Derechos Humanos

Cinco claves para entender la polémica de la ley trans

Aunque es solo una propuesta, el borrador de La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans ya ha enfrentado a los dos partidos del Gobierno, ha despertado un acalorado debate ciudadano y ha creado aliados involuntarios, como algunos colectivos feministas y los sectores más conservadores de la sociedad.

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10
Feb
2021
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El Ministerio de Igualdad acaba de presentar el borrador de La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans. Esta normativa otorga el derecho a este colectivo de definir su sexo en el Registro Civil a partir de los 16 años, sin necesidad de un dictamen médico aprobatorio ni un periodo de hormonación previa, es decir, por su mera voluntad. Aunque es solo una propuesta, ya ha enfrentado a los dos partidos del Gobierno, ha despertado un acalorado debate ciudadano y ha creado aliados involuntarios, como algunos colectivos feministas y los sectores más conservadores de la sociedad.

Unas cuantas aclaraciones previas

El borrador plantea el derecho a cambiarse de sexo de forma «legal», no «quirúrgica». Esto es: en el Registro Civil, no en un quirófano. Parece de Perogrullo, pero muchos titulares que anunciaban el proyecto del Ministerio de Igualdad la semana pasada daban pie a dos lecturas distintas, y entre muchos padres cundió la alarma. «Te puedes cortar el pene, pero sin tomarte una birra y volviendo a tu casa en bus», es un ejemplo de los mensajes que inundaron las redes sociales poco después de la noticia. Por suerte, con el paso de los días, el debate se ha focalizado hacia el lugar correcto –el derecho a la autodeterminación de género de las personas trans–, pero conviene recalcar este aspecto.

El colectivo trans representa el 0,5% de la población mundial, casi 40 millones de personas

Esto nos lleva irremediablemente a una segunda aclaración sobre los dos términos causantes de la discordia. Según la RAE, género es el «grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico». Por otro lado, sexo es una «condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas». Tampoco es lo mismo transgénero que transexual: el primero es la persona cuya identidad o expresión de género no corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, y el segundo se identifica con el sexo opuesto a su sexo biológico y, en coherencia, se lo cambiará por vía quirúrgica.

Una ley necesaria

Nadie duda de que la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans sea oportuna, por varias razones. La primera es que la norma actual de 2007, en la que se requiere «un dictamen psiquiátrico y dos años de hormonación» para autorizar un cambio legal de sexo, ha quedado obsoleta. Especialmente desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) retirara, en 2018, la disforia de género –disconformidad entre el sexo asignado y aquel con el que la persona se siente identificada– de la lista de trastornos psiquiátricos. Lo hizo con un enunciado que no deja lugar a dudas: «Ya no necesitamos que un certificado médico asevere que soy lo que digo que soy […] El sistema sanitario debe acompañar y ayudar, pero no tiene que certificar ni tutelar nada». El Consejo Europeo señaló también ese año la autodeterminación como el mejor instrumento para determinar el género de cada uno.

Otro de los motivos es que el colectivo trans representa el 0,5% de la población mundial, según la OMS. Parece un porcentaje pequeño, pero hablamos de casi 40 millones de personas, muy cerca de la población total de España. Y hay que tener en cuenta, como advierten algunos sexólogos, que no todos admiten su condición por miedo a ser descubiertos, ni siquiera en encuestas anónimas. Según un estudio de la prestigiosa revista médica The Lancet, más de la mitad de las personas trans sufre algún tipo de depresión que tiene que ver con su conflicto de género.

Hay otros motivos de índole jurídica. Ya existen hasta 12 comunidades autónomas que han desarrollado, desde 2015, leyes similares a la normativa que se presenta ahora. Si bien no pueden contemplar el cambio de sexo en el Registro Civil –eso solo puede hacerlo una ley estatal–, sí que reconocen el derecho de autodeterminación de género sin necesidad de contar con el visto bueno de un facultativo. La ley de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tiene ya cuatro años y no deja lugar a dudas en su Título II: «Tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica […] y a ser tratadas de conformidad a su identidad de género en todos los ámbitos públicos y privados».

Más de la mitad de las personas trans sufre algún tipo de depresión que tiene que ver con su conflicto de género

El Estado no solo va por detrás de las comunidades en la regulación trans; también le ha adelantado por la izquierda el poder judicial. El pasado julio, el Tribunal Constitucional concluyó que la exclusión de los menores trans en la ley actual es inconstitucional, y avaló el derecho de un joven de 17 años a cambiar su nombre y sexo por el que es acorde a su verdadera identidad. El Supremo había ido más allá con una sentencia de 2019, según la cual «no puede condicionarse el reconocimiento de la identidad de género al sometimiento a una operación quirúrgica de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal». Y no olvidemos que lo que dicta el alto tribunal crea jurisprudencia.

No somos pioneros: tenemos en quién mirarnos

Noruega, Irlanda, Dinamarca, Malta, Portugal y Bélgica ya cuentan con leyes similares a la que propone el Ministerio de Igualdad, y en ningún caso han tenido que rectificarlas por abusos de sus preceptos normativos. O, al menos, no en un número de entidad suficiente.

Fue Argentina el primer país del mundo en promulgar una Ley de Identidad de Género que no patologiza a las personas trans, en 2012. Y, desde entonces, según datos oficiales, se han cambiado de sexo en su documento de identidad unas 1.000 personas al año de media, esto es, un 0,02% de la población. No es un mal ejemplo en el que mirarnos, puesto que Argentina, con 45 millones de habitantes, tiene una población similar a la de España.

Contra la ley: la respuesta política y de un sector del feminismo

El conflicto inicial está en el seno del propio Gobierno que elabora la ley. La propuesta viene del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, de Unidas Podemos, y ha encontrado la primera barrera en la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que además es secretaria de Igualdad del PSOE. Los argumentos que esgrime en su contra se alinean con los de algunos sectores feministas. «Me preocupa la idea de que se elige el género por un mero deseo, lo tenemos que hacer con la seguridad jurídica suficiente para que los nuevos derechos no supongan una merma para derechos preexistentes», expresó la vicepresidenta en comparecencia pública, en clara alusión a la protección de las mujeres.

Algunas voces feministas han sido mucho más explícitas en su oposición a la nueva norma. «Decir a las niñas y a los niños, a chicas y a chicos que los estereotipos sexistas son los que definen el sexo de las personas atenta contra la ciencia, y consolida el machismo más rancio que sostiene que existen comportamientos, ropas, o expectativas reservadas a hombres o mujeres», expresan en su alegato desde la asociación Contra el Borrado de las Mujeres. Y añaden: «Afirmar que el sexo no es biológico sino una característica construida socialmente, consolida el género, que es precisamente la herramienta cultural que justifica la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y, por tanto, el machismo». Esta organización opina que «las niñas disconformes con los roles de género que se les asignan, las que se sienten incómodas con los cambios que conlleva la pubertad, son las primeras víctimas de la ideología queer. Decir que la disconformidad con el género implica “haber nacido en el cuerpo equivocado” es profundamente reaccionario y antifeminista».

El género es la herramienta cultural que justifica la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y, por tanto, el machismo

Confluencia Movimiento Feminista, que engloba 40 asociaciones por los derechos de la mujer, pidió públicamente la dimisión de Irene Montero, entre otros motivos, por el borrador de la ley que nos ocupa. «Queremos destacar el singular peligro que reviste para las mujeres y el gran retroceso que supone en la lucha feminista el reconocimiento de la autodeterminación de sexo sin siquiera informe psicológico previo, que permitiría que cualquier hombre autoidentificado mujer accediera, libremente, a cuotas reservadas y a espacios seguros de mujeres» expresan en la carta que remitieron al Gobierno.

El principal conflicto radica en lo que consideran «género» en la comunidad trans, y en ese sector feminista reacio a la ley: «Creemos necesario preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género: el sexo como realidad biológica constatable y el género como constructo cultural de estereotipos», apuntan desde Contra el Borrado de las Mujeres.

Dudas legítimas

Se trata, por tanto, de una ley necesaria cuya elaboración no va a ser un paseo placentero. Su objetivo es defender derechos, pero al mismo tiempo despierta muchas susceptibilidades, incluso en algunos de los sectores más progresistas. Y también genera muchas dudas en la opinión pública ante su posible aplicación: si una persona autodetermina su sexo, ¿qué pasaría con su condición trans y la protección normativa que conlleva? ¿Cómo afectaría esta norma a las leyes actuales sobre violencia machista? La agravante de género en un delito de agresión se aplica «cuando se realizan actos que implican dominación del hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer». En el caso de que ese hombre hubiera cambiado su sexo en el registro civil, la mujer agredida quedaría igualmente expuesta a su superioridad física.

¿Qué pasaría con las categorías de las competiciones deportivas? ¿Qué pasaría con ciertas situaciones de intimidad, como vestuarios, saunas o baños públicos? ¿Qué pasaría con las cárceles de mujeres? Estas son las preguntas que más se están repitiendo en la ciudadanía mientras se debate la ley. Y no es mala señal, porque el debate social es influyente y necesario en paralelo a la actuación del poder legislativo. Solo de esa manera se llegará a un texto definitivo que proteja el máximo de derechos posibles, sin por ello afectar a los ya conquistados.

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