Ni un hogar sin energía

El 15% de la población española se encuentra en situación de pobreza energética, cifra que se ha duplicado en los últimos 8 años. Además, el porcentaje de hogares españoles que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno era del 11% (alrededor de 5,1 millones de personas), según el estudio Pobreza energética en España de la Asociación de Ciencias Ambientales.

El acceso a la energía, pese a no estar todavía reconocido como un derecho universal como el agua, sí está recogido de forma implícita en la Constitución española en los artículos 43 y 47, donde se establece el derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud. Ahora la pregunta sería: ¿Es posible tener una vivienda digna o proteger nuestra salud de asma, neumonía u otras enfermedades respiratorias sin calefacción o electricidad?

Las medidas que se están poniendo en marcha para hacer frente a la pobreza energética (convenios entre ayuntamientos y compañías suministradoras, leyes de Pobreza Energética, etc.) van destinadas, en su mayoría, a paliar el problema en la situación extrema, cuando las familias se enfrentan a cortes por impagos, situación a la que no deberían verse expuestas. Por ello, Ecodes puso en marcha en 2013 el programa Ni Un Hogar Sin Energía para ayudar a las familias en riesgo de pobreza energética a reducir sus facturas energéticas: revisando sus contratos, recomendando hábitos de consumo responsable de la energía y sencillas medidas de eficiencia energética. Todo ello gracias a empresas que han aportado materiales o participan con voluntariado corporativo y a Servicios Sociales Municipales y ONGs que ayudan a detectar las familias que se encuentran en situación vulnerabilidad energética.

A lo largo del proyecto se ha intervenido en más de 300 hogares en 7 ciudades españolas logrando ahorros medios de 23% solo con recomendaciones de cambio de contrato, lo que supone una media de 146 €/año, y llegando a ahorros de hasta el 35% con medidas de eficiencia energética y hábitos de consumo responsable. En esas visitas se detectó que casi la mitad de los contratos están en el mercado libre, el 47%, y la recomendación es un cambio al mercado regulado, dónde este colectivo se encuentra más protegido.

Hay muy pocas familias que disfrutan del bono social, un 18%, y, sin embargo, un 71% cumplen con los requisitos que se establecen para tener derecho a este descuento. Además, se detectó que un 47% de los hogares tiene potencias contratadas demasiado altas, lo que se traduce en facturas demasiado elevadas. Estos datos ponen de relevancia la necesidad de incrementar la alfabetización energética de la sociedad para empoderarles y que puedan gestionar sus consumos y contratos de forma ventajosa.

Además del apoyo directo a las familias, desde Ecodes proponen otras medidas, como reconocer y definir oficialmente la pobreza energética y la figura de consumidor vulnerable. La Directiva europea de mercado interior de electricidad (2012/72/UE) obliga a los Estados miembros a definir el concepto de consumidor vulnerable. España lo hizo, pero de forma incompleta en el RDL 13/2012 con el siguiente texto: «Transitoriamente, hasta la definición de los consumidores vulnerables, se considerará como tales a aquellos que están acogidos al bono social». La definición, que es diferente a la de pobreza energética, debería permitir identificar aquellos grupos de consumidores con necesidades reales para cubrir el gasto energético, lo que permitiría definir mejor las acciones concretas para este colectivo.

Rediseñar los requisitos para la obtención del bono social es otra de las propuestas. Se debería replantear para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda, el nivel de ingresos familiares y la vulnerabilidad del consumidor y no sólo la potencia contratada o la situación familiar y laboral, así como establecer un bono social para el gas, como ya hacen otros países.

Y es que ocurre con demasiada frecuencia que el impago de una factura de energía doméstica puede llevar a la suspensión del suministro. El corte de la luz en el hogar de una familia en riesgo de exclusión es un hito en su proceso de empobrecimiento que puede convertirse en irreversible, por lo que desde Ecodes defienden que debería asegurarse el suministro en momentos críticos. Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos han establecido convenios con empresas eléctricas para la paralización de cortes de suministro a personas en riesgo de exclusión controladas a través de los servicios sociales, pero no representan un compromiso e implicación real en el problema de las empresas eléctricas, ya que es el ayuntamiento o gobierno autonómico u organizaciones no gubernamentales actuando como avalistas, quienes realizan el esfuerzo económico, haciendo frente al pago de las facturas adeudadas. Estudiando las fórmulas adecuadas, el principio general debería ser compartir el esfuerzo entre el sector público y sector privado.

Así mismo, la pobreza energética implica administrativamente diferentes departamentos como son el de energía, salud, consumo o vivienda y a varios niveles de gobierno, tanto estatal como regional. Por lo tanto, se hace imprescindible una coordinación eficiente de los diferentes órganos gubernamentales para llevar a cabo políticas coherentes y efectivas que agrupen soluciones no solo correctivas, sino también preventivas.

Por último, los suministros de energía representan uno de los gastos más elevados de la economía doméstica. Empoderar a las personas en riesgo en el uso eficiente de sus equipos y sobre aspectos básicos que les permitan entender las facturas, los servicios que están contratando y las ayudas de las que pueden beneficiarse es un aspecto necesario en la lucha contra la pobreza energética.