Internacional

La esclavitud moderna, resultado del 90% de las guerras actuales

La guerra en Ucrania exige la integración de un número considerable de refugiados en las poblaciones europeas receptoras, una situación de extrema vulnerabilidad que amenaza con su legitimidad, derechos humanos y seguridad laboral. Precisamente por eso, las empresas con afluencia de refugiados en su cadena de suministro deben hacerse (más que nunca) una pregunta muy sencilla: ¿qué procesos están llevando a cabo para asegurarse de que no contribuyen a la explotación?

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13
Sep
2022

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La guerra de Ucrania nos recuerda las devastadoras consecuencias del conflicto más allá del número de muertos directos, desplazando a las poblaciones y desbaratando los medios de vida. Desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, este país ha sido testigo de uno de los éxodos más rápidos de la historia reciente. Hasta la fecha, se han registrado casi 6,7 millones de refugiados en Europa. Aunque hay pruebas de que los ucranianos están regresando poco a poco a su país de origen, la extrema reubicación provocada por el conflicto exige la integración de un número considerable de refugiados en las poblaciones europeas receptoras.

Lamentablemente, los titulares de Ucrania son la punta de un iceberg: la ONU calcula que unos 100 millones de personas en todo el mundo han sido desplazadas por la fuerza de sus hogares, en la mayoría de los casos como consecuencia de la violencia. Además, la esclavitud moderna y la trata de personas han sido una consecuencia del 90% de las guerras actuales. Esto se debe a una mezcla de factores, como que los refugiados sean recogidos por los traficantes al cruzar las fronteras o que acepten ofertas de alojamiento o trabajo sin validar su legitimidad y seguridad.

La vulnerabilidad de los refugiados suele verse agravada por factores demográficos, ya que las mujeres y los niños están sobrerrepresentados entre las poblaciones desplazadas. Por ello, las empresas que operan en regiones que reciben refugiados deben ser conscientes de los riesgos de explotación laboral en sus operaciones y cadenas de suministro.

Tras la guerra civil siria de 2011, Turquía experimentó una gran afluencia de refugiados. En la actualidad, el país alberga la mayor población de refugiados del mundo: 3,6 millones de ellos son sirios. Una proporción significativa de estos refugiados se integró en el sector de la confección, que supone una parte importante de la economía turca. Pero incluso antes de la crisis de los refugiados sirios, la industria de la confección dependía en gran medida de una mano de obra barata y flexible formada por migrantes. Actualmente hay informes sobre la explotación laboral generalizada de los refugiados, con pruebas que muestran jornadas laborales semanales de más de 60 horas y que la mayoría de los trabajadores sirios ganan por debajo del salario mínimo.

Algunas investigaciones apuntan que los refugiados sirios trabajan jornadas de más de 60 horas a la semana y por debajo del salario mínimo

Concretamente en Estambul, se cree que el 85% de los sirios tienen un empleo informal. En consecuencia, las marcas de ropa de todo el mundo fueron objeto de escrutinio por su falta de acción adecuada, y sólo unas pocas marcas recibieron elogios por sus buenas prácticas. Otra área de alto riesgo es el sector de las empresas de contratación, porque las agencias de empleo y las empresas de trabajo temporal suelen interactuar con personas que buscan rápidamente un trabajo, tras haber sido desplazadas de sus hogares y de su empleo original.

Con la entrada en vigor de una oleada de leyes de diligencia debida obligatorias en toda Europa, aumenta la atención y el control sobre los abusos de los derechos humanos como la esclavitud moderna. Con la responsabilidad civil tangible y las multas económicas en el horizonte, así como la responsabilidad empresarial básica, la importancia de analizar y gestionar los posibles riesgos para los derechos humanos nunca ha sido mayor, tanto para los equipos de gestión como para los inversores en esas empresas.

Por ello, como punto de partida, hay dos preguntas sencillas que los inversores que quieran comprometerse con esta cuestión deberían hacer a las empresas: ¿Cómo se han visto afectadas sus cadenas de suministro por la afluencia de mano de obra inmigrante y cómo están evaluando los riesgos asociados a la esclavitud moderna? ¿Qué procesos de diligencia debida mejorados están llevando a cabo teniendo en cuenta este mayor riesgo?

En este sentido, debido al mayor riesgo asociado a los derechos humanos en las zonas afectadas por conflictos y sus alrededores, creemos que las empresas deberían cumplir con la política de derechos humanos en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU, por sus siglas en inglés) e, incluso, ir más allá. Deberían adaptar las políticas existentes a las necesidades específicas de las zonas afectadas por conflictos y llevar a cabo una mayor diligencia debida en estos contextos.


Este contenido ha sido creado por Schroders.

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