Dentro del panorama de recortes de cara a hacer frente a la crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en la reforma emprendida por el Gobierno bajo la tutela de Europa, se ha colado un avance social que no ha pasado inadvertido y que beneficia a las víctimas de malos tratos.
Esta novedad, incluida en el anteproyecto de Ley de Reforma del Sistema de Seguridad Social, es que la extinción de la relación laboral consecuencia de la violencia de género también dará acceso a la modalidad de jubilación anticipada a los 61 años, según el texto al que ha tenido acceso Ethic.
Por otro lado, se incluye una disposición adicional para que se compute como periodo cotizado un periodo de nueve meses con un máximo de dos años por cada hijo o menor adoptado cuando se extinga la relación laboral o se dejan de cobrar las prestaciones de desempleo entre los nueve meses anteriores al nacimiento o los tres meses anteriores a la adopción y la finalización del sexto año posterior a esa situación.
Este beneficio sólo se reconocerá a uno de los progenitores y en caso de falta de acuerdo se le concederá a la madre. En ningún caso podrá ser superior a la interrupción real de la cotización.
