Alejandro Pedregal
«Sobran las políticas que abandonan el territorio durante décadas y luego se sorprenden cuando arde sin control»
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Alejandro Pedregal (Madrid, 1977), escritor y cineasta, realiza investigaciones en el Consejo de Investigación de Finlandia en la Universidad Aalto. Ha publicado ‘Incendios: Una crítica ecosocial del capitalismo inflamable’ (Barcelona, Verso, 2025), un ensayo donde disecciona cómo las llamas están consumiendo no solo nuestro paisaje sino también nuestras vidas. Y todo porque no somos capaces de salir de la rueda de ratón que nos ha impuesto el sistema capitalista, al que Pedregal considera depredador.
Dice que el capitalismo naturaliza todo lo que crea dándonos la impresión de que no existe alternativa. ¿Por eso nos cuesta tanto visibilizar y crear otras opciones?
En su organización de la producción social, el capitalismo también da forma al horizonte de lo pensable; es decir, a imaginarios sociales que facilitan la asimilación de las relaciones capitalistas como relaciones «naturales». Al naturalizar sus propias relaciones sociales —atravesadas por la mercantilización, la propiedad y la explotación— las presenta como inevitables, en un proceso que es tan material como cognitivo. Ese cercado del imaginario forma parte de toda una serie de mecanismos de dominación integral y multifacética, y que responde, sobre todo, a la propia forma de organización social que el capital impone sobre la vida de forma tan violenta como automática. En ese proceso se emborrona tanto la capacidad para percibir los vínculos entre las relaciones sociales y la complejidad histórica que les dan forma, como la posibilidad de concebir alternativas a un orden que, ante nuestros ojos, ha quedado naturalizado.
«El problema no es solo cómo producimos y consumimos, sino para qué y para quién»
Habla de la necesidad de un decrecimiento ecosocialista como alternativa al capitalismo. ¿El capitalismo verde o Green New Deal no te parece una opción plausible?
El problema del llamado capitalismo verde o de muchas versiones dominantes del Green New Deal es que parten del supuesto de que es posible mantener intacta la lógica acumulativa y expansiva del capital cambiando la matriz tecnológica. Se confía en que una transición basada en la electrificación y las energías renovables pueda resolver la crisis ecológica sin alterar las relaciones productivas que la han generado. Sin embargo, el problema no es solo cómo producimos y consumimos, sino para qué y para quién. Sin abordar esto, y más allá de sus limitaciones técnicas y materiales, la llamada transición acabaría por reproducir las mismas dinámicas de desigualdad y desposesión con nuevos materiales. Conviene matizar, en todo caso, que no existe una única versión del Green New Deal. Hay propuestas que cuestionan su enfoque hegemónico —marcado por el contexto estadounidense y el imaginario productivista del New Deal— y que se sitúan en coordenadas internacionalistas y compatibles con el decrecimiento, como ejemplifica el libro A People’s Green New Deal, de Max Ajl.
El problema es que, en la práctica, la transición que se está implementando reproduce inercias conocidas: concentración monopolística y presión socioecológica sobre territorios y comunidades periféricas, como muestran las críticas al despliegue masivo de renovables en nuestro país. Cambiar la fuente de energía sin cambiar el modelo de producción y consumo es insuficiente. Por eso planteo el decrecimiento como una táctica dentro de una estrategia ecosocialista más amplia: una reorganización democrática radical de la economía orientada a la justicia ecosocial dentro de los límites planetarios. El obstáculo principal no es técnico, sino sociopolítico.
En su análisis de los incendios mediterráneos, usted argumenta que son «incendios de sexta generación» y «expresiones de un sistema en combustión». ¿Qué características definen esta nueva clase de incendios?
Los incendios de sexta generación son fuegos de una intensidad sin precedentes, capaces de generar su propia meteorología, como pirocúmulos y vientos erráticos, que los vuelve altamente impredecibles y, en muchos casos, casi imposibles de extinguir con métodos tradicionales. No responden solo a episodios puntuales de sequía o calor extremo, sino a un umbral climático traspasado, resultado de la interacción entre el calentamiento global antropogénico y transformaciones sociohistóricas muy concretas: abandono rural, ruptura de los vínculos entre comunidades y territorio, y un modelo productivo que degrada suelos y homogeneiza paisajes.
La expansión de monocultivos, la acumulación de biomasa sin mediación humana y la subordinación del uso del suelo a la rentabilidad han convertido amplias regiones en territorios estructuralmente inflamables. Por eso hablo de un sistema en combustión: el incendio no es solo un desastre ambiental, sino la expresión material de una racionalidad que reorganiza los ecosistemas según los tiempos del capital, incompatibles con los ritmos de restauración de la naturaleza, produciendo paisajes y vidas crecientemente vulnerables al desastre.
«El incendio es la expresión material de una racionalidad que reorganiza los ecosistemas según los tiempos del capital»
Señala que estos incendios están acelerados por el cambio climático e intensificados por un uso del suelo destinado a la acumulación y la ganancia. ¿De qué manera se ha reestructurado el paisaje para que acabe siendo más proclive al fuego?
La inserción del capital en todas las esferas de la vida social ha transformado el territorio en mercancía. El suelo deja de ser un espacio vivido y cuidado para convertirse en un activo financiero, sometido a criterios de valorización acelerada. Esto favorece la expansión de monocultivos y modelos agroindustriales degradantes, la urbanización dispersa y fragmentada, y una planificación territorial orientada al beneficio inmediato, al tiempo que se erosionan prácticas comunitarias históricas de manejo del paisaje que sostenían la biodiversidad. El resultado es un territorio homogeneizado, con suelos empobrecidos y ecosistemas debilitados. En ese contexto, cuando irrumpe el fuego lo hace en un entorno ya reorganizado para maximizar la ganancia. Los incendios no son meras anomalías, sino la activación de condiciones estructurales producidas por un modelo incapaz de absorber el estrés climático que él mismo genera.
En los últimos 13 años se ha reducido a la mita la inversión en prevención y extinción. ¿Cómo ha afectado este descuido crónico de las áreas rurales?
La drástica reducción de la inversión en prevención y gestión forestal ha debilitado de forma profunda la capacidad adaptativa de los ecosistemas, como hemos comprobado de manera dramática este verano. Años de austeridad neoliberal han erosionado los cuidados del territorio, mientras el abandono rural ha vaciado de población espacios que históricamente sostenían una relación cotidiana con el campo o el bosque. Sin gestión pública sostenida ni comunidades que habiten y cuiden estos entornos, los suelos se degradan, la biodiversidad se empobrece y los ecosistemas pierden resiliencia, volviéndose extremadamente vulnerables al calor extremo y la sequía. En este contexto, afirmar que «sobran bosques», como ha hecho algún político, invierte el problema: lo que sobran son políticas que abandonan el territorio durante décadas y luego se sorprenden cuando arde sin control.
¿Qué papel juega el interés corporativo y financiero, como la ganancia a corto plazo del turismo, en dictar un modelo de uso de la tierra que sacrifica la supervivencia a largo plazo y debilita la agricultura local?
La financiarización del suelo —de la que el turismo masivo es una expresión central— impone sobre el territorio lógicas de sobreexplotación profundamente destructivas: maximizar beneficios inmediatos mientras se desplazan los costes ecosociales al futuro. Este modelo expulsa la agricultura local, encarece el acceso a la tierra y la vivienda, precariza el trabajo y reconfigura los paisajes para el consumo rápido y estacional, no para sostener la vida. A largo plazo, erosiona pilares fundamentales como la soberanía alimentaria, el conocimiento territorial autóctono y el vínculo metabólico con los ecosistemas, transformando el territorio en un activo mercantil o un decorado turístico altamente inflamable. El resultado es una pérdida generalizada de resiliencia ecosocial que deja a comunidades y entornos más expuestos al desastre. Se trata de la vieja lógica del pan para hoy y hambre para mañana, con el agravante de que, en el contexto actual, incluso ese pan será cada vez peor y más escaso.
Asegura que las poblaciones rurales y migrantes son las más expuestas a las llamas y esto entronca con lo que denomina un «intercambio desigual»·
La noción de intercambio desigual surge para explicar cómo el comercio internacional reproduce relaciones estructurales de dependencia a escala mundial. Hay toda una serie de formulaciones tempranas en el marxismo, si bien la noción sería sistematizada por Arghiri Emmanuel y desarrollada gracias al debate con autores como Samir Amin y otros desde la teoría de la dependencia y los análisis de sistemas-mundo. El intercambio desigual muestra cómo el valor fluye sistemáticamente de la periferia al centro del sistema mundial. En décadas recientes, este marco se ha ampliado al ámbito ecológico mediante el concepto de intercambio ecológico desigual, que evidencia cómo el Norte global se beneficia de la captura de bienes procedentes de territorios y poblaciones empobrecidas del Sur global, al tiempo que externaliza los costes de su producción y consumo sobre ellos. Autores como Stephen G. Bunker, Enrique Leff, Joan Martínez Alier, Alf Hornborg, John Bellamy Foster, Mariko Frame, Max Ajl o Jason Hickel, desde diferentes ángulos, han contribuido a esta comprensión.
En este contexto, el fuego no afecta a todos por igual. Las personas trabajadoras, migrantes y poblaciones rurales están más expuestas porque disponen de condiciones materiales más precarizadas para la prevención y la protección. Como ocurre con el cambio climático, quienes menos han contribuido al problema suelen sufrir sus efectos más devastadores. Las mismas jerarquías que estructuran el intercambio económico global —clase, raza y género, y posición centro-periferia— organizan también la distribución del riesgo. Los incendios son, en definitiva, fenómenos profundamente estratificados.
¿Por qué es crucial ver los incendios como expresiones de un sistema en lugar de meros accidentes?
Entender los incendios como simples catástrofes naturales o fallos de gestión impide abordar sus causas profundas. Marx hablaba del capital como un «sujeto automático» para describir una lógica autonomizada de compulsión hacia la acumulación y la expansión, al margen de necesidades humanas y límites ecológicos. Desde esa perspectiva, los incendios aparecen como consecuencias previsibles de una racionalidad que reorganiza territorios, trabajo y ecosistemas de acuerdo con el beneficio inmediato. Pensarlos como expresiones de este sistema focaliza la cuestión política central: ¿qué tipo de orden social está dispuesto a quemarlo todo para sostener su inercia expansiva? Mientras el capital opere como «sujeto automático» que subordina la vida a la valorización, los incendios seguirán emergiendo como síntomas extremos de una racionalidad profundamente destructiva.
¿Por qué tipo de inversión apostaría para restaurar el vínculo entre la comunidad y el territorio?
Hace falta, en primer lugar, inversión pública sostenida y estructural, no reactiva ni subordinada a la ganancia. Inversión en prevención de incendios, sí, pero también en servicios rurales, agroecología, vivienda, transporte y cuidados; en todo aquello que hace posible sostener el territorio de forma digna. Esta inversión debe estar desligada de presiones corporativas y financieras, que tienden a orientar los recursos hacia soluciones privatizables. Ahora bien, la inversión económica no basta sin una profundización democrática. La planificación debe abrirse a la participación deliberativa y vinculante de las comunidades y a la recuperación de saberes locales que permitan pensar el territorio en el largo plazo. Sin democratizar las decisiones sobre el uso del suelo, la energía o la alimentación, cualquier política ecosocial queda atrapada en el cortoplacismo, tanto financiero como electoral.
«Sin democratizar las decisiones sobre el uso del suelo, la energía o la alimentación, cualquier política ecosocial queda atrapada en el cortoplacismo»
Concluye que «no habrá cortafuegos contra el desastre sin justicia ecológica y social». ¿Qué tipo de políticas se requieren para confrontar la segregación y la desigualdad extrema?
Mitigar y adaptarse es necesario, pero insuficiente. Se requieren políticas capaces de afrontar de forma conjunta la segregación urbana, la precarización laboral, la crisis de cuidados —profundamente feminizada—, el racismo ambiental y la desigualdad global. No se trata de añadir una capa moral a la gestión del desastre, sino de intervenir en las condiciones materiales que agudizan los regímenes de vulnerabilidad de las mayorías vulnerables. En este sentido, resulta clave repensar el papel de los «movimientos antisistémicos», tal y como los estudiaron Immanuel Wallerstein y otros autores; aquellas luchas sociales, territoriales y ecológicas que cuestionan la organización jerárquica del capital global y sus relaciones de dependencia. Desde los movimientos de liberación nacional, el campesinado organizado y los pueblos indígenas hasta las luchas por la vivienda, la energía o el agua, estos movimientos abren espacios participativos para disputar el uso del territorio y reorientar el metabolismo social.
La justicia ecosocial implica precisamente permitir que las comunidades históricamente más golpeadas por la violencia del capital puedan construir formas soberanas de reproducción social. No es solo una cuestión técnica, sino profundamente política. La justicia ecológica y social no es un complemento de la lucha contra los incendios, sino la condición de posibilidad para combatir, tanto ecológica como socialmente, las llamas que consumen el planeta en el que vivimos.
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