Los impuestos adelantan el apagón nuclear en Garoña

La central nuclear de Garoña, la más antigua de España y gemela de Fukushima, ultimaba el pasado domingo 16 de diciembre su desconexión de la red eléctrica. Endesa e Iberdrola (dueñas de la planta al 50%) tomaron la decisión de apagar la planta y vaciar el núcleo de combustible para evitar un impuesto que, salvo medida de urgencia del Gobierno, entrará en vigor el 1 de enero.

Sobre las tres de la tarde, Garoña comenzó a bajar paulatinamente la potencia del reactor, algo necesario antes de trasladar en los próximos días el combustible nuclear hasta la piscina de almacenamiento.

Según Nuclenor, la empresa titular de Garoña, en caso de aprobarse el proyecto de ley con su redacción actual, la central nuclear burgalesa tendría que hacer frente a impuestos adicionales por valor de 153 millones de euros en 2013, en relación al nuevo impuesto que grava la descarga final del núcleo tras el cese de actividad con 2.190 euros por kilogramo de elementos trasladados a la piscina de almacenamiento.

En todo caso, la compañía ha precisado que el cierre definitivo antes del 31 de diciembre podría «revertirse» en caso de que la ley finalmente no fuera promulgada o lo fuera en términos diferentes a los actuales. La nuclear, abierta en 1971, tiene permiso para funcionar hasta julio de 2013 y se había convertido en objetivo prioritario de los antinucleares. Su cierre no solo prueba la tensión entre las eléctricas y el Gobierno, sino que ensombrece el panorama sobre todas las nucleares, cuando luchaban por superar el daño de Fukushima.

“Sacrifican Garoña porque querían mejorar la fiscalidad para el resto de nucleares”, señala Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, que cree que el argumento de los impuestos es secundario: “Si les ponen un impuesto lo pueden cargar en la luz y recuperarlo. Lo que pasa es que no tienen garantías de que la central vaya a funcionar de forma continuada estos años”.

Los trabajadores —291 directos más 491 en subcontratas— sobrellevan con angustia tres años de incertidumbre y de noticias contradictorias. “Nos han engañado todos”, señalaba un miembro del comité de empresa.

Lo que ocurra con Garoña puede marcar una senda para el resto del parque nuclear. Las eléctricas han comenzado a lanzar mensajes de que otras nucleares pueden seguir el mismo camino que Garoña y no llegar siquiera a cumplir los 40 años de vida útil para los que fueron diseñadas.

Los pasos de Garoña

En junio de 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear avala la continuidad de Garoña hasta 2019 con algunas mejoras aceptadas por la empresa.

Sin embargo, en julio del mismo año, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero emitió una orden ministerial que fijaba el cierre de Garoña en julio de 2013.

La empresa Nuclenor presentó un recurso que fue rechazado por el Tribunal Supremo contra esa orden ministerial.

Sin embargo, en julio de 2012, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy modificó el decreto de cierre de Garoña en 2013 y concedió a la empresa un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad de Garoña hasta 2019.

La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos y argumentó la misma razón para no presentar un recurso de reposición antes del 6 de octubre de este año, lo que hubiera alargado el plazo para formalizar la solicitud.

Igual que ahora, la empresa argumentó en ambas ocasiones motivos económicos, relacionados con el elevado coste de las inversiones para seguir operando, pero, sobre todo, las nuevas tasas e impuestos que Nuclenor considera que hacen a Garoña inviable.