«Hay que hacer un esfuerzo de solidaridad para que el coste de la transición energética sea equitativo»

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Pablo Blázquez

Jara Atienza

@jaraatz

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Noemí del Val

Beatriz Corredor (Madrid, 1968) es una de las tres mujeres que está al frente de la sala de mandos de una empresa del Ibex 35. La presidenta del Grupo Red Eléctrica nos recibe en la sede de la compañía encargada de asegurar el transporte de la electricidad en nuestro país y reflexiona sobre el año que hemos dejamos atrás, todavía marcado por la pandemia, las constantes subidas del precio de la luz y una descafeinada cumbre del clima, pero también por el ascenso de la energía eólica como líder en la generación de electricidad tras desbancar del primer puesto a la energía nuclear.

Quería empezar preguntándole qué análisis hace de la cumbre del clima que se celebró en Glasgow el pasado noviembre.

Mi valoración es optimista, aunque entiendo que las expectativas de la sociedad y, en concreto, de los jóvenes se hayan podido ver defraudadas. Sin embargo, si nos fijamos en el arte de lo posible –que al final es la política, el lugar donde se toman las decisiones–, creo que los acuerdos son un gran avance tanto para la reducción del uso de los combustibles fósiles como para el cumplimiento del objetivo de la reducción global de emisiones en un 45% para 2030. Por ejemplo, es muy positivo que países con una fase de desarrollo menor que la que tienen Europa o Estados Unidos, y que tradicionalmente no estaban en acuerdos, se hayan incorporado a los compromisos. Además, que la evaluación de la reducción de emisiones se vaya a hacer anualmente aumentará la presión para llegar a acuerdos cada vez más ambiciosos.

En Francia, el detonante que hizo estallar la violencia de los chalecos amarillos fue un impuesto al diésel, mientras que en España Manuela Carmena probablemente perdió el Ayuntamiento por una iniciativa que impedía acceder al centro de la ciudad a los vehículos más contaminantes. ¿Cree que hemos convertido la lucha contra el cambio climático en algo ‘demasiado elitista’?

Una transición justa requiere un esfuerzo económico adicional a nivel local y nacional, pero también global, como el que deben hacer los países más industrializados para apoyar a quienes todavía están en proceso de industrialización. Por suerte, España tiene un mix energético muy diversificado, lo que ha permitido no solo tomar medidas muy rápidas y drásticas en comparación a otros países en cuanto al cierre –o previsión de cierre– de centrales nucleares y de carbón, sino a la hora de ofrecer una alternativa a los territorios donde estas centrales tienen un fuerte impacto en el empleo, el modo de vida y la cultura. Ahora bien, la transición energética tiene un coste, y tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad para que este se distribuya de forma equitativa entre todas las personas que compartimos el mismo espacio. Además, la normativa climática europea y la ley de cambio climático española van a obligar a tomar medidas de descarbonización que, desde un punto de vista político, no van a ser opcionales ni debatibles, sino obligatorias. Al menos eso deberíamos esperar.

«Hoy ninguna empresa puede sobrevivir si no tiene un compromiso real con la sociedad en la que impacta»

¿Qué mecanismos le parecen los más eficientes para amortiguar el inevitable impacto social de la transición energética?

En España, el mecanismo más eficiente está siendo la apuesta por las renovables y su integración en las redes para disminuir las emisiones y el impacto del precio de la electricidad. También hay que tener en cuenta las medidas de reindustrialización o de carácter económico y social para las zonas donde va a impactar el cierre de las centrales contaminantes. En momentos de crisis, la conflictividad social siempre aumenta, pero creo que con las medidas de transición justa cada entorno va a conseguir que estas personas nos acompañen sin que afecte negativamente a su bienestar.

Entonces, ¿cree que las medidas de transición justa con mayor impacto son aquellas que se desarrollan de modo local?

Creo que se están tomando medidas a todos los niveles, desde medidas globales que ayudan a los países en vías de desarrollo para que aceleren su descarbonización, hasta medidas como la del Fondo Nacional del Sistema Eléctrico que está impulsando el Gobierno para que diferentes tipos de compañías se incorporen a la solidaridad y a la redistribución de los costes de la descarbonización. Sin embargo, al final, cada persona tiene su vida y su ecosistema. Como decía Timmermans: Make it personal. Es decir, la única manera de comprender la transición es que cada ciudadano, dentro de su ámbito y su familia, perciba que se está incorporando en un proyecto global que no impacta negativamente en su bienestar. Para nosotros, que somos una empresa territorial, y que tenemos unas infraestructuras que se despliegan especialmente en el territorio rural, sin la complicidad y la solidaridad con el territorio no podemos hacer nada.

Usted preside una compañía en la que la innovación juega un papel clave. ¿Qué disrupciones tecnológicas cree que pueden ser decisivas para la batalla por el clima?

Las tecnologías de almacenamiento y de producción de energía eléctrica no contaminante aún tienen margen para el desarrollo. En España, por ejemplo, queda un largo camino por recorrer en cuanto a la incorporación de elementos de inteligencia artificial, de digitalización y de conectividad a las redes. Esto engloba la fibra óptica y el uso de satélites para que el medio rural cuente con los mismos medios que el ámbito urbano. A nosotros, la tecnología nos impacta en cada aspecto; es indisoluble a la actividad de la compañía. Por eso tenemos Elewit (la plataforma tecnológica del Grupo Red Eléctrica), que está especialmente destinada a la innovación tecnológica, al intraemprendimiento y a la inversión en tecnologías disruptivas. En el ámbito de desarrollo nos interesa especialmente la tecnología 5G: cómo distribuir las antenas 5G en los apoyos que ya están establecidos en el territorio para no duplicar las infraestructuras y para que esa conectividad llegue a todo el territorio. En lo que al almacenamiento se refiere nos encontramos con el hidrógeno verde y el desarrollo de tecnologías como electrolizadores y otras de almacenamiento más global, como las centrales de bombeo o las baterías (aunque no sean herramientas de almacenamiento a gran escala). A nivel más local, está el cómo desarrollar comunidades energéticas en el ámbito rural.

«La capacidad de energía eólica instalada en España equivale a 28 centrales nucleares»

Para alcanzar el objetivo de descarbonización, en algunos países como Francia se está apostado por la energía nuclear. Una estrategia muy diferente a la de España, donde el Plan Nacional Integrado Energía y Clima (PNIEC) se decanta por otras renovables. ¿Qué peso tiene esta energía en la transición energética?

En nuestro país se ha tomado la decisión de que entre 2027 y 2035 se vayan cerrando las centrales nucleares. En España hay una capacidad total instalada de electricidad de 112.600 MW. Y, de ese total, la energía nuclear produce aproximadamente 7.117 MW. Por tanto, además de la nuclear, tenemos otras 13 tecnologías en el mix energético que ayudan a cubrir la demanda. Además, la demanda máxima en España se dio en 2007, y fue de 45.500 MW frente a 112.000 MW instalados. Durante Filomena, por ejemplo, el pico fue de aproximadamente 42.000 MW. Así que tenemos mucha más capacidad de generación instalada de la que necesitamos por demanda-pico y muchas tecnologías, como la de ciclo combinado, la solar fotovoltaica, la hidroeléctrica… La energía con más capacidad instalada aquí es la eólica: hay 28.000 MW, que equivale a 28 centrales nucleares. Por tanto, la energía nuclear está muy por debajo, lo que ocurre es que es muy estable y muy previsible porque produce energía eléctrica constantemente. Además, el calendario tiene que estar predeterminado y aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear, por el Ministerio y por nosotros para prever cualquier tipo de actividad que impacte en una central. La nuclear es una tecnología de respaldo, y si el Gobierno ha decidido que desaparezca a medio plazo la única alternativa es potenciar otras tecnologías de reemplazo que den seguridad al sistema más allá de la meteorología o de la luz del sol. Otra tecnología de respaldo es la hidroeléctrica: limpia, renovable y con una potencia muy importante en nuestro país que se va a reforzar en las islas con los bombeos. ¿Que las renovables necesitan almacenarse para poder utilizarse donde no se produce? Por eso es tan importante el almacenamiento con hidrógeno verde. A ello hay que sumar otro tipo de tecnologías, como la biomasa o la geotermia, que pueden ayudar a suplir esos 7.000 MW que representan las nucleares. No es tanto la potencia que aportan las nucleares como la estabilidad que presentan.

Esta diversificación del mix energético nos lleva a abordar la cuestión del ‘gran apagón’: un supuesto corte de luz a gran escala dentro del continente europeo. ¿Cree que es una posibilidad real? ¿Estaría España preparada en caso de que fuese así?

Para empezar, no va a haber ningún apagón. España es casi una isla energética: de los 112.600 MW que tenemos instalados de potencia, la interconexión con el continente –que es a través de Francia– no llega a los 3.000 MW. Esto hace que España sea autosuficiente, que tenga unas tecnologías muy diversificadas y una aportación muy importante de renovables, lo que nos da una ventaja competitiva. Además, no tenemos dependencia del gas procedente del norte de Europa: el gas aporta, pero no lo hace en cantidades suficientes como para provocar una caída masiva y continuada de todo el sistema eléctrico. De hecho, aunque nosotros no seamos competentes en gas, su contratación está garantizada a través de diversos sistemas. Por ejemplo, Argelia tiene un gaseoducto abierto, hay siete plantas gasificadoras, hay reservas para 40 días, capacidad de contratación de gas natural licuado a través de barcos… En resumen, entre la capacidad instalada que tenemos, la dimensión de los picos de demanda y la garantía que hay de las reservas de gas, hoy en día no es previsible que pueda darse un apagón que suponga una pérdida de suministro significativa.

La subida del precio internacional del gas y el encarecimiento de los derechos de emisión del CO₂ son dos de las causas de la reciente subida de la luz, lo que ha llevado al Gobierno a adoptar un plan de choque. ¿Cree que son suficientes las medidas impulsadas por el Ejecutivo?

El precio de la electricidad y el del gas se fijan a nivel internacional: por cada euro que sube el gas en su producción, sube dos el de la electricidad; por cada euro que sube el CO₂, la electricidad sube un tercio de euro. Esto no depende solamente del Gobierno, que sí ha hecho una propuesta a nivel global de crear reservas conjuntas de gas con Europa para garantizar que el suministro no dependa de la apertura de determinados gasoductos. Sin embargo, en el ámbito nacional, el margen de maniobra es limitado porque el precio de la energía eléctrica se determina en un mercado mayorista cuya regulación está sometida a una normativa europea que marca unas reglas claras sobre la fijación del precio, entre las que se encuentra una que dice que no se puede discriminar el acceso al mercado de las diferentes tecnologías. Esto quiere decir que las energías renovables no tienen prioridad de acceso al mercado. Evidentemente, cuando estamos en nuestro mercado ibérico –ya que lo hacemos conjuntamente con Portugal–, lo primero que determina el precio de cada hora es la energía más barata, la renovable. Pero como no es suficiente para cubrir toda la demanda, hay que recurrir a otras tecnologías y, en el mercado marginalista, la última energía es la que marca el precio de todas las demás. Lo que ha hecho el Gobierno es aliviar la carga de lo que depende de él: los cargos y los impuestos. Esto reduce el precio de la factura, pero no puede tocar el de la electricidad, fijado por el mercado internacional y el marginalista. Otra de las cosas que está tratando de hacer es aprobar una ley para reducir el impacto del CO₂ o intentar aminorar los ingresos extraordinarios de determinados tipos de generación energética, como el gas. Más allá de eso, lo que el Gobierno puede hacer es apoyar a los consumidores más vulnerables –a través de ayudas, aumento de emisión de bonos, etc.– para evitar que afecte negativamente a su vida cotidiana. Creo que el Gobierno ha hecho hasta donde puede hacer dentro de sus fuerzas, su capacidad y su competencia.

Hemos vivido dos crisis muy fuertes en la última década y se ha hablado largamente sobre la necesidad de refundar o reformar el capitalismo. ¿Cree que realmente nos estamos moviendo en esta dirección?

El capitalismo ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos dos siglos, en los que predominaba la idea de que la empresa debía generar valor para sus accionistas y sus propietarios. Todo eso ha cambiado con las crisis del siglo XXI –la financiera, la pandemia y, por supuesto, la climática–, que nos han llevado a la conclusión de que no se puede pretender tener una rentabilidad empresarial si esta no se comparte allí donde impactas. Hasta ahora, la ética no figuraba en la cuenta de resultados, pero hoy ninguna empresa puede sobrevivir si no tiene un compromiso real con la sociedad en la que impacta. Lo que hace falta es convertir lo que se conocía como Responsabilidad Social Corporativa en una transformación social competitiva. El mecanismo es sencillo: las compañías tenemos que financiarnos en el mercado, y si este percibe que no estás comprometido socialmente deja de financiarte. Sin ir más lejos, el año pasado, en Estados Unidos, la inversión socialmente responsable estaba por encima de los 36 billones de dólares. Ahora incluso los bancos centrales de Europa están comenzando a exigir a las entidades financieras criterios relativos al cambio climático en la rendición de sus ganancias. Por ejemplo, del accionariado de Red Eléctrica de España, más de un 45% es inversión social y responsable. Además, nosotros tenemos más del 30% de nuestra financiación en bonos verdes y, en 2030, nuestro compromiso es que sea del 100%. Por tanto, este es un capitalismo ético, que entiende que la rentabilidad no solo es para el accionista, sino también para la sociedad. Y los que están mejor posicionados son los que se lo han creído desde el principio. Yo tengo el honor de presidir una compañía que lo ha hecho desde hace mucho tiempo y que va por delante de las exigencias regulatorias.

«El mayor problema que tiene la humanidad, además del cambio climático y la pandemia actual, es la desigualdad»

En este sentido, ¿tenéis alguna novedad o previsión en la política de la compañía?

La sostenibilidad engloba toda la política de la compañía: en el año 2020 nos comprometimos a reducir un 40% de nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en relación con 2015, y las redujimos un 47%. Para 2030 nos hemos comprometido a una reducción de un 55% sobre 2019. También queremos abordar las emisiones de alcance 3 (las indirectas) ayudando a nuestros proveedores nacionales. Queremos anticiparnos a nuestro compromiso de neutralidad de carbono antes de 2050, pero en una compañía como esta, que impacta tanto en el territorio, es cada vez más complicado mejorar esos estándares. Vamos a ser muy exigentes y vamos a hacerlo. Pero eso solo se puede conseguir si se incorpora la sostenibilidad en la cultura de la empresa de arriba hacia abajo, y creyendo firmemente en ello.

Los populismos se han convertido en un fenómeno global que ponen en jaque la democracia liberal. ¿Qué cree que hay detrás del malestar que alimenta estos movimientos?

El mayor problema que tiene la humanidad, además del cambio climático y la pandemia actual, es la desigualdad. La propia crisis climática puede llevar a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema. Es la desigualdad la que alimenta el malestar y los populismos. La única forma de hacerles frente es apoyar que las transiciones sean justas. No podemos permitir que la lucha contra la emergencia climática o contra la pandemia deje atrás a sociedades vulnerables. Esto pasa por apoyar el desarrollo de la descarbonización y la vacunación.

La desigualdad es, sin duda, un factor de agitación social, pero cuando ves, por ejemplo, lo que ha pasado en Cataluña con el independentismo, lleva a pensar que también afecta a las regiones y a los ciudadanos que quizá no son víctimas de ese desequilibrio.

Al final también hay un foco de desigualdad: el primer argumento que se esgrimió en el procés fue una pérdida de competitividad de Cataluña a favor del resto del país por un exceso de solidaridad. Más allá de eso, en lo que están impactando la desigualdad y los populismos es en un debilitamiento de las democracias liberales: cada vez hay menos confianza en las instituciones, en los procesos, en los partidos políticos… El esfuerzo de las instituciones democráticas y de los medios de comunicación debe estar orientado a relegitimar desde un punto de vista ejemplarizante. Si no se fortalecen las democracias liberales, los populismos seguirán arraigando donde crezca la desigualdad.

Usted es una de las tres mujeres que presiden el grupo de las 35 empresas del Ibex. ¿Cree que se está avanzando en materia de igualdad?

Hay varios tipos de desigualdad, pero la de género es la más grande de todas: las mujeres somos más del 50% de la población y representamos más del 60% de las tituladas. Toda crisis conlleva un riesgo de retroceso de los derechos de las mujeres. Si uno mira el impacto que tuvo la crisis de 2008 en el empleo, quienes renunciaron a los trabajos fueron, en su mayoría, las mujeres, que ya contaban con una menor retribución y con empleos más inestables. Creo que con esta crisis, de nuevo, hay un riesgo de retroceso. En Europa, la legislación no prohíbe a las mujeres hacer cosas, pero la falta de legislación sí impide que avancemos. Por eso yo soy una firme defensora de las políticas de discriminación positiva, de cuotas. Luego hay un problema de gran envergadura: las mujeres son quienes tienen menor representación en carreras muy técnicas. A corto y medio plazo, lo que me preocupa es el impacto que tiene el sesgo de género en la educación, y es que, a partir de los seis años, los niños y las niñas comienzan a percibir de forma diferente las distintas profesiones en relación con el género y a considerar que ciertos trabajos son masculinos y femeninos, lo que repercute luego en la elección de carrera.