Opinión

‘Yo, Daniel Blake’: reflexiones compartidas en la desescalada

«La crisis ha puesto de manifiesto la realidad de nuestra organización político-social. Esto es: una Administración obsoleta dirigida por políticos presuntuosos e ineficaces», escribe Luis Suárez Mariño.

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27
May
2020
administración

«El político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones» – Max Weber

Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se encuentra de baja médica tras sufrir un infarto. No consigue, pese a ello, que la Administración le reconozca su invalidez y, mientras espera que se resuelva su recurso, se enfrenta a un sinfín de trabas burocráticas. De entrada, debido a que las oficinas de empleo se encuentran atestadas, la solicitud del subsidio hay que hacerla por internet, pero Daniel no sabe cómo dar con el formulario adecuado, cómo rellenarlo o enviarlo. Para colmo de males, la página de la oficina de empleo se cuelga en repetidas ocasiones. Luego, para poder cobrar el subsidio Daniel tiene que acudir a los cursos que ofrece la oficina de empleo, hacer un currículo y buscar trabajo de manera eficiente. No importa que su médico le haya prohibido trabajar; para el sistema de seguridad social es apto. Además, los funcionarios de la oficina de empleo con los que trata Daniel– salvo una excepción– son gente huérfana de la más mínima sensibilidad: se ajustan al protocolo y no hacen esfuerzo alguno por tratar personalmente a aquel que necesita una ayuda más personalizada y, si lo hacen –como es el caso de la funcionaria excepcional antes aludida–, son recriminados por el superior. En una de sus visitas a la oficina de empleo Daniel conoce a Katie, una madre soltera con dos hijos. Él se ofrece a ayudarla haciendo pequeños arreglos en la vivienda social que ocupan y, con el paso del tiempo, se va forjando entre ellos una relación llena de humanidad.

Daniel y Katie son los personajes alrededor de cuyos dramas personales gira la película Yo, Daniel Blake, dirigida por Ken Loach, que obtuvo en el año 2016 la Palma de Oro en el festival de Cannes. Se trata de una película que refleja los intrincados e impersonales vericuetos de una administración sin alma que, en lugar de hacer más llevadera la vida de las personas en riesgo de exclusión social, la hace humillante por momentos. Basta recordar uno de los gritos de Daniel Blake ante la actitud burocrática y deshumanizada de los funcionarios de la oficina de empleo: «No soy un perro, soy un ciudadano y merezco respeto».La película podría tener hoy por título el nombre propio de cualquiera de las personas pendientes de cobrar una parte de su salario tras un ERTE o el de un trabajador o una trabajadora del hogar que, no estando dada de alta en la Seguridad Social, se ha quedado sin recursos y ha tenido que solicitar ayuda del Banco de Alimentos, Cruz Roja o Cáritas, al carecer de unos mínimos ahorros que le permitan afrontar un par de meses sin ingresos.

«La pandemia  ha puesto de manifiesto la realidad de nuestra organización político-social»

Hoy, la historia personal de miles de conciudadanos nuestros, con nombre y apellidos, podría servir para rehacer el guion de Yo, Daniel Blake. Miles de historias personales que son un anticipo de otras que se van a protagonizar a consecuencia de la crisis económica, cuya senda hemos comenzado a transitar, tras la crisis sanitaria que hemos superado gracias a la generosidad y entrega de miles de sanitarios –muchos de ellos con míseros contratos temporales renovados durante años– y que se ha cobrado un gran número de vidas: cerca de treinta mil fallecidos, cada uno con su nombre y apellidos, y una historia personal que contar.

¿Cómo enfrentar la crisis? ¿Qué aprender de lo vivido desde principios de marzo hasta hoy? Más allá de advertir la entrega generosa de miles de personas y la autodisciplina de la inmensa mayoría de la ciudadanía de nuestro país, la crisis ha puesto de manifiesto la realidad de nuestra organización político-social. Esto es, una Administración obsoleta dirigida por políticos presuntuosos e ineficaces. La evidente falta de previsión de la Administración ante un escenario de crisis sanitaria que podía haberse previsto, o las negligencias puestas de manifiesto en la contratación de EPIS y mascarillas y realizada además a través de intermediarios con prácticamente nula estructura empresarial o capacidad financiera, han puesto de manifiesto la enorme brecha que, al menos por lo que se refiere a la capacidad de respuesta, existe entre la Administración y las empresas privadas más punteras de nuestro país. Mientras que estas últimas, por exigencias de la competencia, tienen que anticiparse a los cambios que, de manera vertiginosa, exige el mundo en el que vivimos, a la Administración le cuesta, no ya anticiparse a esos cambios, sino adaptarse a los mismos.

Cada día que pasa se hace más visible la incapacidad de la Administración para abordar con eficacia los grandes retos a los que nos enfrentamos. Baste como ejemplo que en la convocatoria de empleo público de 2019 se ofertaran 1089 plazas para administrativos y otras 872 plazas para auxiliares administrativos del Estado. Casi 2000 plazas de funcionarios para realizar tareas que en la empresa privada pronto serán realizadas, la mayoría de ellas, por robots. Huelga decir que, en esa oferta de empleo no encontraremos ninguna plaza de ingeniero informático, programador de Big Data o experto en ciberseguridad, ni ningún otro perfil profesional que tenga que ver con los retos al que nos enfrenta hoy el mundo. No solo los procesos de selección de funcionarios en la Administración son los mismos que hace cuarenta años, sino que se siguen ofertando los mismos puestos profesionales como si el mundo no hubiera cambiado.

En cuanto a las retribuciones, un estudio realizado hace un par de años por la fundación Hay Derecho ya ponía de relieve los anacronismos existentes que iban desde la falta de lógica en las retribuciones de los altos cargos –en las que cualquier político cuya lealtad sea premiada con la presidencia de un ente o empresa pública gana mucho más que el ministro que le nombró o que el propio Presidente del Gobierno–, hasta la constatación de que mientras los altos funcionarios de la Administración cobran mucho menos que lo que cobrarían por su cualificación y responsabilidades en la empresa privada, otros empleados públicos no cualificados perciben remuneraciones muy superiores a las que por el desempeño de su función percibirían en la empresa privada. Todo esto desemboca en que, mientras no son pocos los altos funcionarios que abandonan el sector público y sus puestos se amortizan, cada vez son más los funcionarios menos cualificados que ascienden a la sombra de un político.

«El concepto de Gobierno Abierto significa transparencia y diálogo constante con la ciudadanía»

Precisamente, el hecho de que la Administración sea dirigida por cargos políticos implica que la promoción interna no esté basada, la mayoría de las veces, en el mérito y la capacidad, sino en no contrariar al político de turno y ganarse su favor. A esto se le añade el hecho de que, no pocas veces, el político adolezca de la mínima formación exigida incluso a un auxiliar administrativo. Mientras que las nuevas circunstancias –envejecimiento de la población, pobreza extrema, necesidad de ayuda al emprendimiento, cambio de modelo energético– exigen nuevas inversiones y nuevos servicios, la Administración acusa un pronunciado déficit fiscal que la crisis económica en ciernes no hará más que acentuar y que exigirá una evidente racionalización del gasto.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) del pasado año denunciaba que en España se concedían más de 14.000 millones de subvenciones al año sin estrategia ni control posterior. Sin duda, es algo que en las circunstancias actuales rechina al oído y que, obviamente, no nos podemos permitir. Precisamos empeñarnos en que los servicios públicos que demanda la sociedad se puedan prestar con eficacia sin llegar a colapsar el sistema. Algunos de esos servicios requieren una importante inversión en capital humano y financiero, pero para sufragarla sería aconsejable no desechar fórmulas de colaboración pública-privada que permitieran compartir el esfuerzo o el riesgo y optimizar los costes.
El papel de los gobiernos estatal y autonómicos se debería ver más que cómo «solucionadores» de las demandas sociales –algo que resulta materialmente imposible- como impulsores de esas soluciones. Deberían facilitar alianzas estratégicas y mecanismos de colaboración efectivos entre la Administración y la iniciativa privada, y regular de manera más racional y ágil obviando las trabas burocráticas innecesarias. En definitiva, deberían hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones a adoptar. Esto es justamente lo que se ha echado en falta en esta crisis pues, ¿no hubiera sido más inteligente que consumar el desastre que se ha visto en la contratación del material sanitario -del que alguna responsabilidad debería depurarse– haber acudido a la logística y experiencia de muy importantes empresas nacionales para gestionar la compra, recepción y transporte de dicho material?

«La democracia solo podrá perpetuarse si los ciudadanos ven que sus impuestos son gestionados con rigor»

El Gobierno Abierto es, según la OCDE, «una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo». España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) desde el año 2011. Desde entonces, se han llevado a cabo tres planes de Acción de Gobierno Abierto y actualmente se está diseñando el cuarto plan. El IV Plan de Gobierno Abierto de España es un conjunto de actuaciones que se desarrollarán a partir del segundo semestre de 2020 y a las que se compromete la Administración General del Estado en colaboración con otras Administraciones públicas y con la sociedad civil.

Según se lee en la propia web del portal de transparencia de la Administración del Estado, el Gobierno Abierto es una nueva forma de actuar mediante la que las Administraciones Públicas ofrecen información sobre lo que hacen con transparencia, rinden cuentas, promueven la participación y tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Dicho de otro modo: el concepto de «Gobierno Abierto» significa transparencia y diálogo constante con la ciudadanía y exige que los gobernantes sean capaces de hacer partícipe al ciudadano en la toma de decisiones dando respuestas a sus ideas y demandas. Todo ello se vertebra sobre la base de los principios de buen gobierno: la rendición de cuentas, la equidad, la eficiencia, el respeto al imperio de la ley y a los principios de la ética pública. Nos jugamos mucho en el envite, porque a medida que se pierda la confianza en el sector público se perderá la confianza en la democracia. O, dicho de otra manera, la democracia solo podrá perpetuarse si los ciudadanos ven que sus impuestos son gestionados con rigor, las políticas públicas son evaluadas y se depuran responsabilidades por una mala gestión .
Sería muy pertinente que el Gobierno tuviera muy presente en el día a día de su gestión estas ideas y los objetivos generales del IV Plan de Gobierno Abierto:

  •  Impulsar, fortalecer y mejorar la calidad de la participación en la gestión pública, permitiendo a la ciudadanía participar en la toma de decisiones públicas con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.
  • Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas, mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora y a la evaluación de los resultados de los planes y programas públicos.
  • Construir un sistema de integridad pública, fortaleciendo valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones públicas y reforzar la confianza de los ciudadanos.
  • Sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los valores del Gobierno Abierto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para avanzar hacia una sociedad inclusiva, justa y pacífica.

La crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia una gestión carente de la exigible transparencia en la toma de decisiones. Tras el estado de alarma en el que el gobierno se ha amparado para dejar en estado de hibernación los principios del “Gobierno abierto”, no habrá excusas en las que ampararse. Habiendo asumido el Gobierno formalmente los compromisos y objetivos del Gobierno Abierto, la sociedad civil, cada vez más crítica, está expectante. Sería conveniente que no se defraudasen sus expectativas y se contase con ella para salir cuanto antes de la crisis.

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