El desconocido Convenio de Aarhus: ¿realmente se cumple?

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de preservar el medio ambiente, el Convenio de Aarhus se asoma como un faro de transparencia y participación ciudadana en asuntos ambientales. Firmado en 1998 en la ciudad danesa homónima, este acuerdo internacional se erigió como un hito crucial en la búsqueda de una gestión ambiental más democrática y responsable.

Formalmente conocido como el Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, se trata de un acuerdo internacional auspiciado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (Unece). Como su propio nombre indica, su objetivo principal es fortalecer la contribución ciudadana en asuntos relacionados con el medio ambiente, garantizando el acceso a la información, la aportación efectiva en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas ambientales. De este modo, el convenio sirve como un marco legal crucial para empoderar a los ciudadanos en la protección y gestión del medio ambiente.

Información, participación y justicia

Los tres pilares fundamentales del convenio van de la mano. El primero de ellos es el acceso a la información, un aspecto que garantiza que la ciudadanía tenga derecho a acceder a la información ambiental que poseen las autoridades públicas. Esto incluye datos sobre la calidad del aire y del agua, la gestión de residuos, los impactos ambientales de proyectos industriales, entre otros.

El convenio sirve como un marco legal crucial para empoderar a los ciudadanos en la protección y gestión del medio ambiente

Sin esta información no sería posible que se diese el segundo pilar: la participación del público, que debe tener la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones ambientales desde las etapas tempranas de planificación. Esto implica que las autoridades deben facilitar que los ciudadanos expresen sus opiniones y preocupaciones sobre proyectos o políticas que puedan tener impactos ambientales significativos. La participación pública fortalece la legitimidad de las decisiones ambientales y fomenta la responsabilidad de las autoridades hacia la sociedad.

Y el tercero es el acceso a la justicia, un aspecto que asegura que la ciudadanía tenga acceso efectivo a mecanismos legales para impugnar decisiones gubernamentales que consideren violaciones del derecho ambiental. Esto incluye el derecho a presentar recursos administrativos o judiciales y a obtener reparación en caso de daños ambientales. El acceso a la justicia ambiental es fundamental para garantizar que se cumplan las leyes y normativas ambientales, y para proteger los derechos de las comunidades afectadas por proyectos o actividades que puedan dañar el medio ambiente.

¿Se cumple realmente?

Si bien el acuerdo representa un avance significativo en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana en asuntos ambientales, su implementación y cumplimiento varían considerablemente entre los países firmantes. Algunos países han adoptado medidas sólidas para garantizar el cumplimiento de los principios del Convenio de Aarhus, mientras que otros tienen esta asignatura pendiente.

Hay zonas donde se encuentran obstáculos para el cumplimiento del convenio en la falta de recursos y capacidades institucionales. Además, existen barreras culturales y políticas que pueden dificultar la participación ciudadana y el acceso a la justicia en algunos contextos.

Sin embargo, en otros países firmantes donde aparentemente no deberían existir estos problemas, a veces no se cumple. Es el caso de Noruega, donde recientemente saltaba la noticia de que se permitirá el vertido de residuos mineros en los fiordos, un hecho que amenazará la vida marina y pondrá en riesgo la biodiversidad, según los ecologistas.

Es fundamental que los países firmantes redoblen sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento pleno y efectivo de los principios del tratado

Para Truls Gulowsen, director de Amigos de la Tierra Noruega, «esto contraviene la Convención de Aarhus, que establece que el acceso a la justicia en materia de medio ambiente no debe ser prohibitivo desde el punto de vista financiero. Sencillamente, no tenemos dinero para seguir adelante con el caso en este momento». El medioambientalista considera que esto podría desalentar futuras demandas encaminadas a proteger el medio ambiente frente a fuerzas comerciales. Asimismo, los críticos han acusado al gobierno escandinavo de ignorar a sus propios asesores, como el Instituto Noruego de Investigación Marina.

En España también existen varios ejemplos de casos de incumplimiento, desde La Rioja hasta Cantabria, pasando por las Islas Canarias.

La mayor conclusión es que el Convenio de Aarhus es un instrumento vital para promover la transparencia, la participación ciudadana y la justicia ambiental en todo el mundo. Si bien su implementación puede ser desigual y enfrentar desafíos en algunos países, su importancia como marco legal para una gestión ambiental más democrática y responsable no puede ser subestimada. Es fundamental que los países firmantes, entre los que se encuentra España, redoblen sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento pleno y efectivo de los principios del tratado, en aras de un futuro más sostenible y justo para todos.