80.000 personas con discapacidad se quedan sin votar

Muchos españoles esperan con impaciencia e ilusión participar con su voto el 24 de mayo, día de elecciones autonómicas y municipales. Desgraciadamente, alrededor de 80.000 ciudadanos, según ha cuantificado la Fiscalía General del Estado, no pueden decir lo mismo. Son personas con discapacidad que han quedado excluidas de los comicios aunque la propia Organización de Naciones Unidas dictamine lo contrario.

Desde 2008, la ONU ratificó en la Convención de Derechos de las personas con Discapacidad que ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada del derecho a voto. Este acuerdo obligaba a nuestro país a modificar la Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG), pero ni en 2011, cuando la ONU revisó el sistema electoral español para ver si se cumplían las medidas, ni en 2013, después de que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados solicitase al partido de gobierno que elaborara una reforma de la Ley en 6 meses, se ha conseguido ningún avance.

Agustín Matía, gerente de Down España, no duda en comparar esta situación con la de las mujeres españolas hasta el año 1933, cuando se les permitió votar. Para Matía,  la «cuestión de fondo» es que en España actualmente a ninguna persona se le pide una explicación sobre el partido o candidato al que vota, ni una demostración de si comprende o no los mensajes o programas. «¿Por qué se exige esto a las personas con discapacidad intelectual y al resto no?», denuncia.

La Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid (FEAPS), además de reclamar a revocación de las incapacitaciones legales, también se centra en los problemas de accesibilidad a la hora de votar y en la adaptación de los programas electorales a ‘lectura fácil’ para favorecer su comprensión.

De cara a las elecciones europeas de 2014, la FEAPS lanzó una campaña llamada #miVotocuenta, que tuvo como objetivo crear conciencia entre la población para forzar al Gobierno a la aún esperada modificación de la Ley. Por ahora, lo que sabemos es que 80.000 personas y sus potenciales votos serán despreciados el próximo domingo.