Compra pública verde: un paso imprescindible hacia un modelo circular

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Juan León García

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Borja Rebull

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Nicolás Aznárez

Quién le iba a decir a Giuseppe Tomasi di Lampedusa que la frase más manida de su Gatopardo serviría también para explicar la situación que se vive en la administración española en términos de compra pública verde: «Cambiar todo para que nada cambie». A pesar de que se han promulgado nuevas legislaciones al respecto (la más reciente, la de 2017) que buscan adaptarse a las exigencias de la Unión Europea (UE) en materia de sostenibilidad y buena gobernanza, la sensación que hay entre las empresas españolas que deciden presentar una oferta para un pliego es desalentadora: el precio sigue imponiéndose como condición sine qua non. Exportar parece una opción más viable.

Esa es, al menos, la experiencia de la compañía aragonesa Arpa Equipos Móviles de Campaña (ARPA EMC). Su CEO, Clara Arpa, es tajante al respecto: «La compra pública tiene que verse primero como inversión y no como un coste. Siempre nos están diciendo “eres muy caro” y se van a empresas asiáticas o distribuidores que traen producto de fuera y se lo compran a ellos porque es más barato. Entonces acabamos exportando».

Aun así, las placas tectónicas de las contrataciones en el sector público están tambaleándose, en parte gracias a la actualización de las leyes que las regulan y en parte también gracias a la adopción de buenas prácticas por parte de las comunidades autónomas. Por ello, el «cambio de paradigma» ya está aquí, anuncia Mónica Giménez Baldazo, miembro del grupo de investigación Compra Pública Verde de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), en referencia a las nuevas variables que deberían marcar un antes y un después en la contratación pública, como son las sociales o las medioambientales. Es decir, apunta, «requisitos que hablan de calidad» y de visión a largo plazo frente a los criterios tradicionales. Lo hacen porque después «es mucho más caro por esos residuos que produce, o se rompe antes y hay que comprarlo en menos tiempo».

Son precisamente estos nuevos criterios los que abren una puerta a la esperanza para compañías que llevan tiempo incorporando sistemas innovadores en su modelo de negocio. Por ejemplo, ya es habitual que se use polvo de caucho para pavimentar las calles. Este material es una apuesta sostenible de la industria de la automoción, que recicla los neumáticos para convertirlos en un granulado con muchos usos potenciales. Para que se pueda materializar en esas distintas aplicaciones Leticia Saiz, directora de Desarrollo e Innovación de Signus, ve en la compra pública verde «una de las palancas» fundamentales para asentar este uso de material reciclado. Es, además, una salida para los neumáticos inservibles, que tampoco se pueden reutilizar para fabricar otros nuevos.

Leticia Saiz (Signus): «Hay una necesidad de colaboración público-privada entre empresas y universidades y administración»

Muestra de ello es un tramo de unos 20 kilómetros en Tarragona, que se fabricó a menos temperatura gracias a las tecnologías punteras y sobre el que se aplicó una capa de rodadura con una alta tasa de polvo de neumático. La obra, concedida por la Generalitat de Cataluña a Eiffage Infraestructuras mediante un sistema de compra pública innovadora, valoró aspectos sociales como la mayor seguridad para los ciclistas gracias a un «pavimento amigable», asegura Rafael Martínez Moriano, coordinador de proyectos del Departamento de I+D+i de la empresa.

El mecanismo catalán es aún una rara avis en España. La compra pública verde debe enfrentarse en el país a retos importantes, como analizaban estos cuatro expertos en el encuentro organizado por Ethic y la entidad sin ánimo de lucro Signus (Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Usados) que moderó Pablo Blázquez, fundador y director de Ethic.

España a dos velocidades

Porque, mientras la regulación vive un «tsunami legislativo» (término acuñado por el grupo de investigación de la UAH) —provocado por el marco regulador nuevo como por las modificaciones en el ya existente—, el plazo entre que se redacta un pliego de contratación se adjudica a una empresa y se pone en marcha puede demorarse, estima Giménez Baldazo, «entre diez y doce meses». Esto crea en ocasiones problemas, como han comprendido los investigadores analizando los pliegos de comedores escolares publicados en 2022 en el País Vasco y que entrarán en vigor en septiembre. Entre medias, ha cambiado la Ley de Residuos. «Eso significa que tú te presentaste a un concurso con una licitación y unas reglas del juego, y el día que sales al campo, te han cambiado el juego», resume.

Mónica Giménez Baldazo (UAH): «Ya no se trata de comprar lo más barato sino de buscar algo más de calidad»

En Andalucía, Saiz se ha encontrado con que la Junta empieza a incorporar los criterios ambientales y sociales en la misma contratación convencional exigidos, por ejemplo, en el uso de mezclas asfálticas MASAI, elaboradas con materiales sostenibles. Es decir, sin necesidad de poner en marcha sistemas de compra pública ecológica o verde. Ante esos movimientos autonómicos, Martínez avisa de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana vive en estos momentos «una revolución para la compra pública» con el objetivo de no quedarse atrás, tras años sin realizar cambios.

El eje de la formación

Gran parte de los males de una ineficiente administración pública nacen de la falta de formación de los técnicos encargados de elaborar las licitaciones. «Llevamos mucho tiempo insistiendo en las consultas preliminares del mercado y de la formación», aporta Giménez Baldazo. Incluso ocurre, responde Saiz, que existen entes públicos con «voluntad» para actualizar sus conocimientos, pero que «no saben cómo hacerlo». Para solventar este problema, la representante de Signus ve en la colaboración público-privada una salida factible para desenmarañar el enredo normativo, para el que ni siquiera hay un documento tipo de referencia.

Es parte del camino que se ha de andar para que haya coherencia entre sostenibilidad y compra pública, que Gil define como «una de las palancas de acción más eficaces para incentivar dinámicas virtuosas» en las cadenas de producción y prestación de servicios. Arpa, también presidenta del Pacto Mundial España, se muestra más contundente y no ve otra salida que hacer borrón y cuenta nueva en la estructura pública. Y cuanto antes se acometa, mejor. «Porque si no entonces los expedientes tardarán cada vez más tiempo, pero siguen llegando legislaciones y seguimos teniendo que cambiar. O hacemos una profunda reestructuración o vamos a colapsar», zanja.