Los recortes les asoman al abismo de la pobreza

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Carmen Gómez-Cotta

@GomezCotta

Una de cada cuatro personas con discapacidad en España corre riesgo de sufrir la pobreza como consecuencia de los efectos de la crisis económica, según el estudio de la Fundación ONCE. En Europa el 14,9 % se encuentra en la misma situación.

Así, de acuerdo con el informe ‘Impacto de las medidas de austeridad de los gobiernos europeos en los derechos de las personas con discapacidad en la Unión Europea y España’, la vulnerabilidad de las personas de este colectivo en el país alcanza cotas superiores que la media de países europeos, en los uno de cada cinco personas con discapacidad corre el mismo riesgo.

Los ámbitos donde, a juicio de la entidad, está teniendo un mayor impacto la crisis económica son el empleo y las prestaciones a la dependencia, según ha indicado el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, que es además presidente del Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos Humanos y Discapacidad.

«Se ha producido un aumento desproporcionado de las tasas de desempleo y de riesgo de pobreza de las personas con discapacidad desde el comienzo de la crisis», advierte el estudio de la fundación, en el que indica que los mecanismos de promoción y protección de las personas con discapacidad han recibido un «impacto muy negativo» por parte de la «amplia gama de medidas de austeridad» puestas en marcha desde el inicio de la crisis.

Junto con empleo y prestaciones a la dependencia, el análisis de los datos procedentes de las estadísticas de la UE, indica que «los servicios sociales también se han visto gravemente afectados» y la información consultada para la realización del estudio indica que el acceso a estos es «cada vez más desigual«, según ha precisado la Fundación.

Así, destaca entre otros efectos de las medidas de austeridad los recortes presupuestarios directos, recortes en la financiación de proveedores de servicios sociales no gubernamentales y los recortes en el apoyo financiero a las organizaciones representativas de la discapacidad, entre otros.

En este sentido, el presidente del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha asegurado que el fruto de estas políticas es que el colectivo de personas con discapacidad «no existe» debido a que su proceso de inserción social se ha visto «paralizado».

El presidente del CERMI participó junto con representantes de la Fundación ONCE, el director general de la Fundación RAIS, José Manuel Coballol, y los sociólogos Gregorio Rodríguez Cabrero, y Agustín Huete García, en la presentación del informe.

Como consecuencia de las medidas, adoptadas para combatir la crisis económica, «los más afectados por todos los impagos, retrasos, recortes y minimización de estrategias son las estructuras del bienestar y, en concreto, el movimiento asociativo», ha recalcado Pérez Bueno.

Limitaciones en oportunidades

Por ello, Cabra de Luna ha reclamado que, «si se certifica que España sale de la crisis, la situación tiene también que mejorar para un colectivo tan vulnerable como el de las personas con discapacidad» y ha señalado la necesidad de emplear el derecho y la innovación social para impulsar «estrategias para avanzar y mostrar que las personas con discapacidad son fuente de ventajas competitivas».

En esta línea, Huete García ha invitado a «convertir las limitaciones de la crisis en oportunidades, como esa vena reivindicativa», y a evitar «la mercantilización de los servicios a personas con discapacidad en tiempos de crisis».