ENTREVISTAS

«España ha pagado un coste altísimo por la corrupción»

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Noemí del Val
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05
Mar
2019
Jose Maria Marin

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Noemí del Val

Conozco a José María Marín Quemada (Madrid, 1948) desde hace 30 años. Si, en mi opinión, hay algo que le define bien es que es una persona rigurosa y de principios. Y en la posición que hoy ocupa como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esas cualidades nunca sobran, porque su tarea no es sencilla. Este organismo, creado en 2013, tiene como objetivo promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores, como órgano supervisor de las Administraciones y de las grandes empresas. No extraña, pues, cuando dice que la CNMC es «un sitio muy malo para hacer amigos».

Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia y ex primera ministra de Dinamarca, dijo: «Colusión y corrupción son las dos caras de la misma moneda». ¿Coincide con su afirmación?

Hace cinco años, antes de incorporarme a la CNMC, hubiera tenido que pensar más la respuesta. Ahora, con la experiencia de estos años que me han permitido ver muchos casos –en el ámbito español, europeo y de otros países–, coincido plenamente con Vestager: la colusión y la corrupción a menudo vienen de la mano. Tendríamos que preguntarnos abiertamente incluso si la colusión no es una forma clara de la corrupción.

¿A modo de causa y efecto?

Más que causa y efecto, me pregunto si no estamos en una modalidad de ello, si no se trata de un conjunto mayor que incluye a un subconjunto.

Empecemos por entender mejor la competencia. ¿Cree que esa expresión, «prácticas colusorias de la competencia», la entiende el ciudadano?

Desgraciadamente, ‘coludir’ o ‘colusión’ no son palabras incorporadas en el vocabulario básico de las personas que, sin embargo, sí se ven muy afectadas por la colusión y por los que coluden contra el mercado, que lo hacen en beneficio propio y viciado, lo cual es una práctica ilícita. Quien adopta tales formas de actuar atenta contra la calidad de los mercados y genera incrementos de precios y disminuciones en la posibilidad de acceder a los productos. Y todo eso va en contra de las personas de rentas más frágiles.

¿Hay algún concepto que sea trasladable al ciudadano de a pie para traducir qué es la colusión?

«Las rentas frágiles sufren más la falta de competencia de mercado»

Los perjuicios que producen la falta de calidad del mercado. Me explico, si el mercado funciona peor, si los Gobiernos regulan peor, el perjudicado siempre es el ciudadano. Esa falta de calidad del mercado dificulta el acceso de los consumidores a los productos o son más caros o hay menos. Habría que acuñar una especie de eslogan que dijera que, con las prácticas indebidas o con poco mercado, quien pierde siempre es el ciudadano. Sin embargo, soy optimista porque los ciudadanos empiezan a saber que si detectan un fallo de mercado pueden acudir a la CNMC y reciben ayuda. Además, pueden hacerlo de forma anónima a través de los buzones que tenemos en distintos ámbitos, competencia, energía, audiovisual… Aquí se investiga todo. Y en algunos casos, al ser el primero en denunciarnos la falta y ayudarnos a investigarla, les eximimos de la multa. Con la ayuda de la CNMC se ha acabado el «puerta a puerta» en la comercialización de energía, se han detectado estafas con la ayuda de la UCO, se va a cambiar el bono social, se han acabado las artimañas para que los pañales para adultos cuesten un 35% más caros, se han frenado las artimañas en la venta de vehículos y del hormigón o de los palés, se han detectado los engaños en el aprovisionamiento de empresas públicas como Renfe y de la Administración…

Y todo ello a base de multas. En los últimos cuatro años, se han impuesto alrededor de mil millones de euros. Hay quienes han criticado esta práctica porque los tribunales las rebajan o incluso no las consideran. Parte de la comunidad empresarial les ha acusado de cierto «postureo ejemplarizante». Sin embargo, otra parte de la población celebra esta actitud. ¿Las multas tienen un efecto real?

La suma de mil millones es la resultante de los ilícitos de competencia y de regulación. El Tribunal Supremo ha validado el 82% de nuestras multas y actuaciones, así que de postureo nada. Habría que preguntarse quién tiene interés en que cale ese mensaje en la sociedad, no vaya a ser que sean algunos de los sancionados los que pretenden nublar la realidad. Nuestra ley, así como el Tratado de la Unión Europea, lo que hace es determinar los ilícitos, pero esos ilícitos tienen que ir acompañados de sanciones. Éstas, a su vez, han de cumplir dos características: que sean proporcionales al daño causado y al ilícito cometido y, además que sean disuasorias, de tal forma que erradiquen esa práctica del mercado, para que convenzan a quien la estuviera practicando también que no puede seguir obrando así. Convendría aclarar que la sanción tiene un efecto inmediato porque obliga a cesar la conducta en cuanto se aprueba la resolución. Es decir, que no hay que esperar dos, cuatro o seis años hasta que el Supremo determine que es una práctica indebida. En muchas ocasiones la reputación sale negativamente afectada. Para nosotros supone una carga adicional de responsabilidad y para el sancionado la reprensión que recibe de los consumidores es mayor que la pena económica. Esa doble disuasión, reputacional y económica, es importante y cada vez lo será más, porque estamos empezando a sancionar a directivos. Cuando se identifica que ha habido personas detrás de la comisión del ilícito, se sanciona también a la persona, lo que vuelve a suponer una fuerte responsabilidad para la CNMC, pero también un efecto de disuasión importante. Hemos constatado que las empresas cambian a sus directivos en las semanas siguientes al conocer el ilícito, aunque luego recurran la multa.

Jose Maria Marin

Pero la cultura latina ha sido más de Lope de Vega. A la pregunta de «¿quién mató al comendador?», responderíamos: «¡Fuenteovejuna!». Mientras que los anglosajones dirían: «–¿Quién mató al comendador? –Francis Wilson». Déjeme que repasemos algunas de las medidas que han puesto en marcha. En 2015 publican el código ético. ¿Por qué es importante?

Un código ético marca un cuadro de conducta en el que te puedes mover y te indica los límites que no debes sobrepasar. Costó mucho, pero lo sacamos adelante.

Su código, además, es excepcional dentro de lo que son los órganos de la Administración Pública.

Ya hay códigos de conducta en casi todas las instituciones y empresas, por lo que no fue novedoso, pero sí es importante que una institución que surge ex novo, por la suma de varias instituciones, incorpore dentro de su calidad de funcionamiento con naturalidad un código de conducta. Un código razonable, no excesivamente estricto ni exigente, que marca un máximo y permite que, de ese máximo hacia abajo, cada cual actúe como considere conveniente, sin salirse nunca de ese marco. Hay muchos códigos, por ejemplo, que estipulan que no se pueden admitir regalos superiores a cien euros, pero luego está la voluntad de quien decide rechazarlos todos, valgan uno o veinticinco.

Y después se impulsó la transparencia con la autoevaluación.

La transparencia es un valor irrenunciable, junto con el rigor y la independencia, justifica la existencia de estas instituciones. Si no son rigurosas ni independientes, no tiene sentido que existan: serían negativas para el sistema. Trabajar como nosotros, en un escaparate y con un enorme foco encima, te da mucha tranquilidad y limita la posibilidad de cometer imprudencias, al saber que estás siendo observado por los ojos de los quinientos trabajadores que están viendo lo que haces y por la sociedad en su conjunto. En la CNMC se publica todo y, además, se evalúa como el Plan de Actuación. El Departamento de Control Interno hace un seguimiento de todos estos procedimientos que garantizan la trazabilidad en la toma de decisiones y mejoran la calidad de la gobernanza. Le pongo solo un ejemplo, se publica el orden del día y la relación de acuerdos adoptados con un enlace a los mismos.

En la serie ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ se dice que los ciudadanos no deberían ver ni cómo se hacen las hamburguesas ni cómo se preparan las leyes. ¿Por qué es tan importante la creación del Registro Lobbies?

«Algunos casos de corrupción podrían haberse evitado con pedagogía y un buen nivel de formación»

Cuando definimos las grandes líneas del registro de lobbies sabíamos que estábamos haciendo algo inusual en España, porque fuimos la primera autoridad nacional que lo puso en marcha. Hubo algún intento en Cataluña que nos sirvió de inspiración, así como en Europa o Estados Unidos, por lo que no partíamos de cero en lo que se refiere a la construcción intelectual. Estábamos convencidos de sus ventajas: permitiría, como así ha sido, impulsar las áreas de control interno y de comunicación. Ahora me resulta chocante no haberlo incorporado antes. Aquellas personas que se inscriben en el registro de grupos de intereses, como nos gusta llamarlo, tienen que asumir un código de comportamiento que afecta a sus relaciones con la CNMC: no pueden suministrarnos información falsa, exagerar o disminuir en sus reflexiones determinados comportamientos ni venir a esta casa a procurarse beneficios ilícitos para sus representados. Esto genera una relación de confianza con los firmantes.

O sea, con ese Registro hacen un ejercicio de ‘cocrear’ determinadas prácticas, digamos.

Nos importa que las reglas se cumplan. Es un objetivo importante porque nos alineamos con la filosofía de que cumplir a priori nos evita actuar a posteriori.

Hablemos ahora de corrupción. En la ‘Encuesta global sobre fraude y corrupción’ de EY, en la que se hacen preguntas a ejecutivos de cada país, una de ellas es si en su empresa cree que son habituales las prácticas de corrupción para conseguir determinados contratos. Aunque los datos en el caso de España se han reducido, el cincuenta por ciento de los ejecutivos consultados asegura que sí.

Es un dato escalofriante y terrible.

Según un estudio de la Universidad de Las Palmas, el coste de la corrupción es de 39.500 millones anuales del PIBDe acuerdo con la Comisión Europea, España dejó de recaudar casi 24.000 millones de euros por impago de impuestos. Y un informe de la propia CNMC asegura que combatir la corrupción podría ahorrar 48.000 millones de euros. ¿Cómo está hoy España en materia de corrupción?

Mejor, estoy convencido. España ha pagado un coste altísimo después de haber pasado por una época más compleja. Estamos en un momento en el que la transparencia es lo que acompaña a la actuación de todo el mundo, tanto en iniciativas públicas como privadas. Por tanto, espero que en unos años la corrupción quede reducida a ese porcentaje con el que por desgracia hay que convivir como consecuencia de nuestra condición humana, pero que dejemos atrás prácticas del pasado.

Si tuviera que calificar del 1 al 10 el estado de ‘enfermedad de la corrupción’ en los diez últimos años, ¿qué diría?

Diría que se ha reducido considerablemente a la cuarta o quinta parte con respecto a lo que sucedía hace unos años, con un coste muy alto que han pagado políticos, empresas y ciudadanos. Hay mucha gente que ha salido escarmentada.

Hemos hablado de colusión y de corrupción. Me gustaría ahora centrarme en el Gobierno Corporativo, en el proceso de toma de decisiones. En su opinión, ¿dónde se toman las decisiones que bordean la ley?

La experiencia nos dice que, en ocasiones, no es el consejo de administración quien toma la decisión de cometer un ilícito. Sin embargo, son personas de la estructura media o media alta de la empresa, las que, por falta de formación en la mayoría de las ocasiones, incurren en prácticas ilícitas. De la misma manera que las compañías y los consejos administración introducen como calidad de gobernanza la formación de las personas que prestan los servicios en la empresa –y están muy atentos a la gestión del talento y de los recursos humanos, a la formación en finanzas o en gestión de equipo–, deberían dar más importancia al cumplimiento de la Ley de Competencia. La CNMC ha estado a disposición de empresas, agrupaciones empresariales, sindicatos, etc., para solucionar sus dudas y darles información sobre cuestiones variadas como el cumplimiento básico de las leyes y también lo hemos hecho en la Administración, sobre todo en lo que atañe a la contratación pública.

Corrupción y colusión, formación y divulgación. La pedagogía es importante.

«El grado de cumplimiento de las empresas españolas es equivalente al de otros países europeos»

Mucho. Y no deja de ser una práctica no exenta de egoísmo: cuanta más pedagogía hacemos, mejor van las cosas, y cuanto mejor van las cosas, menos recursos hay que dedicar a cuestiones que podrían haberse evitado con un buen nivel de formación. Durante los últimos tiempos, hemos tenido la enorme satisfacción de organizar sesiones por las que han pasado dos mil empleados públicos vinculados a la contratación y hemos estado haciendo todos los meses sesiones de cumplimiento por las que pasan cientos de empresas y algunos miles de asistentes. Estamos avanzando, y los niveles que tenemos en España en determinados frentes son comparables a los de otros países de nuestro entorno, tanto en la fortaleza de las instituciones como en la persecución de ilícitos. Asimismo, el grado de cumplimento de las empresas también es más parejo al que es una práctica habitual en otros países europeos.

En los cinco años que lleva en la CNMC, ¿cuántos amigos se han quedado por el camino y cuántos nuevos amigos ha hecho?

Felizmente, por el camino se han quedado muy pocos. Sigo teniendo los mismos amigos que tenía cuando llegué, porque a los que se hacen y deshacen no se les debe llamar amigos: son personas con las que coincides en determinados lugares. En cuanto a los nuevos… este es un sitio muy malo para hacer amigos.

Fue el catedrático más joven de España en su disciplina, trabajó más de veinte años en Cepsa, fue consejero del Banco de España… ¿Con qué se queda?

Con la docencia. Es lo más digno que he hecho en mi vida.

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