«Quizás el gran problema es que los dos grandes partidos no sean capaces de llegar a un mínimo acuerdo para no tener que depender de los extremos»

La Fundación Hay Derecho es una entidad independiente y sin ánimo de lucro dedicada a medir la calidad de nuestra democracia y sugerir medidas para mejorarla. Su secretaria general es Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia con una larga trayectoria jurídica y docente a sus espaldas. Es muy consciente de que los informes y recomendaciones que publica la fundación –como el recién presentado Informe sobre el Estado de Derecho– incomodan a los políticos que detentan el poder y por ello no suelen ser tenidos en cuenta.

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Una democracia consolidada se caracteriza por una participación real y activa de la ciudadanía en los asuntos públicos a través de los cauces legalmente establecidos. No se trata únicamente de votar en las elecciones sino de ejercer un papel activo. ¿Tras más de cuatro décadas de democracia, hay en España una sociedad civil activa y fuerte en comparación con otras democracias de nuestro entorno?

Creo que sí hay participación ciudadana, pero es poco organizada y constante. Sí se producen momentos de movilización, manifestaciones… pero lo que no abundan son organizaciones que, de forma continuada y persistente en el tiempo, estén haciendo ese papel de control al poder, que es esencial. Una cosa es manifestarse en la calle para protestar por algo concreto, algo que en España sucede con bastante frecuencia, y otra distinta es participar a través de organizaciones que, de forma permanente y sistemática, trabajan en la vigilancia del poder. A veces no es suficiente con la reacción, porque el trabajo que hay que hacer es de prevención o de recomendación. Nos queda bastante camino por recorrer en la consolidación de este tipo de organizaciones de participación política.

«Sí hay participación ciudadana, pero es poco organizada y constante»

Si uno accede a cualquier registro de fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, cooperativas, etc. se queda abrumado de la cantidad de entidades que existen sobre el papel, ¿quizá la mayoría están demasiado focalizadas en un aspecto en particular y existe una resistencia grande a cooperar con otras organizaciones para influir en asuntos más amplios que interesan a todos?

En la Fundación Hay Derecho hicimos un estudio de las organizaciones de la sociedad civil en España y vimos que existe un porcentaje muy elevado de entidades muy pequeñas, muchas de las cuales apenas tienen actividad. Hay pocas que sean grandes, que cuenten con recursos y sean transparentes. Nuestra impresión es que hay una gran atomización en este sector. Pero esto responde a lo que le decía antes: mucha gente siente el impulso de participar o crear una ONG, pero, si esa iniciativa no conlleva un trabajo sostenido en el tiempo, ni se le dota de recursos a medio o largo plazo, esa entidad será muy pequeña o incluso irrelevante. Esa atomización lleva también a un desconocimiento y falta de conexión entre las entidades. Muchas organizaciones simplemente desconocen que hay otras entidades trabajando en los mismos temas. Cooperar con otras entidades que trabajan en ámbitos cercanos requiere en primer lugar de un desarrollo de la propia organización para poder detectar a esas otras realidades y emprender esa colaboración.

¿Hay un divorcio entre la clase política y la sociedad civil en España?

Probablemente, las organizaciones de carácter social no lo vean así. Pero nuestra organización es muy política, en el sentido de que entra mucho en temas de la agenda pública, como el control del poder, de Estado de derecho, etc. Es decir, nosotros hacemos un papel de watchdog (perro guardián), como dicen los anglosajones, y eso es incómodo para cualquier político en el poder. En ese sentido, lo que tiene que asumir la clase política es la legitimidad de la sociedad civil para hacer ese trabajo. Cuando interpusimos –y ganamos– el recurso contra el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado porque considerábamos que no cumplía los requisitos de dicho puesto, el ministro de Justicia hizo unas declaraciones en las que cuestionaba que una entidad privada pudiera emprender esta acción legal. Una organización de la sociedad civil tiene legitimidad para exigir el cumplimiento de la legalidad en los nombramientos, pero quizás falta esa cultura que permite percibirlo como algo natural. A los políticos les encanta invocar la participación de la sociedad civil pero siempre que les venga bien. Nos llaman para participar en foros o para reunirnos con ellos, pero cuando lo que hacemos les incomoda, ya es otra cosa…

«Una organización de la sociedad civil tiene legitimidad para exigir el cumplimiento de la legalidad en los nombramientos»

Aunque es un fenómeno que se ha dado con prácticamente todos los gobiernos, ¿le preocupa especialmente la injerencia de los partidos en organismos independientes, instituciones y entidades públicas por parte del Ejecutivo?

En efecto, esta es una tendencia estructural de todos los gobiernos, en España y fuera de España: al político no le gustan los contrapesos y el control al poder. Lo que sí hemos analizado y medido es que esta tendencia se ha agudizado mucho en España como consecuencia de la alianza del partido que gobierna con las formaciones independentistas, porque lo que era una tendencia natural se ha convertido en una necesidad. Es decir, necesitan un mayor control del poder judicial porque están tomando una serie de medidas que van a ser cuestionadas por esas instituciones. Por otra parte, hemos observado que se ha intensificado también la intervención en entidades públicas para colocar a personas afines. Este segundo fenómeno se ha agudizado a medida que los partidos políticos tienen cada vez más personas en sus órganos de dirección que no cuentan con más carrera profesional que la política. Aunque esta tendencia al clientelismo se ha intensificado con el actual gobierno, si analizamos a una comunidad autónoma gobernada por otro partido vemos que pasa exactamente lo mismo. Hemos realizado unos estudios para medir de la meritocracia en el sector público, que llevan por nombre «El dedómetro». Los hemos hecho a nivel estatal, pero también con dos comunidades autónomas de signo político diferente, y nos hemos encontrado con resultados muy similares en cuanto al déficit de meritocracia. Por tanto, estamos también ante un problema muy estructural de la política española.

Julián Marías, reflexionando sobre La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, advertía del peligro de que una minoría se acostumbre a regir, es decir, a imponer su voluntad sobre la masa. ¿Es lo que está sucediendo en España con las formaciones minoritarias que tienen la llave de la gobernabilidad?

En España, la falta de mayorías claras se ha tenido que suplir con apoyos de partidos muy minoritarios. Ciudadanos era un partido que podía hacer ese papel de apoyar al PSOE o al PP, según el caso, para no tener que depender de fuerzas extremistas. Una vez que este proyecto fracasa, el partido que quiera gobernar se ve abocado a apoyarse en los extremos. Quizás el gran problema es que los dos grandes partidos no sean capaces de llegar a un mínimo acuerdo para no tener que depender de los extremos. Y además, en este caso, el extremo está ocupado por partidos independentistas que van a poner compromisos en la agenda que son muy cuestionables desde el punto de vista jurídico y constitucional.

«Quizás el gran problema es que los dos grandes partidos no sean capaces de llegar a un mínimo acuerdo para no tener que depender de los extremos»

Se habla mucho de polarización, como si las posiciones ideológicas extremas estuvieran ampliando su base de electores. Sin embargo, las opciones mayoritarias, PSOE y PP, siguen acaparando la inmensa mayoría de los votos y creciendo, ¿hay una división entre ellas que no obedece tanto a divergencias ideológicas de fondo sino a un tacticismo de corto recorrido?

Sí, se trata de una polarización inducida desde arriba hacia abajo. Todos los datos demográficos apuntan a que la sociedad española es bastante moderada y, efectivamente, el voto mayoritario es para partidos no extremistas, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Sin embargo, en la lucha partidista se está utilizando ese elemento de polarización. La pregunta del millón es si eso puede llegar a calar en el electorado. Llega un momento en que los políticos se convierten en prisioneros de su propia estrategia y, después de haber demonizado al adversario, es muy difícil para ellos recoger velas, llegar a acuerdos con el otro y explicarlo a sus propios votantes. Llega un momento en que los votantes pueden asumir ese discurso. Es una táctica cortoplacista y muy peligrosa.

¿Cree que los problemas que afectan a un mayor número de personas –paro, acceso a la vivienda, inflación, vaciamiento de la España rural, inmigración, invierno demográfico, viabilidad del sistema de pensiones, etc.– se cronifican y, en cambio, el debate político que atrae al foco mediático y acapara titulares se aleja cada vez más de todas estas cuestiones?

Sin duda, y al final esa es una de las causas fundamentales de la desafección de la gente por la clase política y la consecuente aparición de partidos extremistas. Lo que se discute en el debate público y las necesidades reales de la gente están muy lejos. Es interesante también observar que esos problemas que llevan años sin resolverse requerirían de amplios acuerdos que se desplieguen a largo plazo. El político se mueve cada vez más en el corto plazo. Entonces, los problemas que son complejos y necesitan acuerdos amplios para ser resueltos se van quedando en el cajón. Esto puede llevar a que la gente se canse de la democracia y que prefiera opciones más extremistas o incluso un régimen autoritario. Me parece que es jugar con fuego, la verdad.

«Lo que se discute en el debate público y las necesidades reales de la gente están muy lejos»

Hay Derecho lanzó una campaña de recogida de firmas en contra de la Ley de Amnistía. ¿Cree que esta norma se va a llegar a aplicar o va a tener muchos obstáculos en los tribunales?

Creo que va a tener muchos problemas. Ya los está teniendo, pero el destrozo ya está hecho, porque el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que, en determinados casos, hay políticos que están por encima de la ley porque son necesarios sus votos. Supone establecer dos categorías de ciudadanos: unos que están sujetos a las normas y otros que, por razones coyunturales de aritmética política, pueden no estarlo. El mensaje que lanza el Parlamento es muy negativo.

¿Qué impresión le causa el plan de regeneración democrática que ha sido esbozado por el Gobierno?

El problema es el punto de partida de esta iniciativa que nace como reacción a un problema muy particular. Las organizaciones de la sociedad civil podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, en que hace falta una regeneración democrática, pero esto requiere un proceso de consulta a las organizaciones que trabajamos en esto. A nosotros no nos han consultado. Somos escépticos porque no parece serio hacerlo de forma reactiva y puntual.