Menores tuteladas y explotación sexual: ¿El fracaso del modelo de protección? (I)

Artículo

Loola Pérez

@DoctoraGlas

De un tiempo a esta parte, la violencia sexual sufrida por menores tutelados está ocupando numerosos titulares. Al conocer estas noticias, difícilmente uno se puede sacudir la indignación y la tristeza. Al fin y al cabo, los delitos sexuales están sujetos a mucha sensibilidad social, si bien, esta crece exponencialmente cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

El escándalo comenzó en las Islas Baleares, a finales de 2019. En la Nochebuena de ese año, una menor tutelada de 13 años confesó a una psicóloga de confianza que había sufrido una violación grupal y que querían prostituirla. Cursada la denuncia, se detuvo meses más tarde a varias personas, algunas de ellas menores de edad. Este episodio permitió conocer que 16 menores bajo la protección del Consell Insular de Mallorca habían sido víctimas de explotación sexual. Entonces, tanto representantes políticos como parte de la opinión pública, señalaron al Govern balear, presidido por Francina Armengol (PESIB-PSOE), al IMAS y a la Consejería de Asuntos Sociales, como instituciones supuestamente implicadas en la desprotección de estas menores.

Posteriormente, las investigaciones concluyeron que no se había podido demostrar que detrás de estos casos operara una red organizada de prostitución infantil. De modo que la Fiscalía de Menores de Baleares archivó el caso. Si bien, reconoció la existencia de casos aislados de explotación sexual de menores tutelados y aseguró que, conocidos estos, se procedía inmediatamente a investigarlos. Un ejemplo de ello era la presunta agresión sexual grupal a la menor de 13 años, la cual se sigue investigando.

Poco después, la Comunidad Valenciana entró en el punto de mira. En este caso, se señaló concretamente a un educador, Luis Eduardo Ramírez, ex marido de Mónica Oltra, vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. El susodicho ha sido condenado a cinco años de prisión por abusar de una menor. Asimismo, el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo valenciano) dio a conocer que, entre junio de 2020 y junio de 2021, un total de 127 chicas y 48 chicos menores de edad habían sido víctimas de abusos sexuales cuando se encontraban bajo la tutela de la Comunitat.

«No es un problema trivial; sin embargo, vemos a distintos representantes políticos con una subjetividad conformista al respecto»

En las Islas Canarias también se puso el foco en la situación de las menores tuteladas a propósito del caso 18 Lovas, pues algunas de las víctimas estaban a cargo del Servicio de Atención a la Familia del Gobierno canario. Esta presunta trama de prostitución de menores funcionaba bajo la falsa apariencia de una agencia de modelos. La investigación, que comenzó en 2016, describe que las menores, además de ser explotadas sexualmente, eran también coaccionadas y utilizadas para captar a otras chicas. Entre los encausados, se encuentra Eustasio López González (Lopesan), uno de los hombres más ricos de España.

Hasta hace muy poco, había quien creía que esto era solo un problema de la izquierda. Sin embargo, la problemática y la comprensión no está sujeta a ninguna dimensión partidista. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid también ha tenido que hacer frente a esta terrible realidad: al menos tres de las diez menores que eran explotadas sexualmente por una banda residían en centros de protección de la Comunidad de Madrid. Además, otra de ellas, estaba tutelada por un centro de Castilla y La Mancha.

No estamos ante un problema trivial y, sin embargo, semana tras semana podemos observar cómo distintos representantes políticos –supuestamente al servicio de la ciudadanía y de las víctimas– expanden una subjetividad conformista al respecto. Generan y explotan la indignación social ante estos hechos no para hacer autocrítica o buscar soluciones, sino como condición para demonizar al adversario político, desprestigiar la institución en su conjunto y arañar unos cuantos votos. 

Me atrevo a decir que gran parte de la clase política que hoy politiza el sufrimiento de estas jóvenes no siente dolor al respecto. Cuando se siente dolor, no hay eslogan partidista que valga. Los responsables políticos no pueden responder sintiéndose ofendidos ante estos casos o aludiendo a leyes que, pese a ser impulsadas por su propio partido, carecen de partida presupuesto o de un desarrollo efectivo. La política se ha puesto al servicio del electoralismo y sí, pese a que no es nada nuevo, resulta cada vez más impúdico y aberrante sus manifestaciones.

«La prevención constituye una herramienta indiscutible para prevenir posibles casos de explotación sexual infantil»

Además de facilitar las investigaciones y ampliar los recursos de prevención y asistencia, el desafío al que se enfrentan muchos de estos representantes públicos es evitar polarizar instrumentalizando el dolor de los otros. Recitar los detalles de las agresiones en sede parlamentaria o a través de sus perfiles en redes sociales es un ejercicio de revictimización. Esa puesta en escena no se trata de apelar al derecho de información, sino de colectivizar la ira y afear al adversario político. De modo que el uso político que se hace de la información de los casos que nos ocupan a menudo desprecia la protección de la infancia y la juventud. Es entonces cuando, lamentablemente, el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen de la víctima pasan a un segundo plano.

La preocupación y la inquietud social ante estos hechos no debe comprenderse como un fenómeno estrictamente negativo. Por el contrario, constituye la condición necesaria (aunque no suficiente) para investigar y sacar a la luz muchos casos de explotación sexual infantil y adolescente que se dan en contextos marginales, invisibles para gran parte de la población y que difícilmente, al no detectarse, son notificados a las autoridades. Pero el asunto no acaba en la investigación policial.

Las grietas del sistema, más allá de la guerra política

La prevención constituye una herramienta indiscutible para prevenir posibles casos de explotación sexual infantil. En ese sentido, cabe poner atención a las condiciones en las que se encuentran los centros donde residen las víctimas y preguntarse si el modelo de protección está fallando a estos menores. En general, los servicios sociales presentan un problema estructural: la externalización.

La gestión de los centros de protección depende a menudo de entidad sociales, fundaciones y empresas. Y sí, no dudo de que pueda existir muy buena voluntad, pero las condiciones en las que se trabaja frecuentemente hablan de precariedad, alta movilidad, escasos recursos y un exceso de trabajo burocrático. Pocos lectores dudarán de que es muy difícil, por no decir imposible, que un educador que está a cargo de ocho menores pueda establecer un buen rapport con cada uno de ellos. No hay que olvidar su realidad: familias desestructuradas o con modelos educativos inadecuados, problemas de adicción, problemas de comportamiento, escasos recursos, situaciones de orfandad, maltrato, negligencia, trastornos psicológicos, etc. En este contexto, se hace difícil atender las múltiples necesidades de los menores y cuidar el vínculo con estos.

«El asunto no acaba en la investigación policial: prestar atención a las condiciones de los centros de menores es fundamental»

El ingreso y el periodo de adaptación son, en muchas ocasiones, complicados. Los educadores facilitan que el menor se incorpore a su nueva situación respetando sus tiempos y prestando atención a la construcción del vínculo. Se vela para que el menor crezca en un entorno normalizado. Al menos, en teoría.

Pero proceso no es siempre es satisfactorio. De hecho, las conductas con las que lidian los educadores son similares a las que afrontan muchos padres. Hay menores que no respetan las normas, que no consiguen integrarse o que tienen que hacer frente, ya en el centro, a nuevos conflictos y situaciones como, por ejemplo, enfrentamientos con su grupo de iguales, dificultades escolares, problemas emocionales, de conducta o de salud mental.

A la vista de los casos de explotación sexual de menores tuteladas, también es relevante señalar los episodios de ‘no retorno’ (cuando el menor sale del centro y no vuelve a la hora prevista). Estos comportamientos pueden ser anecdóticos o habituales, pero suponen un factor de riesgo y, a menudo, la antesala de la explotación sexual. En general, se trata de desapariciones voluntarias. Ante la ausencia, el protocolo al respecto obliga a avisar a la policía. Sin embargo, al tratarse de desapariciones voluntarias, estas no se tipifican como ‘riesgo alto’.

Otro aspecto importante es la ausencia de políticas y protocolos especializados que oriente el trabajo de los profesionales de estos centros cuando se identifica o se sospecha de casos de explotación sexual. Así, la falta de recursos dificulta la detección de casos o de jóvenes en riesgo, si conviven víctimas y victimarios o la intervención con menores que actúan como ofensores. Este diagnóstico enfatiza que es urgente examinar el modelo de protección y mejorar el servicio. La función protectora de estos centros difícilmente se hará con garantías si se mantienen dichas condiciones y se prescinde de una atención especializada.

Esta es la primera parte de la serie ‘Menores tuteladas y explotación sexual: ¿El fracaso del modelo de protección?’, dedicada a analizar las problemáticas del sistema de protección de menores en España.