Empleo y discapacidad: ¿un reto del sector privado?

La crisis económica de los últimos siete años se ha cebado especialmente con las personas con discapacidad. Según el último estudio de 2014 realizado por Odismet, observatorio de discapacidad y mercado de trabajo de la Fundación Once, a día de hoy solo una de cada cuatro personas con problemas de inserción está ocupada, mientras que en el caso de la población sin discapacidad el porcentaje supera el 50%. La cifra en el caso del primer grupo apenas ha variado, mientras en el segundo ha vivido un incremento en los últimos dos años.

«Sí se percibe un estancamiento en la solidaridad durante la crisis, en una época en que tantas familias lo están pasando mal, y tener un trabajo es más importante que nunca», valora el director del Área Social de la Fundación Mapfre, Fernando Garrido. Sabe de lo que habla: desde su institución han llevado a cabo un programa de empleo para personas con discapacidad intelectual, Juntos somos capaces – juntos podemos, con el que han pretendido ir un paso más allá: «Lo que queríamos no eran ‘cursillistas’ profesionales, como muchos programas de empleo que se estaban haciendo hasta ahora dirigidos a personas con discapacidad intelectual, que solo se centraban en formarles y prepararles para el mercado laboral, pero no les buscaban un puesto de trabajo. Nosotros analizamos lo que existía en el mercado y planteamos algo diferente. Primero, ir a las empresas, informar, generar los puestos de trabajo y buscar a las personas con discapacidad que pudieran trabajar. No queríamos cursos generalistas ni programas amplios, sino ir persona a persona, puesto a puesto. Teníamos una ventaja: dada nuestra estructura comercial podíamos llegar a muchos miles de empresas, obligadas por la ley a cumplir la cuota del dos por ciento. Hay otras instituciones privadas que también se orientan a encontrarles trabajo, pero por desgracia no son la mayoría».

Garrido se refiere a La Caixa, el BBVA o Adecco. «Creo que es fundamental que las empresas privadas arrimemos el hombro para salir de la crisis, y centrarnos en el drama laboral que están viviendo los sectores más desfavorecidos. No podemos dejarlo todo en manos de la administración, que llega hasta donde llega, y con fondos limitados. La responsabilidad social de las empresas cobra ahora más relevancia que nunca», sentencia.

Fuentes responsables del estudio del Ministerio matizan que «la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual (28,7%) o enfermedad mental (27,1%) resulta aún menor. Ello puede deberse tanto a la necesidad de contar, en el caso de estas personas, con apoyos más intensos para la integración laboral, como a factores relacionados con su nivel educativo o con el hecho de experimentar situaciones de discriminación más severas».

La implicación del sector privado para facilitar a los más desfavorecidos el acceso a un trabajo es necesaria, y está siendo positiva, a la vista de los resultados: «Los contratos de 40% de los discapacitados que hemos colocado ya son indefinidos. Ese es nuestro mayor triunfo», cuenta Garrido, que también percibe que su proyecto influye en la actitud ante este sector: «Cuando empezamos, casi la totalidad de las empresas a las que nos dirigimos nos mostraron su miedo a contratar a un discapacitado intelectual, por no tener la certeza de que iban a cumplir bien con su tarea, sus recelos respecto al trato con el resto de la plantilla, etc. Después de nuestra intensa labor informativa, ya hay casi un 70% que se muestran totalmente receptivos a este tipo de contrataciones».

Acciones a gran escala que ya tienen influencia en miles de vidas individuales, como la de Alberto, de 36 años. Hace años padeció un brote psicótico y su futuro se desmoronó como un castillo de naipes. Hoy, después de pasar por el programa de la Fundación Mapfre, trabaja de lo que le gusta: la jardinería. «El trato con los compañeros y la comunidad de vecinos en la que trabajo, a las afueras de Madrid, es muy bueno, y yo he logrado tener mi vida y mi independencia: tengo mi casa, mis amigos, practico mis aficiones como la escalada, la lectura o el cine… Una vida normal, vamos», cuenta. Francisco, que también sufre una discapacidad intelectual, ha logrado el reto de pasar unas oposiciones compitiendo con candidatos sin limitaciones, y a sus 42 años trabaja como ordenanza en un Ayuntamiento. «La labor de las empresas privadas es fundamental para que, quienes tenemos este problema, podamos aun así cumplir nuestros sueños y tener una vida y una independencia, como cualquiera».

La acción de Mapfre va más allá de su Fundación, y de nuestras fronteras. «Nuestro compromiso es claro y una apuesta permanente», cuenta Elena Sanz, directora general adjunta de Recursos Humanos de la empresa aseguradora. Y es que también desarrollan proyectos en este sentido desde su área de RSC. «En el año 2013, Mapfre aprobó un programa global de discapacidad, que desarrollamos por ahora en 22 países. Se trata de un programa que establece unas líneas de actuación que se llevan a cabo a través de iniciativas adaptadas a la realidad y legislación de cada país».

El sector privado tiene ante sí un reto crucial para mejorar la situación de empleo en nuestro país, y más aún con los desfavorecidos. Algunas de las instituciones más activas en este aspecto, como la Fundación Adecco o la propia Mapfre, coinciden en una idea: «Aún nos queda mucho por hacer». Elena Sanz opina que la clave está en las sinergias entre el sector público y el privado: «Es importante subrayar que las empresas cada vez son más conscientes de que la integración en sus plantillas de personas con discapacidad es un proceso positivo y enriquecedor para todos los empleados y para la propia organización. Por otra parte, las Administraciones deben seguir impulsando, como lo han hecho hasta ahora, medidas que favorezcan la contratación de personas con discapacidad. Se trata de una tarea en la que debemos involucrarnos todos para aumentar la concienciación sobre esta situación y contribuir así a eliminar barreras».