¿Qué piensa la España vaciada sobre el cambio climático y la transición ecológica?

La transición ecológica en nuestro país necesita de la España rural, pero también ejerce sobre ella una carga a veces ominosa y desproporcionada sobre sus recursos y motores económicos: su paisaje está obligado a albergar a la mayoría de las energías renovables, sus campos son la fuente de alimentos que la ciudad pide que sean cada vez más sostenibles y sus bosques es donde se neutraliza parte de la huella de carbono.

A pesar de ello, la voz de esa España rural suele estar relegada en el debate medioambiental de nuestro país. Aunque representa el 85% del territorio español, solo cuenta con el 15% de la población. Es, demasiadas veces, objeto de discusión, pero no sujeto en la conversación sobre cambio climático y sostenibilidad. No logra hacer oír sus intereses, puntos de vista y opiniones diferenciadas frente a la mayoritaria España urbana.

OIKOS y Legados han llevado a cabo el estudio demoscópico Vaciada ¿y verde? que inquiere sobre esos puntos de vista y opiniones de la España rural frente a la España urbana. Los resultados son sorprendentes y a su vez esperables. Revelan que, si bien existe un consenso troncal entre campo y ciudad sobre el grado de preocupación por el cambio climático, se observa cierta reticencia de la España rural hacia aspectos de la transición ecológica que le afectan de manera más negativa que a la ciudad.

En concreto, ese recelo se precisa en lo que respecta a las regulaciones ambientales al sector primario y las restricciones a combustibles fósiles, el uso del suelo para energías renovables, la caza y el impacto económico de espacios naturales protegidos.

Más allá de la dicotomía entre campo y ciudad, la ideología sigue siendo el factor determinante a la hora de generar divisiones sobre medio ambiente y clima

El área de mayor discrepancia es el despliegue de renovables. Esa reticencia es comprensible. Por configuración geográfica, el territorio de la España rural acogerá mayormente las nuevas instalaciones de energías renovables que se necesiten para alcanzar el objetivo de descarbonización de producir en 2030 el 80% de nuestra energía con fuentes renovables. Sin embargo, la producción de esa energía será mayoritariamente destinada a la ciudad, y en algunos casos lo hará a costa a descapitalizar la economía del campo; es decir, de la actividad agroganadera.

Así lo denunciaban recientemente la asociación apolítica SOS Rural y así lo refleja nuestro estudio: hasta un 40% en la España rural desea que el uso del suelo rústico sea destinado únicamente a la agricultura o a la ganadería, mientras que solamente el 28% de la España urbana es de esa opinión. Además, si bien 3 de cada 10 habitantes de las ciudades se opone a instalar parques fotovoltaicos y granjas eólicas en su provincia, esa disconformidad se eleva a la mitad entre la población de la España rural. Es por ello por lo que consignas como «renovables sí, pero no así» o «el capital nos echa del rural» resuenan especialmente en la España rural.

Y a la reticencia hacia el despliegue de las renovables se añade el recelo hacia las crecientes normativas y regulaciones medioambientales que afectan al sector primario. El estudio muestra que en el campo, el posible aumento de esas regulaciones cuenta con un 20% menos de apoyo que en las ciudades, donde alrededor de la mitad de la población lo cree necesario, ya que si bien el sector primario es el motor económico del campo español, la ciudad no lo valora en la misma escala de importancia. Además, lo percibe como una causante del calentamiento global en mayor medida que el campo: 1 de cada 2 habitantes urbanos así lo piensan, frente a 1 de cada 3 habitantes rurales.

Otros puntos de discrepancia tienen que ver con las actitudes hacia las estrategias de gestión de la biodiversidad, la caza o el decrecimiento. Aunque el mundo rural parece reconocer los potenciales beneficios de los espacios protegidos tanto como la ciudad, aparece una mayor preocupación por los efectos negativos que estos puedan tener en la economía rural. También en relación con estos, la mitad de la población rural considera la caza como una actividad compatible con la gestión de los espacios naturales protegidos, algo menos común entre los residentes urbanos. Asimismo, el campo expresa mayor rechazo hacia concepciones ecologistas idiosincráticamente urbanas, como el decrecimiento o el antinatalismo, que son posiciones antitéticas a las reclamaciones históricas de la España vaciada.

Finalmente, otra revelación clave de nuestro estudio tiene que ver con el grado de polarización ideológica que suscita el debate ecológico. Los datos del estudio confirman que, más allá de la dicotomía entre campo y ciudad, la ideología política sigue siendo el factor determinante a la hora de generar divisiones sobre medio ambiente y clima en España. De forma general, los individuos con una ideología afín a la izquierda en zonas rurales mantienen posturas muy similares a los residentes urbanos con la misma orientación ideológica. Pero los resultados revelan cómo esas discrepancias entre izquierda y derecha resultan ser más pronunciadas en la ciudad que en el campo: el ecologismo, en cuanto controversia, sería un fenómeno más urbano que rural. Así, las medidas relacionadas con la transición estarían suscitando mayor controversia y polarización en las áreas urbanas y no tanto en la España rural.

¿Qué conclusiones extraemos de este estudio? Que las renovables y la agricultura emergen como puntos de tensión entre el campo y la ciudad que, de no ser debidamente atendidos, podrían ahondar en divisiones de opinión que serían difíciles de revertir. Ya de por sí, el mundo rural español estaría percibiendo los debates y discusiones políticas sobre transición ecológica como producto de ansiedades urbanas ajenas a las preocupaciones reales y próximas de la España rural, pero los problemas prioritarios a los que se enfrenta el campo español son la despoblación, el envejecimiento y la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades laborales. A eso se añade que el campo también se enfrenta a una realidad ecológica diferente, con una mayor exposición y vulnerabilidad del mundo rural a los costes y desafíos que conlleva la transición ecológica.

Los hallazgos de este estudio implican que la formulación de políticas medioambientales y climáticas en España deberían prestar más atención a la España vaciada. Es necesario confeccionar estrategias adaptadas a sus preocupaciones para lograr consensos efectivos entre campo y ciudad y, así, conseguir respaldos amplios a una transición ecológica equilibrada, justa y sensata. Nos encontramos en las primeras etapas de una transición ecológica que podría acelerarse en los próximos años, y todavía tenemos la oportunidad de evitar la escalada de oposición por parte del campo que ya se observa en países como Holanda, Australia o Estados Unidos. Un rechazo profundo del campo español hacia la transición ecológica es un riesgo real: urge hacer lo posible para evitarlo por el bien de nuestros intereses como país y de nuestros compromisos colectivos de lucha contra el cambio climático y protección del medio ambiente.

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Toni Timoner Salvá es cofundador del ‘think tank’ OIKOS.

Paula Roig Boixeda es investigadora de la fundación Legados.