«Necesitamos un sistema de impuestos que proteja el capital ecológico»

El capitalismo debe transformarse. Bajo esta premisa, Juan Costa (Castellón, 1965) nos habla sobre la necesidad de apostar por un nuevo modelo económico basado en capitales hasta ahora invisibilizados que genere empleo, proteja el medio ambiente y frene las desigualdades. Alejado hace ya diez años de la política, el que fuera secretario de Estado y ministro de Ciencia y Tecnología durante el Gobierno de José María Aznar, ejerce actualmente como consultor de proyectos sobre cambio climático y sostenibilidad tras su paso por el Fondo Monetario Internacional. Ahora presenta su nuevo libro ‘Multicapitalismo’ (Deusto, 2021), donde reflexiona sobre el papel de la economía global ante los colosales retos a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI.

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«El capitalismo financiero de la gran globalización está llegando a su fin». Con esta afirmación te unes a la tesis de expertos de la talla de Joseph Stiglitz o Jeremy Rifkin, que sostienen que el actual modelo económico dominante en el mundo está obsoleto. Sin embargo, se trata de una idea (la del fin del capitalismo) que parece repetirse con cada crisis. ¿Por qué debería ser diferente esta vez?

Lo que creo que está llegando a su fin es el capitalismo financiero de la globalización. Es decir, ese modelo que ha descansado fundamentalmente en la preeminencia del capital financiero. Ya no nos sirven las herramientas que durante años han hecho ese capitalismo posible, como la información financiera. Y no nos sirven porque en los últimos cuarenta años han ido emergiendo nuevos capitales, como el intangible, el social o el ecológico, que son más relevantes y con los que ahora la economía debe contar si quiere crear valor. No creo que el capitalismo como sistema llegue a su fin, porque la economía de mercado se ha consolidado como el gran modelo económico global. Sin embargo, el sistema capitalista debe adaptarse a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos y a la nueva realidad en la que está operando: la del siglo XXI.

Un nuevo capitalismo al que has bautizado como ‘multicapitalismo’. ¿De qué manera puede ayudar ese sistema a reconstruir el mundo pospandemia?

Puede ayudar en la medida en que el mercado debe estar orientado a hacer frente a las necesidades sociales. Una economía que no tiene un propósito definido o que no conecta con las necesidades de las personas no cumple con el fin último de crear prosperidad. Está fallando. Algunas de esas carencias son las que se han intensificado con la pandemia. A día de hoy tenemos un gran objetivo y una necesidad esencial. El objetivo de crear empleo de calidad para, primero, hacer frente a la crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria y, segundo, porque en los próximos treinta años va a haber mil millones de trabajadores nuevos en las economías emergentes. Sin olvidar que, en las economías avanzadas, vamos a tener que financiar un gran sistema de pensiones. Y tenemos la necesidad de crear una economía en la que el mercado sea la solución para frenar la crisis climática y las desigualdades sociales que se han incrementado durante la globalización. El multicapitalismo, o ese sistema basado en un nuevo paradigma de valor, lo que nos dice es que necesitamos un capitalismo capaz de dar respuesta a esas necesidades que la pandemia no ha hecho más que agudizar.

Creo que, en estos meses, en la gestión tanto de las políticas públicas como en la gestión de las empresas se ha visto que había que empezar a prestar atención a indicadores sociales que van más allá de la información financiera. La crisis climática, por ejemplo, es una clara oportunidad para modernizar la economía. La pandemia también nos ha demostrado que no siempre el mañana tiene por qué ser mejor. Y esto ya lo hemos vivido en las dos décadas del siglo XXI: primero con la crisis financiera y luego con la crisis de la covid-19. Otra de las cosas que se ha puesto de manifiesto es que esa diferenciación que existía entre lo público y lo privado no puede mantenerse en el tiempo, porque lo importante en una sociedad es compartir unos fines. Cuando eso sucede, la dimensión pública y privada de los agentes tiende a integrarse. Las empresas han demostrado tener una dimensión pública que puede contribuir a hacer frente a demandas sociales. Además, cada vez más, los ciudadanos esperan que las empresas tengan una dimensión pública a la vez que el sector público asuma un papel de rendición de cuentas, hoy debilitado.

«Los indicadores que hoy miden el progreso no tienen en cuenta el patrimonio de las naciones»

En tu libro sostienes que el nuevo sistema debe descansar sobre un paradigma de valor basado, además de en el financiero, en tres nuevos capitales: el intangible, el ecológico y el social. ¿En manos de quién está desarrollar esta visión de la economía que permita adaptarnos a los nuevos desafíos?

La globalización ha sido una creación del conjunto de la humanidad y, de alguna manera, hemos perdido el control. Por eso creo que necesitamos nuevas herramientas que requieren, por un lado, la intervención del sector público a través de la regulación, y por otro lado, la actuación del mercado en la solución de problemas. Para ello, la regulación tiene que reconocer lo que el mercado ya reconoce: que el valor tiene unas dimensiones nuevas en base a esos tres capitales. Si no cambiamos la regulación para que reconozca que hay cosas que hoy tienen valor, que son las que crean empleo y prosperidad económica, seguirá primando una concepción de empresa más propia del siglo XX que del siglo XXI. Actualmente, las empresas valen por su modelo de negocio; por su cultura empresarial, por sus compromisos con clientes, trabajadores, suministradores; por su capacidad de innovar, y por su liderazgo. Estos activos intangibles son lo que determinan el valor de las compañías más importantes del mundo, y también de las pequeñas y medianas. Y, sin embargo, la regulación está anclada en un concepto de valor diferente, en un concepto de propiedad en el que lo que importan son los activos tangibles tradicionales, como lo puede ser un edificio. Por otro lado, la regulación actual no le da valor al medio ambiente, que es el capital primario de la economía. Hemos asumido que es un recurso de acceso libre cuando en realidad es un recurso colectivo: es la base de la economía. Si el capital ecológico se reduce, la base de la economía se estrecha; si el capital ecológico se mantiene o aumenta, la base de la economía se expande. Por último, la regulación tampoco valora la desigualdad social, que es una decisión política y que tiene un coste económico. En una sociedad en la que la confianza se debilita, las posibilidades de inversión, de innovación, de desarrollo y de crecimiento se reducen también. Por eso creo que la regulación tiene que reconocer esta realidad y, al mismo tiempo, respetar la libertad económica. Porque, desde una perspectiva más liberal, hay que darle instrumentos al mercado para que sea este el que ayude en la búsqueda de soluciones.

Podríamos entonces decir que estamos midiendo mal el progreso. Porque, a día de hoy, el PIB, que recoge los resultados del capital financiero, es el mayor indicador con el que contamos para medir el éxito político y económico.

Indudablemente estamos midiendo mal el progreso, y también el éxito político y social. Por eso, la regulación tiene que reconocer la nueva realidad. Hace ochenta años el medio ambiente podía no ser un recurso muy abundante, y el impacto de la actividad económica en términos de consumo de recursos medioambientales podía ser limitado. Eso antes tenía un impacto en la capacidad de regeneración del planeta, pero la realidad es que, ahora, el medio ambiente se ha convertido en un recurso muy escaso. Y, sin embargo, las métricas que miden el crecimiento de la economía no lo tienen en cuenta, como tampoco tienen en cuenta cómo evoluciona la economía intangible. En el mundo de las empresas pasa exactamente lo mismo: hace cuarenta años el valor era fundamentalmente tangible; eran fábricas, coches, equipos, cuentas de clientes, dinero en el banco… Eso suponía el 85% del valor de mercado de las empresas más grandes del mundo. Hoy la situación ha cambiado radicalmente porque el 85% del valor de las principales compañías es intangible; es su cultura empresarial, su compromiso social o su innovación. Si no adaptamos las métricas y las herramientas que miden la prosperidad a un concepto de valor que ha cambiado, no vamos a poder medir el éxito o el fracaso de una política o de una actividad empresarial de manera correcta. Esto es muy grave porque podemos simplificar y decir que si el PIB aumenta somos más ricos y, en cambio, podemos estar destruyendo capital intangible, capital ecológico y creando desigualdades sociales. Eso al final es tener una sociedad menos próspera. El principal problema de los indicadores que miden el progreso es que no tienen en cuenta el patrimonio de las naciones, el stock de las naciones, sus infraestructuras, su patrimonio natural, su sistema educativo o el capital humano del país. Hay que plantear si el crecimiento de la economía es a costa de reducir el patrimonio de esa propia economía o de hipotecar a las generaciones del futuro. Los indicadores actuales conducen al cortoplacismo, y a ser poco generoso con las generaciones del futuro.

«El mercado debe ser un instrumento para proteger el capital primario de la economía: el medio ambiente»

El economista Nicholas Stern señalaba que el cambio climático es el resultado del mayor fallo de mercado que el mundo ha conocido. ¿Qué herramientas necesitamos para reconciliar la economía con el medio ambiente?

Ese conflicto entre medio ambiente y economía hay que superarlo porque es ficticio. El medio ambiente es el capital primario de la economía y lo que tenemos que hacer es construir un modelo económico que asigne al mercado el objetivo de proteger nuestro capital ecológico y de crear riqueza a través de ello. El stock de capital ecológico del planeta no está sometido a límites; todo depende de nuestra capacidad para aumentar la prosperidad y la productividad ecológica del planeta. ¿Y cómo nos ayuda a eso el mercado? Pues muy sencillo, valorándolo y haciendo que el capital ecológico del planeta tenga derecho a una compensación, a una renta de escasez y a una renta de utilización. Lo que no podemos hacer es permitir que el capital ecológico se pueda consumir en beneficio de unos sin tener en cuenta al conjunto. Muchas veces esto se confunde con privatizar la naturaleza cuando, en realidad, la privatización es lo que ocurre ahora: la regulación permite, sin exigir nada a cambio, que se consuma capital ecológico. El mercado debe ser un instrumento para alcanzar un fin: la protección del medio ambiente. Si nosotros incentivamos a aquellas empresas que no solo protegen el medio ambiente, sino que lo aumentan, y penalizamos aquellas actividades que lo destruyen a través de un sistema de impuestos, vamos a convertir la economía en un motor de creación de prosperidad ecológica.

«Los impuestos pueden salvar el planeta», escribes. Una afirmación basada en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que sostienen que gravar las emisiones de CO2 es un buen instrumento para luchar contra el cambio climático. Pero ¿cómo garantizar que este modelo no fomente las desigualdades?

Si queremos hacer una transformación de la economía, debemos hacerla de manera razonable y con una transición justa donde todo el mundo tenga oportunidades y donde no sean plenos ni los beneficios de quienes ganan, ni los costes de quienes pierden. Solo de esta manera podemos compartir como sociedad beneficios con costes y conseguir una distribución ordenada en el tiempo y con credibilidad. Al final, la credibilidad es muy importante: si el sistema no es creíble y los agentes económicos confían en que se puede continuar con el deterioro medioambiental, la sociedad va a ser cada vez más intolerante con la destrucción el planeta. Por eso, los mensajes deben ser creíbles: si decimos que nos queda una década, pero no empezamos a actuar desde ya, frenar esa degradación va a ser cada vez más caro. Por otro lado, los impuestos tienen que ser justos y deben ayudar en la transformación de la economía. Y los impuestos son justos cuando repartes las cargas de una manera razonable con arreglo a un pacto social.

Si cada uno de nosotros tenemos una huella ecológica distinta, estamos permitiendo una nueva forma de injusticia y desigualdad: la ecológica. Los impuestos tienen que ayudar a acabar con esas desigualdades. No puede ser que haya personas que consumen y destruyen capital ecológico por encima de unos límites mientras otras personas no consumen la cuota de capital ecológico a la que pueden tener derecho como individuos que compartimos este planeta de manera conjunta. No se trata solo de pensar en las emisiones de CO2, sino de incorporar este concepto al sistema tributario. Debemos apostar por un sistema de impuestos que proteja el capital ecológico. La huella ecológica de los individuos tiene que ser también un indicador de la capacidad de pago de impuestos. Es justo que quien consume capital ecológico por encima de unos niveles pague impuestos, y que quien ahorra capital ecológico reciba una compensación porque está manteniendo el patrimonio del conjunto de la sociedad global. Si subvencionamos ciertas actividades económicas que destruyen capital ecológico –que pueden hacerlo sin pagar un peaje aunque el daño sea irreversible e irrecuperable– estamos despojando el mercado de los instrumentos adecuados. El medio ambiente no puede ser apropiable por nadie sin que se respeten los derechos del conjunto de la colectividad, y ahí la regulación tiene que jugar un papel fundamental.

Para establecer esa nueva relación entre economía y el medio ambiente es necesario que haya primero un consenso sobre cómo abordarlo. ¿Crees que es realmente posible establecer un diálogo social en una sociedad tan polarizada como la nuestra?

El consenso es necesario. Antes de nada, porque necesitamos recuperar la base de capital social por una razón de justicia. Hemos de aceptar que los beneficios de la globalización pueden no haberse repartido de una manera equitativa, y que hay personas que tienen cada vez menos oportunidades a futuro. Desde finales del siglo pasado ha ido aumentado la desigualdad en Europa y en Estados Unidos, y eso acentúa la pérdida de confianza en el sistema. En las economías asiáticas emergentes, los ciudadanos confían más en el sistema porque piensan que su vida va a mejorar en los próximos años. Aquí, en cambio, una gran parte de la mayoría social opina lo contrario, que su vida no va a ser mejor. En la actualidad, tres de cada cuatro personas piensan que el sistema es injusto y que necesita cambiar. Si no somos capaces de crear consensos sociales para aceptar qué cosas han fallado y tomar decisiones para construir un sistema que recupere la confianza de la mayoría, vamos a mantener la injusticia de destruir el potencial de crecimiento y de progreso de nuestras economías. No vamos a ser capaces de cumplir con los objetivos que la economía y la política deben tener, y vamos a aumentar la polarización; y dividir las sociedades beneficia a los populismos. Puedo entender que, en algunas ocasiones, ciertos partidos políticos levanten banderas para llamar la atención sobre problemas concretos, y que eso pueda conducir a una cierta polarización. Pero creo que hay que trabajar juntos y unidos porque la lógica de la vida, de la economía y de la política dependen de eso. Es imprescindible recuperar los consensos para poder construir economías y democracias más sólidas.

«Para recuperar la ambición del pleno empleo necesitamos un nuevo contrato social que acabe con las desigualdades»

«Nuestra democracia necesita capital social. Los populismos lo destruyen», escribías en el diario ABC. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales amenazas para la prosperidad y creación del capital social?

Si miramos las estadísticas globales, el nuestro es uno de los países con menor grado de confianza en el Gobierno. Debemos recuperar la confianza en las instituciones y en la política. Eso significa que tenemos que construir instituciones no solamente más eficaces, transparentes y que rindan cuentas, sino que también sean íntegras. Para eso, necesitamos un contrato social que dé seguridad a las personas en esta nueva economía que se está construyendo, y que cree incentivos para que la innovación y la capacidad de emprendimiento aumenten. Porque somos un país que en los últimos diez años ha perdido la ambición de alcanzar el pleno empleo: la sociedad parece estar resignada a que en este país no podamos llegar al pleno empleo. Si queremos recuperar esa ambición necesitamos, sin ninguna duda, un nuevo contrato social donde las personas se sientan protegidas frente a las nuevas desigualdades y amenazas, que no son las mismas que las del siglo XX.

Habla de una falta de liderazgo y de un caos político que emerge de los fallos del capitalismo. ¿Hasta qué punto el caos económico lleva a un caos político y no a la inversa?

Hay una realidad que genera descontento social. Un descontento motivado por el hecho de que le hemos prometido prosperidad a una mayoría social que ha visto cómo esas expectativas se truncaban en quince años. La crisis financiera ha demostrado que la prosperidad no se estaba repartiendo correctamente y eso, en los últimos años, ha generado una espiral de descontento social que en muchas ocasiones se ha traducido en movilizaciones, manifestaciones, críticas y quejas ante el sistema. También se ha convertido en caos político: los populismos ofrecen soluciones [a ese descontento social] basadas en la polarización y en la rapiña institucional, dando mensajes de ambigüedad. Creo que parte de ese caos político que se ha producido en el mundo procede de la emergencia del populismo en la política. Ahora bien, sin duda el descontento social puede haber generado caos político y este haber generado un nuevo descontento social. Lo que está claro es que el descontento social es malo para la calidad de la democracia. Los populismos han jugado con la ansiedad, las emociones negativas y el dolor de las personas, y cuando utilizamos la política para alimentar emociones negativas en los ciudadanos, generamos un daño social irreparable. Hay que intentar unir, construir y sumar, y no crear una sociedad de buenos y malos. Eso, en la política, es destruir capital social, lo que afecta a la calidad de la democracia.

En esta era de la incertidumbre y del descontento social, ¿acabaremos por recuperar la confianza en el sistema?

Soy optimista, porque hay batallas por las que merece la pena luchar. Creo que hay muchas personas que realmente buscan un cambio y soluciones desde ideologías políticas dispares, desde procedencias sociales diferentes. Lo que tenemos que hacer es intentar crear soluciones que nos unan y nos ayuden a abordar los grandes desafíos. Creo que aquí la sociedad va más rápido que la política, y que la política no le está cogiendo el paso de la sociedad. De la misma manera, creo que la sociedad tiene que levantar más la voz y exigirle a la política menos crispación, menos frustración y más diálogo, más reflexión y más compromisos a largo plazo. Debemos abandonar el cortoplacismo y la política de juegos que ha caracterizado el plano político mundial en la última década.