85 años de voto femenino

Sobre el voto femenino son conocidos los debates parlamentarios que mantuvieron Victoria Kent y Clara Campoamor, las dos primeras diputadas de la historia de nuestro país en 1931. Con posturas encontradas, la primera se opuso al voto de la mujer en su afán de proteger a la República, mientras Clara Campoamor representa la lucha para que las mujeres pudiesen ir a las urnas en España. Sin embargo, el recorrido parlamentario para el reconocimiento del sufragio femenino comenzó mucho antes.

El camino hasta conseguir materializar este derecho, al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia con otros muchos que hoy consideramos inalienables, fue largo y complicado. Esto es un ejemplo de cómo la legitimidad social acaba materializándose en una realidad política recogida en las leyes.

Durante más de medio siglo se sucedieron distintos cambios sociales y políticos, junto con numerosos debates e iniciativas parlamentarias que finalmente cristalizaron en el reconocimiento del sufragio universal femenino en 1931. Sin embargo, todavía tendrían que pasar dos años hasta que las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de 1933.

Aunque el sufragio universal se aprobó en 1931, las mujeres no ejercieron el derecho a voto hasta 1933

Las primeras voces que pedían el sufragio activo femenino se dieron en un momento histórico del siglo XIX en el que la participación de las mujeres en la vida social y jurídica española era limitada, y mucho más en el ámbito político. Sin embargo, gracias a los movimientos sociales de la época -incluido el de las sufragistas-, y a la creciente incorporación de las mujeres al mundo laboral, esta aspiración fue ganando legitimidad.

A nivel parlamentario, la evolución del voto femenino muestra que los debates que tienen lugar en las Cortes son, en muchas ocasiones, reflejo de las opiniones y necesidades de la sociedad. Del mismo modo, es un buen ejemplo de cómo algunas cuestiones esenciales en la política nacional necesitan ser debatidas en las instituciones de forma paralela a la consolidación de su legitimidad social para llegar a plasmarse en una ley.

Resulta interesante destacar que, durante aquellos años, los argumentos para rechazar el voto de la mujer se centraban no solo en que las mujeres carecían de la capacidad necesaria para participar en la vida política, sino en el rol que tenía la mujer en la sociedad. Se creía que el papel del hombre estaba en la vida pública y en la política, mientras que el trabajo de la mujer se centraba en su hogar y en la educación de sus hijos, considerándose incompatibles los deberes femeninos dentro de su casa con la esfera política.

En 1877 se propuso en el Parlamento el voto femenino, pero solo para las mujeres emancipadas

En 1877 se propuso por primera vez en el Parlamento español que las mujeres votasen, pero solo para aquellas mujeres que estuviesen emancipadas, es decir que no estuviesen bajo la potestad de su padre o marido, refiriéndose principalmente a las mujeres viudas. Esta proposición inicial tenía la intención de fortalecer la familia, sin existir un interés concreto de empoderar a las mujeres o incrementar su presencia en la vida pública. En ese contexto social, de forma paralela existía un clima de discusión acerca de si el sufragio masculino debía de ser universal o censitario.

Entre 1907 y 1908, treinta años más tarde de ese primer debate, y a raíz de la fuerza que estaba tomando el movimiento sufragista, volvieron a surgir diversas iniciativas en el Parlamento solicitando la introducción del voto de la mujer. Aquí es cuando este movimiento se expande y comienzan a aparecer más voces en la sociedad y en el Parlamento a favor de la legalización del voto femenino, esta vez sí por considerarse justo y legítimo que existiera una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No obstante, como muchos parlamentarios señalaron entonces, no lo consideraban un momento social adecuado para introducir el voto femenino.

Clara Campoamor: «La mujer será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho»

No fue hasta 1931 cuando la cuestión cobró una relevancia indiscutible, unido a la creciente presencia de las mujeres en la vida pública: es en las Cortes Constituyentes republicanas de ese mismo año cuando surge el verdadero debate sobre la introducción del sufragio universal femenino. Esta vez gran parte de la Cámara quería que se hiciese efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, y confiaba en la capacidad de estas últimas. Muchos compartían la visión de Clara Campoamor, ardiente defensora del voto femenino, cuando afirmaba que la mujer sería «indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho, y no hay sino que empujarla a que siga su camino».

En esta ocasión, la mayoría de las reticencias sobre la introducción del sufragio activo femenino por parte de los diputados venían del miedo a las posibles consecuencias políticas. La propia Victoria Kent afirmó: «Es preciso que las personas que sienten […] el fervor democrático y liberal republicano nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino […]. Afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor». El problema residía en que muchos diputados de algunos partidos republicanos consideraban que las mujeres no tenían interiorizados los valores que la República representaba y con sus votos favorecerían a los partidos más conservadores y monárquicos.

Finalmente, pesaron los argumentos a favor de la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos como reflejo de la situación social y se introdujo el sufragio universal para ambos sexos en la Constitución española de 1931. Esto permitió que las mujeres pudieran votar por primera vez en la historia de España en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933.

* Lucía Sánchez es politóloga y jurista