Créditos a la naturaleza

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Ana Zarzalejos Vicens

El auge del patrocinio empresarial como una modalidad de mecenazgo moderno ha abierto una nueva vía para financiar la protección del medio ambiente y, a la vez, consolidar los compromisos ambientales del sector privado. La colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado se constituye como una especie de sistema de apadrinamiento de la naturaleza, una suerte de «créditos» a la naturaleza, para preservar áreas naturales en un contexto en el que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas.

Que el sector privado participe en la preservación de la naturaleza no es algo nuevo. En España, por ejemplo, la legislación empezó a articular maneras de alcanzar esta simbiosis en 1992 cuando se aprobó la Ley de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, que permitía deducciones fiscales para empresas que colaboraran en actividades medioambientales, como la creación de espacios protegidos, reforestación, lucha contra la erosión y protección de especies amenazadas.

Esto se ha ido desarrollando en todo el mundo y, actualmente, para financiar iniciativas de recuperación ecológica y protección de hábitats, organizaciones como The Nature Conservancy han formado alianzas con compañías que posibilitan que estas participen activamente de la protección del medio ambiente. También la National Wildlife Federation ha establecido un programa de relaciones con empresas para apoyar programas de justicia social, ambiental y cero residuos.

La inversión privada en conservación ha aumentado de 9.400 millones de dólares a más de 102.000 millones en un período de cuatro años

Para el sector privado es una inversión que se cobra en prestigio, puesto que una proporción cada vez más significativa de consumidores valora positivamente a las empresas que demuestran un compromiso real con la sostenibilidad, lo que puede traducirse en una ventaja competitiva en el mercado.

Para facilitar la participación del sector privado en la conservación, se han desarrollado instrumentos financieros como los bonos de biodiversidad y los esquemas de pago por servicios ecosistémicos (PES, por sus siglas en inglés), que pueden ofrecer incentivos incluso directamente a los propietarios de las tierras o a las comunidades locales.

De hecho, este año, Colombia ha emitido los primeros bonos de biodiversidad respaldados por la Corporación Financiera Internacional, dirigidos a financiar proyectos de restauración de hábitats.

Todo el desarrollo financiero ha llevado a que, a nivel global, la financiación privada para la naturaleza haya experimentado un aumento significativo. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la inversión privada en conservación ha aumentado de 9.400 millones de dólares a más de 102.000 millones en un período de cuatro años.

«Estos nuevos datos que documentan el aumento de la financiación privada de la naturaleza reflejan el interés creciente que observamos entre nuestros miembros por aprender más sobre ella», afirma Eric Usher, director de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. «Los bancos, las aseguradoras y los inversores están dando un paso al frente para proteger nuestro planeta. Ahora, los gobiernos deben establecer marcos políticos claros para canalizar estos fondos hacia las prioridades nacionales en materia de biodiversidad y hacia los gestores de la naturaleza que trabajan en primera línea. Es hora de convertir este impulso financiero en un impacto real».

Si bien es cierto que el patrocinio empresarial ofrece oportunidades significativas, también plantea desafíos éticos que deben ser cuidadosamente gestionados. La transparencia, la rendición de cuentas y la alineación de los intereses empresariales con los objetivos de conservación son los criterios que deben garantizar que las corporaciones no utilicen estas iniciativas como una forma de greenwashing o para desviar la atención de prácticas empresariales más cuestionables.

Por eso, como advierte Usher, es necesaria la existencia de marcos normativos que regulen estas alianzas para asegurar que los objetivos de conservación primen sobre los intereses económicos de las empresas. Al mismo tiempo, es necesaria una legislación que sea capaz de ofrecer incentivos fiscales y reconocer el papel que el sector privado puede jugar en la protección del medio ambiente.