El ‘greenwashing’ sale caro

Para la sociedad, la sostenibilidad es cada vez más importante. Por ello, muchas empresas se están volcando en ella, convirtiendo en imprescindibles en sus procesos los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés). De hecho, el 96% de las compañías ya realiza informes sobre el impacto medioambiental de su actividad, según el último estudio Survey of Sustainability Reporting de KPMG. Y no es de extrañar el interés: además de ese punto de vista social, el 64% tiene claro que el cambio climático pone en riesgo sus negocios.

En este viaje empresarial hacia la sostenibilidad, muchas empresas se están esforzando para transformar su modelo productivo en uno con menor impacto ambiental. Pero otras solo están realizando cambios estéticos para que la sociedad, cada vez más exigente, las contemple como corporaciones responsables y comprometidas. Hasta la fecha, esas empresas no asumen ningún coste, pero a partir de ahora el greenwashing podrá salir muy caro. El enorme salto regulatorio de los últimos años –tanto a nivel nacional como europeo– podría sentar en el banquillo a las compañías ecoblanqueadoras.

Ya con la puesta en marcha del Pacto Verde Europeo, las instituciones europeas se comprometieron a combatir la información engañosa. Ahora, el blanqueamiento ecológico va a ser mucho más complicado gracias a la Taxonomía Europea, un nuevo sistema de la Unión Europea para clasificar qué actividades pueden ser consideradas verdaderamente «sostenibles». Su objetivo es proporcionar definiciones robustas y requerimientos de divulgación transparentes para promover la canalización de financiación a actividades que contribuyan sustancialmente a resolver la emergencia climática y medioambiental. Respecto a los eslóganes ambiguos, la Propuesta de Directiva sobre nuevas normas para fundamentar las alegaciones ecológicas busca obligar a las compañías a superar un riguroso proceso de verificación científica para poder plasmar sellos ecológicos en sus productos.

La Taxonomía Europea ha definido qué se puede considerar sostenible y ha generado mecanismos de control sobre la actividad de las corporaciones

Además, la Unión Europea acaba de aprobar la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), una iniciativa legislativa que pretende mejorar la rendición de cuentas de las grandes empresas al obligarlas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en el medio ambiente.

Y, en España, la nueva Ley Crea y Crece incorpora el reconocimiento de la figura de las sociedades de beneficio e interés común (SBIC). Se trata de empresas que, voluntariamente, deciden recoger en sus estatutos «su compromiso con la generación explícita de impacto positivo a nivel social y medioambiental a través de su actividad; y su sometimiento a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de los mencionados objetivos sociales y medioambientales». Es un primer paso para una mayor implicación de los reguladores españoles.

Esta definición más clara de conceptos y el interés legislativo de los diversos Gobiernos pueden suponer el adiós al greenwashing, ya que abre la puerta a una avalancha de litigaciones cada vez más complicadas de superar con éxito.

En Estados Unidos ya se han registrado ejemplos del interés litigante contra las compañías que solo se esfuerzan por parecer preocupadas por la ecología. Hace seis meses, una asociación denunció a una reconocida marca de moda por greenwashing y, en 2021, la ciudad de Nueva York interpuso una querella por el mismo motivo contra tres petroleras y su patronal. Una realidad que ayuda a dirigir al sector empresarial, definitivamente, hacia una transición ecológica eficaz, transparente y confiable.