Bruselas vigila a España por la Ley de Costas

La Comisión Europea ha advertido a España de que vigilará «atentamente la evolución del marco jurídico» de aplicación de la Ley de Costas, tras las numerosas quejas ciudadanas. Desde Bruselas quieren que la normativa «cumpla el objetivo de reforzar la protección el entorno costero» y recuerdan la «amplia corrupción y connivencia entre las autoridades políticas y la industria de la construcción«.

«Estamos siguiendo atentamente todo lo que va sucediendo en la legislación española», ha explicado el funcionario de Justicia del Ejecutivo comunitario, Vincent Depaigne, durante el debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Depaigne ha recordado que muchos ciudadanos han remitido quejas a la Comisión sobre la normativa de costas españolas y ha explicado que seguirá «examinando atentamente la evolución del marco jurídico de aplicación».

Protección del entorno

La votación del proyecto de informe se ha aplazado a septiembre para dar tiempo a los grupos políticos a presentar sus enmiendas al texto. Desde Bruselas quieren velar  porque la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy «sea aplicada de forma coherente y cumpla el objetivo de reforzar la protección al entorno costero«.

El texto lamenta que la «descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos» sin supervisión «adecuada» y provocó que «muchos propietarios inocentes» se convirtieran en víctimas de esa especulación.

«Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connivencia entre las autoridades políticas y la industria de la construcción«, recoge el borrador del informe, que saluda con todo que el borrador de la Ley de Costas -la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo– «contribuirá a poner fin a esta mala práctica» a través de la creación de «directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos».

República bananera

El eurodiputado popular, Carlos Iturgáiz ha criticado que el texto no aporte «argumentos» y «de por buenas todas las peticiones de particulares, incluidas barbaridades como que en España se confisca a débiles para entregar el terreno a poderosos para que edifiquen».

También ha criticado que el texto exhorte a las autoridades judiciales a «investigar a agentes privados y autoridades públicas que hayan actuado al margen de la ley» al vender propiedades particulares «como si España fuera una república bananera«.