La insostenibilidad de la costa

En 2007 Greenpeace denunciaba que aquel año se habían aprobado nada menos que tres millones de nuevas viviendas en el litoral. Estábamos en pleno pico de la burbuja inmobiliaria. La mítica frase de «España va bien» del ex presidente de Gobierno José María Aznar verbalizaba el reflejo del modelo de desarrollo que ha imperado en la costa durante los últimos diez años. Desde 2000 se han construido cuatro millones de casas en la costa. La larga duración de esta fase alcista de ladrillo y hormigón y de bonanza inmobiliaria indujo a la población a habituarse a esta sinrazón, como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados que, entre otros, el Banco de España había definido como de «economía suicida».

Los datos del análisis de las imágenes de satélite no dejan lugar a dudas, en la franja de los primeros 500 metros de costa, hemos destruido dos hectáreas de costa al día. Una franja que solo ocupa el 0,55% de nuestro territorio. Nos hemos comido literalmente la costa y con ella sus recursos naturales. A la cabeza de la costa desnaturalizada está la Comunidad Valenciana con un 51% de la franja de los 50 metros ocupada, después Cataluña con el 44% de su costa destruida y Andalucía con el 36%. Al contrario, la comunidad que porcentualmente menos ocupa su franja costera es Asturias, con un 9%.

A Greenpeace y a muchos otros grupos ecologistas que denunciaron reiteradamente las tropelías que se proyectaban en la costa se les acusó entonces de pretender frenar el desarrollo y el progreso del Estado. No debe olvidarse además que, en determinados casos, la batuta que ha dirigido el desarrollo urbanístico en la costa española ha sido la corrupción asociada a ayuntamientos y administraciones públicas. Hoy a algunos de esos municipios se les da una palmada en la espalda gracias a la Ley del ex ministro Arias Cañete y gracias a que en esta norma se amnistían barbaridades urbanísticas.

Durante la reforma de la Ley de Costas, que fue aprobada hace un año, no se dijo nada sobre el cambio climático y sus efectos en el litoral. El Gobierno alertado por los mensajes de grupos ecologistas e instituciones científicas introdujo en el último trámite de la reforma en el Senado un artículo en la nueva Ley encaminado a afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral, con un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. Y mientras, la nueva Ley da un plazo de dos años al Ministerio de Medio Ambiente para elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Ya se pueden dar prisa en elaborar esta estrategia, porque, como estamos viendo, las supertormentas y superolas no parecen esperar a la elaboración de este documento.

No haber aprovechado la reforma de una Ley para parar la destrucción de la costa y enmendar las barbaridades urbanísticas en nuestro litoral es una gran oportunidad perdida para ahorrar millones de euros a las arcas públicas. Los recortes que sí se deben aplicar para un desarrollo sostenible empiezan por el respeto a la naturaleza. Aceptar que en el litoral, la mar arrasa con todo, nos ahorraría mucho dinero. Desgraciadamente no ha sido así.

Teniendo en cuenta que, además, a determinadas industrias, edificios y demás paseos marítimos se les ha concedido una prórroga de asentamiento en el litoral de 75 años más, también tendremos que esperar a que el temporal sea benevolente y no ataque de lleno a estas infraestructuras y se centre en costa bien conservada, con praderas de Posidonia o con cordones dunares capaces de amortiguar temporales virulentos.

Tras los últimos temporales de este año, el Consejo de Ministros adoptaba medidas urgentes para reparar los daños causados por el temporal en la costa cantábrica. En total 43,6 millones de euros destinados a obras de emergencia (35 millones), restauración de marismas y rías (9 millones) y otras infraestructuras (600.000 euros).

La costa no puede ser privatizada. Es un ecosistema valioso, estratégico e irreemplazable. Conservando el litoral, los políticos tienen en sus manos la llave del desarrollo económico a largo plazo. Lo hemos comprobado en nuestro país durante mucho tiempo.