La Farmacia, catalizadora de salud comunitaria

Suele decirse que la muerte nos iguala a todos. Lo que no se dice tan a menudo es que el camino para llegar a ella es muy diferente si uno cuenta con recursos económicos, educativos o sociales, o carece por completo de ellos. Tomemos el ejemplo de la pandemia por COVID-19: todos vivimos un shock colectivo sin precedentes, sin embargo, aquellas personas que vivían en zonas de rentas más bajas tuvieron más probabilidades de ingresar en unidades de cuidados intensivos y de fallecer dentro del hospital. En Barcelona, por ejemplo, los barrios de menor renta padecieron una incidencia de infección un 40% más alta que en los barrios de mayor renta. 

Lamentablemente, una cosa es ser conscientes de esta relación y otra muy distinta actuar en consecuencia. El modelo clásico de atención a la salud ha descansado siempre sobre el binomio enfermedad-tratamiento. Sin embargo, esta lógica simplifica peligrosamente la realidad al ignorar los determinantes sociales y la causa última de muchos de los problemas de salud de la población: la inequidad. 

En la lucha contra la misma, además de las medidas políticas, la sociedad cuenta con otra herramienta de gran relevancia: la salud comunitaria. Y, dentro de esta, una de las herramientas más cercanas y con más potencial es la Red de Farmacias. Con su extensión, capilaridad y accesibilidad, este mapa de establecimientos sociosanitarios juega un papel fundamental: por un lado, puede contribuir a mantener y mejorar el bienestar de las comunidades en las que se encuentra, llegando a donde el propio sistema sanitario no puede llegar; por otro, constituye un agente fundamental para ayudar a reducir las desigualdades, empoderando a las personas vulnerables para obtener más recursos, más conocimiento y más control sobre su salud. 

 Los municipios de menos de 2000 habitantes que perdieron menos población en edad de trabajar y población femenina fueron aquellos en los que había una farmacia

Existen numerosas muestras inspiradoras de dicho papel. Por ejemplo, el proyecto de acción comunitaria RADARS, en Barcelona, que, coordinado desde los servicios sociales y en el que participan las farmacias, busca detectar casos de soledad no deseada a partir de redes establecidas en los barrios. O la iniciativa Mascarilla-19, que permitió la detección y actuación en casos de violencia de género durante la pandemia por COVID-19, cuando las vías habituales de detección se encontraban limitadas. También la labor fundamental de promoción y prevención de problemas a la salud mental a través de iniciativas como la campaña LUMENS: dar luz a la Salud Mental que mejora la formación específica de los farmacéuticos en el abordaje a este respecto. 

Sin olvidar, asimismo, el importante rol asistencial que desempeñan las farmacias en los entornos rurales, en los que, en la mayor parte de los casos, son el único agente sociosanitario al que pueden acudir sus habitantes. Esto no solo mejora los resultados en salud de dichas áreas, sino que está demostrado que tiene un efecto protector frente a la despoblación, ya que entre 2008 y 2021, los municipios de menos de 2000 habitantes que perdieron menos población en edad de trabajar y población femenina fueron aquellos en los que había una farmacia. 

Atajar las desigualdades y lograr la máxima equidad en salud es el reto social más importante de nuestra generación. En este contexto, la importancia de las políticas sanitarias y sociales para disminuir la desigualdad es máxima, pero solo un tejido comunitario bien enraizado permitirá que las distintas medidas, acciones y campañas lleguen a los grupos más vulnerables. El caso de la farmacia comunitaria como catalizador de salud en nuestro país resulta especialmente interesante y muestra cómo la cercanía, la accesibilidad y la integración en el tejido comunitario son valores insustituibles en la lucha contra las inequidades en salud. 

Por Claudia García-Vaz, Policy Officer del Instituto de Salud Global de Barcelona, Gonzalo Fanjul, director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona y Sara Santamaría, técnico de Sostenibilidad del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.