¿Un algoritmo en una frutería? Cómo adaptar los fondos europeos a la realidad de España

La llegada del fondo de recuperación de la Unión Europea, el llamado Next Generation –o ‘fondo de recuperación covid-19’– que se espera para reflotar la economía también se presenta como una herramienta de cara a afrontar los grandes retos de transformación sostenible de ‘los Veintisiete’ en las próximas décadas. Digitalizar y volver verde la economía, sin embargo, no es tan fácil, o al menos, no lo parece cuando la mayor parte de las empresas que conforman el tejido son demasiado pequeñas como para aspirar a los fondos, a pesar de que sean las que peor lo pasen en las crisis económicas.

El pasado verano, los socios de la Unión Europea aprobaron 750.000 millones de euros para este fondo cuyo eje central es el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), enfocado a llevar a cabo una recuperación económica post-covid «digital, ecológica y resiliente» y que cuenta con un presupuesto de 672.000 millone. De ellos, 140.000 pertenecen a España, repartidos entre 60.000 millones a fondo perdido y 80.000 en préstamos. Cifras a las que hay que sumar 12.000 millones más del nuevo fondo REACT-EU, dotado con 55.000 millones.

Las peticiones de ayuda, sin embargo, han correspondido a grandes empresas y sectores considerados prioritarios, como el Banco Santander o Acciona, a pesar de que el 98% del tejido empresarial de España está conformado por empresas de menos 250 empleados –las llamadas pymes–, que se encuentran ante el problema de no saber orientarse correctamente entre todas las opciones que plantean las ayudas. El pasado mes de febrero, Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, recalcó que «las pymes no se quedarán fuera del reparto de los fondos europeos». «Hay recursos asignados directamente solo a pymes, como las ayudas específicas de capacitación y digitalización, dotadas con 50.000 millones de euros», subrayó por entonces.

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), confiesa que desde el sector «tenemos la sensación de que se están desarrollando y diseñando proyectos para pymes y autónomos sin contar con ellos… no se puede pretender vender inteligencia artificial a una frutería». «Los proyectos que se desarrollen deben responder a las necesidades reales de dichos negocios», insiste. Al igual que esta organización, otras como CEPYME o CEOE se han aliado en estos meses para reclamar un papel de mediación en la planificación de las futuras ayudas.

Sostienen que «hay mucha confusión», ya que el plan aún no ha sido avalado por Bruselas. Mientras, los Ministerios «han lanzado convocatorias que servirán para sacar a licitación pública algunos de los proyectos pero la mayoría de pymes y autónomos no saben (ni pueden) licitar», denuncia Ferrero, quien espera que esta gigantesca inversión sirva para apoyar la adaptación de todo tipo de negocios, en todos los territorios, a los nuevos hábitos de consumo derivados de la digitalización y de la economía verde, «muy asociada al desarrollo rural, donde la innovación se produce por parte de autónomos y pymes».

Para disipar la niebla, la Asociación Española de la Economía Digital (ADigital), que concita entre sus miembros a grandes multinacionales y pequeñas start-ups, presentó hace un mes la Oficina Adigital Next Gen, un servicio de información y consultoría para empresas de cualquier tamaño sobre cómo funcionan los fondos de recuperación y a qué tipo de proyectos pueden aspirar. César Tello, su director general, valora que «una de las mayores dificultades que afecta al ecosistema de ayudas públicas es la de conocer, ordenar y filtrar el elenco de ayudas disponibles, y los fondos europeos no son una excepción. Es un entorno difícil de navegar para cualquier empresa que no tenga experiencia. Nuestro consejo es que se dejen asesorar por expertos».

Tello destaca que los fondos Next Gen son «una oportunidad única para transformar nuestra economía» pero, eso sí, necesitan que tanto el sector público como el privado «sean muy rigurosos a la hora de definir los planes». «Somos perfectamente conscientes de las dificultades a las que se enfrenta la pyme para transformarse, pero también de que, para estas organizaciones, la digitalización supone una mayor oportunidad ya que les permite acceder a tecnologías y servicios en condiciones similares a las de las grandes empresas». 

Cualquier plan de digitalización de las pequeñas empresas españolas deberá pasar por «la capacitación de los profesionales y retención del talento, la simplificación burocrática y, de nuevo, la mejora de la colaboración público-privada». Porque, a estas alturas, advierte Tello, «todavía es necesario hacer un importante trabajo de divulgación para que las pymes comprendan en qué consiste exactamente esto de la digitalización y cómo llevarlo a la práctica». Lo principal, en última instancia, son los recursos económicos, pero por eso «los fondos europeos suponen un gran reto, a la vez que una gran oportunidad».

El Estado también tiene deberes

¿Puede España gestionar un paquete de inversiones tan amplio como el enviado desde Bruselas? El analista Fernando Arancón, director de El Orden Mundial y experto en Relaciones Internacionales, se confiesa «un poco pesimista» en este aspecto. No por el tejido empresarial, sino por el tamaño de la burocracia española: «Tenemos pocos funcionarios, nuestro sector público es demasiado débil». «Contrario a lo que se dice sobre España, lo cierto es que tenemos muy poca plantilla de funcionariado, tanto por el tamaño de la economía como por el de la fuerza laboral», explica.

Precisamente a finales de abril, Bruselas advirtió que aplicaría normas más estrictas para controlar el gasto de las ayudas europeas, amenazando con frenar el reparto a países que no cumplan con sus objetivos. Para cumplir con los requisitos hacen falta más manos, más ojos. «Somos el quinto país de la Unión Europea con menos funcionarios en cuanto al total de trabajadores y no estamos acostumbrados a trabajar como Bruselas. Estos fondos europeos no son de cohesión, sino proyectos finalistas que se van a fiscalizar al detalle. El Estado debería guiar a las pymes, pero primero necesita reformarse él».

Arancón revela que una economía como la española tiene dos problemas: produce mucho pero de poco valor. «No somos improductivos, como se suele decir. Si miras las cifras de empleo, verás trabajamos muchos», explica. «Pero hay mucha hostelería y turismo, y poca industria». Esta asimetría entre una gran cantidad de empresas con pocos empleados y unas pocas con grandes plantillas, alega, «no sería un problema con un cuerpo de funcionarios más grande, más especializado y mejor pagado».

Quedan oportunidades. Digitalizar la administración y cambiar el modelo productivo. «Entre la crisis de 2008 y la de la covid-19, España ha perdido el tren de la convergencia económica con el resto de Europa que tanto trabajo logró alcanzar entre los 80 y los 90», lamenta Arancón. «Al estar vigilado por Bruselas, es poco probable que cumpla con los pronósticos agoreros de que esto sea un nuevo Plan E que invierta en proyectos que no van a ninguna parte». Las empresas pequeñas ya han demostrado durante la pandemia que saben adaptarse a la digitalización y han visto su utilidad para darle valor añadido a sus negocios». Igual que las pymes, «la economía española tiene un inmenso potencial que puede orientar con al apoyo de la Unión Europea».