El PP se queda solo en la defensa del ‘impuesto al sol’

Artículo

Alejandra Espino

@LadyAlee9

La Unión Europea tiene entre manos lograr un ambicioso e histórico objetivo: fijar unas pautas comunes en materia energética antes de que acabe 2018. La guía resultante será fundamental para lograr la descarbonización completa en 2050 fijada en el Acuerdo de París. La magnitud y urgencia del asunto requiere de unas negociaciones a tres bandas entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Unas instituciones con estructuras, funcionamientos y planeamientos considerablemente diferentes que, sin embargo, deberán acercar posturas y conseguir un consenso. El planeta ha dicho basta y no puede esperar más demoras.

El Consejo Europeo fue el encargado de dar el pistoletazo de salida al que promete ser un largo y turbulento camino hasta el acuerdo final. Los 28 ministros de Energía de los países miembro llegaron a un consenso común para encarar las negociaciones con las otras dos patas de la mesa. En dicho acuerdo se incluye un apartado que convierte a España en protagonista: el visto bueno al peaje de respaldo al autoconsumo, popularmente conocido como ‘impuesto al sol’. El Consejo considera, de esta manera, que la carga económica para el exceso de energía inyectada a la red derivada de cualquier sistema de generación autónoma, como las placas solares, depende de la regulación nacional. ¿El pretexto? Garantizar que el sistema es proporcional para todos los usuarios a la par que financieramente sostenible. «España comparte la orientación que ha propuesto el Consejo», declaró mediante un comunicado Álvaro Nadal, ministro de Energía.

El Parlamento quiere «blindar el autoconsumo de energía renovable como un derecho»

Nada más lejos de la realidad. El Gobierno dejó claro cuál era su rumbo ya en 2015, con la aprobación del Real Decreto de autoconsumo que grava a los usuarios que practiquen el autoconsumo energético, estén conectados a la red y tengan una potencia instalada de más de 10KW. La medida fue duramente contestada por partidos de la oposición, ONGs y una buena parte de la sociedad por considerar que el Decreto únicamente beneficiaba a las empresas y castigaba a las renovables. Se pusieron varias denuncias ante el Tribunal Supremo, que este fue desestimando una a una, y en la actualidad la normativa continúa vigente gracias a que Ciudadanos mantiene su apoyo al PP con el veto en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley que quería tumbar el impuesto.

La decisión del Consejo Europeo ha reavivado las diferencias en la política nacional y las ha llevado hasta Bruselas, situando a España en el centro de las negociaciones. El Parlamento Europeo ha sido el segundo escenario del proceso de acuerdo, donde la voz cantante la ha llevado el ex ministro y ahora eurodiputado socialista José Blanco. El gallego ha sido el encargado de establecer la postura del Parlamento en materia de renovables incluyendo una línea roja al ‘impuesto al sol’. Su propuesta, incluida en el Informe Uso de la energía procedente de fuentes renovables, consiste en «blindar el autoconsumo de energía renovable como un derecho, eliminando trabas administrativas y prohibiendo medidas como el impuesto al sol». Una norma radicalmente opuesta a la adoptada por el Consejo Europeo.

Los socialistas europeos quisieron abordar el tema de las renovables desde todos sus ángulos para asegurarse de que de las negociaciones a tres bandas salen directrices vinculantes con una clara intención de cumplir los objetivos fijados por el Acuerdo de París. Además del veto al ‘impuesto al sol’, la propuesta encabezada por José Blanco incluye, como puede verse en su despacho abierto del Parlamento, «elevar del 27% al 35% el objetivo global de renovables para 2030, reforzar la seguridad jurídica (del proyecto) prohibiendo la adopción de medidas retroactivas, duplicar el objetivo de penetración de renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración y la apuesta clara por la descarbonización del transporte».

La votación de la propuesta se saldó con un resultado abrumador: 594 votos a favor, 67 en contra y 20 abstenciones. El Partido Popular Europeo votó sí, los representantes del PP español dijeron no. Una decisión que evidencia lo difícil, por no decir improbable, que será un cambio de opinión del Gobierno de España en materia de energía renovable. A raíz de lo ocurrido, todo apunta a que Rajoy y su equipo están dispuestos a mantener su apoyo al impuesto al sol aunque eso le cueste el rechazo de sus homólogos europeos.

La Comisión Europea aísla (aún más) al PP español 

Después de las decisiones tomadas en el Consejo y el Parlamento, la pelota se sitúa en el campo de la Comisión Europea. El tercer eje de las negociaciones tiene la tarea de decantarse por alguna de las dos posturas, evidentemente contradictorias. La decisión de la Comisión es especialmente relevante pues de ahí saldrá la política común final que tendrá más peso y vinculación que las diferentes políticas nacionales. Es decir, de abogar finalmente por una legislación que incluya las propuestas aprobadas en el Parlamento, España deberá derogar el Real Decreto de autoconsumo eliminando, por tanto, el ‘impuesto al sol’.

El PP español vota en contra de eliminar el ‘impuesto al sol’, mientras que sus homólogos europeos se muestran a favor

A pesar de que todavía no se ha emitido una votación final, hoy, 25 de enero, la Comisión Europea ha decidido invertir 873 millones de euros en las infraestructuras europeas de energía limpia. Un paso que parece indicar que la decisión final de la institución está más próxima a la postura pro-renovables del Parlamento que a la arancelaria de la Comisión (y de los eurodiputados populares españoles). A través de un comunicado, la Comisión ha declarado que «la transición hacia una economía moderna y verde es el objetivo de la Unión europea y la prioridad del Juncker. Hay una nueva realidad sobre el terreno y estamos adaptando las infraestructuras actuales a las necesidades energéticas del futuro».

Además del varapalo para las políticas energéticas del gobierno de Rajoy que esta decisión supone, los miembros del PP se han encontrado con otra piedra en su camino de mantener el ‘impuesto al sol’. Miguel Arias Cañete, miembro del Partido Popular y actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, ha declarado en el mismo comunicado que «una infraestructura energética adaptada a los objetivos comunes es esencial para que las energías renovables prosperen y se cumplan los acuerdos de París». Una línea de opinión que difiere notablemente de la de sus compañeros de partido, tanto en España como en el Parlamento Europeo.