Claves y aprendizajes de lo que pasa en Doñana

Artículo

Ariadna Romans

@AriadnaRmans

Fotografía

Birding In Spain/Wikimedia

Cuando pensamos en conflictos ambientales siempre relacionamos sus causas con el cambio climático. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tienen orígenes humanos. Desde hace unos días el Parque Natural y Nacional de Doñana es noticia en todos los medios. Desde que el Parlamento de Andalucía, liderado mayoritariamente por el Partido Popular, aprobó la toma en consideración de la proposición de ley para aumentar los regadíos del parque, la polémica no ha dejado de crecer. Pero, ¿qué está pasando realmente en Doñana? Y, sobre todo, ¿qué precedentes puede dejar para la gestión de futuros conflictos ecosociales?

El Parque Natural y Nacional de Doñana se encuentra entre las provincias andaluzas de Sevilla, Huelva y Cádiz y fue reconocido como Patrimonio Natural de la UNESCO en 1980. Su extensión alcanza una superficie de 54.252 hectáreas, tal y como recoge la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, la zona periférica de protección blinda 74.278,95 hectáreas. En total, el impacto del parque va mucho más lejos: su área de influencia socioeconómica es de 200.601,86 hectáreas. El parque es uno de los ecosistemas más variados de España y acoge en el numerosas aves acuáticas a lo largo del año. Y tiene un importante acuífero que se encuentra actualmente sobreexplotado debido a las extracciones de la agricultura. Este espacio es conreado por un gran número de agricultores que, de forma regulada y con sus permisos de explotación, utilizan los recursos que brinda el entorno. Pero también hay un gran número de personas que acceden a sus recursos de forma ilegal y no regulada, hecho que desgasta el ecosistema y sus reservas.

El Ministerio de para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó un informe de situación en noviembre exponiendo un Marco de Actuaciones para Doñana, dotado con 356 millones de euros, con la intención de revertir la degradación del medio ambiente de la zona y recuperar su funcionamiento ecológico en áreas esenciales. Entre sus medidas se preveían tres principios fundamentales: el cierre de pozos ilegales y el aumento de medidas de control en la zona, una sustitución del uso de aguas subterráneas por aguas superficiales con la renaturalización de los conreos de regadío por otros sistemas más sostenibles y medidas de restauración y conservación de la biodiversidad de Doñana.

El reto de Doñana no solamente es relevante por su caso particular, sino también por el precedente que puede dejar para futuros conflictos similares

Uno de los temas que más inquietudes han generado en este debate ha sido el carácter de urgencia de la propuesta de ley. Con los datos de sequía que se prevén por el país en los próximos meses, aumentar el acceso al agua de agricultores que han estado sobreexplotando el recurso de forma ilegal no parece una buena solución para muchos ecologistas y expertos científicos. Sin embargo, el gobierno autonómico andaluz defiende que es una medida que se toma para ayudar a este sector durante momentos tan difíciles, y que en ningún caso se pretende malmeter el ecosistema de Doñana. El gobierno español ya ha mostrado su rotundo desacuerdo con esta propuesta y ha asegurado en llevarlo al Constitucional. Este movimiento también ha hecho saltar las alarmas de la Comisión Europea, que ya tenía un expediente abierto contra España a causa de la sobreexplotación del acuífero de Doñana. Ambas posiciones contrarias destacan, además de su negativa, la poca claridad de la propuesta de ley sobre cómo se van a desarrollar los objetivos que contempla, como la creación de un trasvase de agua para sostener las agriculturas de regadío que se plantean regularizar.

Otro tema que se discute por parte de los opositores a la propuesta de ley es la necesidad no solamente de revertir el paradigma actual, sino también de rendir cuentas con aquellas personas que llevan años infringiendo y castigando el ecosistema. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la frágil situación en la que se encuentra el sector agrícola, cada vez más precarizado y con menos opciones de futuro. En este punto, cabe recordar que la transición climática también debe ser social y no dejar a nadie atrás es algo fundamental que todas las posiciones deben tener en cuenta.

Conflictos como la sobreexplotación de los recursos hídricos, la contaminación de los ecosistemas, las actividades extractivas o la sostenibilidad y legalidad de las prácticas agrícolas y uso del suelo serán algunos de los retos principales de la gestión de los impactos del cambio climático. El reto del Parque Natural y Nacional de Doñana no solamente es relevante por su caso particular, sino por el precedente que puede dejar para futuros conflictos similares. Si un aprendizaje nos deja es que la gestión de los recursos naturales no puede comprenderse sin considerar a todos los actores implicados de forma directa o indirecta. Doñana abre un debate y sienta un precedente para toda la península pero también para la regulación ambiental internacional.