España dice adiós a los plásticos de un solo uso

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Guadalupe Bécares

@upebecares

Reducir en un 30% el consumo de materiales, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua y recortar un 15% la generación de residuos respecto a los niveles de hace una década. Esos son los principales objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) –España Circular 2030– que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros y en la que también se incluye la meta de reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 en el sector antes de 2030.

Junto a ella, el Ejecutivo ha dado luz verde también al anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que abordará también el reto de los plásticos de un solo y uso un real decreto que mejora la trazabilidad y el control de los traslados de los desechos. Según anunciaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica, entre las medidas previstas dentro de esta estrategia se encuentra un impuesto indirecto para desincentivar la «fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español».  Se calcula que, con la medida –similar a la que se pretende implantar en otros países europeos como Italia o Reino Unido–, podrían llegarse a recaudar alrededor de 724 millones de euros anuales.

Con este reglamento se estrecha el círculo sobre los plásticos de un solo uso, cuya venta estará prohibida a partir de julio del año que viene y que supondrá el adiós definitivo de productos plásticos como los bastoncillos, las pajitas, los cubiertos desechables, los palitos para sujetar globos, y los recipientes de alimentos y bebidas fabricados con poliestireno expandido. Además, para desincentivar el consumo de agua embotellada, los bares y restaurantes estarán obligados a ofrecer agua del grifo de forma gratuita. «La estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, limpia y eficiente en el uso de los recursos y competitiva», explican desde el Ministerio.

Se trata de una medida que estaba ya prevista en la Declaración de Emergencia Climática firmada el pasado mes de enero y que incluye el veto a los microplásticos y a las partículas añadidas a productos cosméticos y de limpieza. Además de lo mencionado, también se busca reducir sensiblemente la generación de residuos dentro de la cadena alimentaria y los hogares, con un 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista, y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir de este mismo año.

Durante el confinamiento, los contenedores amarillos han recibido un 15% más de envases de plástico

Esta Estrategia ve la luz en mitad de la crisis sanitaria de el COVID-19, que ha supuesto un importante repunte en el uso de plásticos por evidentes razones sanitarias. Sin embargo, no solamente se ha registrado un incremento exponencial en hospitales debido al uso de EPIs, test, mascarillas y otros elementos de protección frente al coronavirus: según indica un informe de Ecoembes, que gestiona la recogida de envases, desde el inicio de la pandemia se ha incrementado un 15% los residuos recogidos en el contenedor amarillo, debido al aumento del consumo en los hogares.

De hecho, hace algo más de una semana, Ribera hizo públicas unas recomendaciones para evitar el uso de guantes y mascarillas no reutilizables ante el aumento de este tipo de residuos que no pueden reciclarse y acaban incinerados o, en el peor de los casos, en el océano, destino final de más del 90% del plástico que se fabrica en el mundo.

Aunque desde el Ejecutivo subrayan que se trata de una medida transversal, esta se orienta hacia seis sectores prioritarios para su aplicación –construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo y sector textil y confección– y subraya las oportunidades laborales que se abren a la hora de impulsar en nuestro país la industria del reciclaje. «El reto es preparar el mercado de trabajo para la transición a una economía circular y baja en emisiones, tanto desde la perspectiva de los trabajadores, adaptando sus capacidades y habilidades a las nuevas demandas del mercado a través de las políticas activas del mercado de trabajo, como desde la perspectiva de las empresas y Administraciones Públicas, adaptando la cultura empresarial a los principios de la responsabilidad social empresarial, y garantizando las condiciones de seguridad y salud en los puestos de trabajo afectados por el cambio a la economía circular», explican.

Antes de su llegada a las Cortes y de su aprobación definitiva, esta normativa tiene aún un largo camino por delante. Sin embargo, sienta las bases para trazar una reducción en el uso de materiales en un contexto de emergencia climática y escasez de materiales y materias primas. Así, a través de sucesivos planes de acción trienales –el primero será presentado a finales de este año y recogerá actuaciones a aplicar en el periodo 2021-2023–, se recogerán medidas concretas para, además de mejorar la trazabilidad y el control de los traslados de residuos, lograr cumplir con lo marcado en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.