Economía

Empresas con propósito: una nueva ley para una nueva forma de entender la compañía

La nueva figura empresarial de las Sociedades de Beneficio e Interés Común, ahora reconocidas legalmente, son un paso de gigante en un camino que ya venía recorriéndose desde hace tiempo: el de las actividades productivas que, más allá de generar valor económico, pretenden contribuir positivamente al medio ambiente y al bienestar de las personas midiendo el impacto de su negocio.

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29
Ago
2022

Desde que, hace ya más de 50 años, el premio Nobel de Economía y adalid de la llamada Escuela de Chicago, Milton Friedman, postulara aquello de que «la única responsabilidad de una empresa consiste en utilizar sus recursos en actividades encaminadas a incrementar los beneficios de los accionistas» han pasado muchas cosas y se ha evolucionado enormemente en la consideración del papel del agente ‘empresa’ en la construcción de sociedades más justas y sostenibles.

Desde la concepción de que las actividades sociales se llevarán a cabo solo si la ley así lo estipula o si la actividad contribuye al aumento del valor de las acciones de la empresa, se ha pasado por diversas teorías. En primer lugar, la del desempeño social corporativo, que sostiene que las empresas tienen una responsabilidad en los problemas que ellas mismas generan (lo de devolver a la sociedad, vaya). También la de los grupos de interés de Edward Freeman, que insiste en que una empresa tiene que responder por los legítimos intereses y demandas de los grupos con los que se relaciona. Y, más recientemente, la idea de una ciudadanía corporativa en la que la empresa, como buena ciudadana, se compromete activamente con la sociedad y sus principales problemas.

En definitiva, a lo largo de los años se ha ido construyendo un corpus teórico donde se ha evolucionado desde el egoísmo capitalista hasta la reacción ante las demandas de los grupos sociales, pasando la respuesta táctica (y aprovechada) de ciertas tendencias y problemas o el empresacentrismo que concibe a la empresa como la única entidad legitimada para actuar, debido a su demostrado y evidente expertise en el uso eficaz y eficiente de los recursos, además de la concepción de que esta es un actor, cualificado y muy importante –sí, pero no único– para atajar los graves problemas a los que nos enfrentamos.

Evidenciar de manera transparente el desempeño de una empresa con propósito, más allá de generar una ‘certificaditis’, lo que garantiza es una verificación externa y rigurosa

Hay que felicitarse. Precisamente con motivo de esta última concepción que ha conseguido introducir en la tramitación parlamentaria de la ley de Creación y Crecimiento de Empresas una enmienda, ampliamente respaldada por muchos grupos parlamentarios, que reconoce que hay empresas ciudadanas: las a partir de ahora llamadas Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), aquellas que en sus estatutos incorporen expresamente su propósito de generar valor económico, social y ambiental.

Sí, todas nuestras actividades, acciones y organizaciones crean y destruyen valor económico, social y medioambiental. Lo que ocurre es que, tradicionalmente, esto era visto como una ecuación de suma cero: para generar valor económico había que destruir valor social y/o ambiental. Y viceversa: generar impactos sociales y ambientales positivos no era rentable. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la ecuación se ha convertido en una suma no nula, pues todos los valores pueden adicionar de manera positiva y no necesariamente contrarrestarse unos a otros. De hecho, más allá de estudios, hay evidencias de mercado que lo demuestran: el crecimiento exponencial de la llamada inversión de impacto, es decir, un incremento del 33% en los activos gestionados, cinco veces más que hace tres años, según el SpainNAB ESADE del pasado junio de 2022. Por si fuera poco, otras investigaciones demuestran que las empresas orientadas al triple impacto (B Corp) mejoran sus resultados económicos anuales en un 30% de media.

Esta nueva figura empresarial, ahora reconocida legalmente, es un paso de gigante en un camino que ya venía recorriéndose desde hace tiempo. Hay que remontarse a la economía social tradicional (cooperativas, empresas de inserción, etc.), a los postulados de la economía del bien común, a las iniciativas de economía social y solidaria o al emprendimiento social, entre otras, para afianzar un movimiento que venía reivindicando un reconocimiento legal y un paraguas institucional para actividades productivas y comerciales que, más allá de generar valor económico, pretendían contribuir positivamente al medio ambiente y al bienestar de las personas.

En España hay 6.000 empresas que ya han tenido la oportunidad de medir el impacto de su modelo de negocio para compararse y, lo más importante, identificar pautas de mejora

Más recientemente, la publicación de un libro verde y de un libro blanco de las empresas con propósito, iniciativa coordinada por B Lab Spain y el despacho Gabeiras&Asociados, junto con el Manifiesto dirigido a los poderes públicos para el impulso de un nuevo modelo empresarial inclusivo y sostenible –respaldado por 400 organizaciones, 50 personalidades y 30.000 firmas ciudadanas– son algunos hitos que han permitido este reconocimiento. Un hecho que además coloca a España junto a franceses e italianos, entre otros países, en la cabeza de una imparable tendencia de creación de un tejido empresarial comprometido, innovador y responsable.

No obstante, como decía el poeta Antonio Machado, se hace camino al andar. A estas nuevas SBIC se les exige en la ley que no solo lo sean, sino que lo demuestren. Así, la enmienda aprobada establece la necesidad de evidenciar de manera transparente su desempeño en los tres ámbitos. Esto, más allá de generar una cerificaditis, lo que garantiza es una verificación, externa y rigurosa que tenga en consideración a los grupos de interés relevantes en sus decisiones.

En España hay actualmente más de 6.000 empresas –algunas tan reconocidas como Danone, Camper o CAPSA– que ya han utilizado la herramienta gratuita de medición y mejora de impacto creada por B Lab, compañías que han tenido la oportunidad de medir el impacto de su modelo de negocio para compararse con otras y, lo más importante, identificar pautas de mejora.

La ley no pide certificado de buena conducta, sino una medida rigurosa del impacto. No pide un sello (B Corp, o el que sea), pide evidencias que eviten el greenwashing o el socialwashing al que, tantas veces, una concepción de la RSC mal entendida nos ha tenido acostumbrados. Felicitémonos por el nacimiento legal y el reconocimiento de la labor de empresas con propósito, comprometidas, y no busquemos tres pies al gato con espurias y ocultas intenciones «lobistas». No las hay.


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