España, ¿potencia mundial en I+D+i?

Artículo

Carlos Artal

Un país puede considerarse competitivo cuando logra manejar sus recursos y competencias de manera que, además de aumentar la producción de sus empresas de forma sostenible, mejora la calidad de vida de sus ciudadanos, fomentando el progreso y el Estado de bienestar. Esto solo se consigue a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como con la colaboración entre diferentes agentes del ecosistema innovador. Y por ello, en torno a la mejora del bienestar, tradicionalmente los sectores que más esfuerzos han destinado han sido salud y tecnología.

En este sentido, el conocimiento y la tecnología se han convertido en algunos de los activos más importantes a gestionar por parte de las empresas e instituciones de nuestro país. Iniciativas de países con potencial innovador como Reino Unido a través de su Oficina para la Trasferencia de Tecnología (o Goverment Office for Technology Trasnfer) nos muestran la necesidad de crear espacios de encuentro donde la innovación pueda prosperar y donde una mejor gestión y explotación de los activos de conocimiento puede transformar procesos, productos y servicios en los sectores públicos y privados.

El apoyo a la transferencia de conocimiento y la tecnología contribuye a impulsar el potencial de la innovación, aumentando la competitividad de las empresas, mejorando el rendimiento en todos los aspectos productivos del territorio, y repercutiendo directamente en la sociedad y la competitividad del país. Los resultados de las actividades de I+D+i que realizan universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación públicos y privados y las propias empresas, apoyados por estructuras del estado, favorecen la transferencia y dotan a los países de una capacidad inigualable para afrontar situaciones complejas, y tener independencia de recursos.

En los últimos años el fomento de la innovación y la transferencia tecnológica en España se ha visto incrementado, y una muestra de nuestra capacidad es el proyecto IMAS (Imagen Molecular de Alta Sensibilidad), liderado por la Consellería de Sanitad Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, que contribuirá a mejorar la calidad de la atención médica al permitir diagnósticos más precisos y cuantificables a través de un dispositivo de tomografía por emisión de positrones (PET). Un hito en la apuesta y mejora de servicios públicos de salud y en el apoyo a empresas innovadoras desde la administración pública, que ha posibilitado la llegada a mercado de tecnologías, facilitando la realización de proyectos demostradores a través de un mecanismo público como es la Contratación Pública de Innovación. Más de siete empresas y diversos centros de investigación han intervenido en este proyecto que actualmente ya está instalado en el Hospital La Fe en Valencia, donde se están realizando las primeras pruebas de validación.

El apoyo a la transferencia de conocimiento y la tecnología contribuye a impulsar el potencial de la innovación, aumentando la competitividad

Sin embargo, y a pesar de proyectos tan disruptivos que traccionan para unir en un mismo objetivo a empresas privadas y públicas, acercando tecnologías al mercado que repercuten directamente en el bienestar de la sociedad y al avance de la ciencia, aún falta implementar propuestas de mejora que ayuden a trasladar los logros científicos-tecnológicos al mercado, en forma de bienes y servicios innovadores y alcanzar así los niveles del resto de países europeos.

Nos remitimos al ejemplo de proyecto de IMAS porque se trata de los éxitos recientes más llamativos del potencial que tiene nuestro país en innovación siempre y cuando se cuente con el apoyo de la Administración, generando una colaboración público – privada.

Recuerdo las conclusiones desgranadas en el informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM) que asesoró al Ministerio de Ciencia durante la pandemia en el que se recordó que España se situaba en el segundo lugar del mundo en términos de producción científica por cada euro invertido, a pesar de estar en mala posición respecto a la financiación global de la ciencia, y concluyó que ese elevado potencial científico español «respondería muy bien a cualquier impulso adicional que lo apoyase», y, a su vez, lamentaron las dificultades para trasladar toda esa producción científica que se estaba desarrollando a la industria.

Según el IV Barómetro Internacional de la Innovación que realizamos anualmente desde Ayming, el 66,7% de las empresas españolas de salud y biotecnología aseguraron recurrir a las subvenciones europeas para acometer innovación, antes que a las propias desplegadas por el Gobierno español, un porcentaje que ha crecido en 46 puntos respecto al año anterior. Esto se debe, principalmente, a que las ayudas públicas nacionales cubren un menor porcentaje del gasto y se encaminan a otorgar más bien préstamos. Además, la intensidad de la financiación europea es más fuerte y los criterios técnicos y de solvencia económica exigidos en España son muy estrictos.

Mi sensación es que las palancas que fomentan la inversión privada en I+D+i en España, y más tras la situación que vivimos con el covid, deberían haberse flexibilizado mucho más, agilizando y facilitando el desarrollo de la I+D+i. Lamentablemente, por el contrario, se están poniendo muchas trabas.

Sin ir más lejos, se están dificultando determinadas deducciones fiscales como, por ejemplo, las bonificaciones a la seguridad social por personal investigado, limitando, así, el retorno de las empresas por su actividad innovadora. Empresas, grandes y pequeñas, que, recordemos, han sido capaces de parar sus rotativas, reinventarse, innovar y dar solución a una pandemia mundial.

Ahora que volvemos a encontrarnos en un momento electoral, todos aquellos conformamos el ecosistema innovador tenemos el deber y la obligación de proteger una de nuestras principales fortalezas como país: la innovación, la investigación y sus profesionales porque hemos demostrado que cuando todos los engranajes encajan somos imparables y, solo hace falta que este modelo de colaboración se implante definitivamente para ocupar la posición que nos corresponde.

Carlos Artal es director general de Ayming España