los 64 años respondía a una necesidad demográfica difícil de discutir en un país que dedica cerca del 14% de su riqueza a sostener el sistema. Macron consiguió imponerla en 2023 después de meses de huelgas y manifestaciones, convencido de que aquella victoria acreditaba su condición de estadista. La reforma sobrevivió a las barricadas para sucumbir a la aritmética parlamentaria. El Gobierno de Lecornu aceptó suspender su aplicación hasta enero de 2028 y compró con aquella renuncia la benevolencia socialista indispensable para sobrevivir. Fue una victoria aplazada para los adversarios de la reforma. La paciencia terminó siendo más eficaz que los adoquines. Y Macron descubrió que una ley puede superar la insurrección y perecer en la negociación presupuestaria.

Resulta particularmente cruel el desenlace para un presidente que había llegado al poder prometiendo liberar a Francia de su esclerosis. Macron encarnaba la modernización, la osadía reformista y una cierta arrogancia tecnocrática que sus partidarios confundieron durante algún tiempo con la inteligencia política. Su balance económico admite argumentos favorables, especialmente en el hito del empleo y en las inversiones, pero el reformador ha terminado administrando las resistencias que pretendía vencer. Se comportó como un monarca republicano en un país que conserva una peligrosa afición al regicidio. Le gustaba persuadir desde las alturas y empezó a negociar cuando ya nadie estaba dispuesto a escucharlo. La disolución de la Asamblea en 2024 constituyó su mayor proeza de incomprensión política. Convocó a los franceses para que le devolvieran la autoridad y recibió un Parlamento ingobernable. Desde entonces, sus primeros ministros parecen contratados por una empresa de trabajo temporal.

El problema rebasa, naturalmente, la impopularidad del presidente. Francia exige un Estado generoso y considera una insolencia cualquier intento de financiarlo. Reclama reformas con la condición de que afecten exclusivamente al vecino. Defiende apasionadamente los servicios públicos y puede terminar incendiando el edificio donde se prestan. El déficit previsto para este año alcanza el 5,4% del PIB y la deuda se aproxima al 120%, cifras que hubieran provocado una crisis de patriotismo económico si correspondieran a Italia. Los acreedores observan las cuentas francesas con creciente aprensión. Y una parte del debate nacional se concentra en averiguar si la policía fue demasiado expeditiva con quienes pretendían asaltar las prefecturas. La República ha terminado atrapada en una contradicción formidable. Sus ciudadanos le exigen protección frente a las consecuencias de sus propias exigencias.

A la hora de votar, el comerciante que ha perdido su tienda suele mostrar poco interés por la sociología de quien se la ha saqueado

La gran paradoja política es que los incendios terminan iluminando el camino de Marine Le Pen y Jordan Bardella. La extrema derecha contempla el espectáculo desde una posición envidiable. Apenas necesita exagerar el desorden porque las imágenes se encargan de hacerlo, y cada comercio devastado proporciona un argumento electoral más convincente que un mitin. Sus promesas de autoridad adquieren especial atractivo entre los ciudadanos que empiezan a considerar el orden público una extravagancia. Mélenchon puede interpretar la violencia como expresión de la desesperación social. Bardella se ofrece a terminar con ella. Ambos encuentran oportunidades en la impotencia del macronismo, aunque el segundo dispone de una ventaja decisiva. A la hora de votar, el comerciante que ha perdido su tienda suele mostrar poco interés por la sociología de quien se la ha saqueado. Faltan apenas seis meses para las presidenciales de 2027 y el centro republicano busca un heredero creíble para un presidente al que ya considera una herencia embarazosa.

La historia francesa dispone de abundantes ejemplos de victorias populares cuyos beneficios terminaron administrando personajes bastante ajenos a los ideales de sus protagonistas. Tal vez sea ese el aspecto menos recordado de una tradición tan propensa a glorificar las barricadas. La multitud sabe derribar el poder, incluso consigue humillarlo. Lo que nunca ha podido garantizar es quién se instalará después entre sus ruinas.