Educación global: una prioridad que siempre llega tarde

Cada vez que el mundo entra en crisis se activa un mecanismo conocido. Se buscan ámbitos que puedan esperar, decisiones cuyos efectos no se perciban de inmediato, espacios donde el coste político sea diferido. Y casi siempre ese recorte acaba teniendo el mismo nombre: educación.

Sucede cuando estalla un conflicto, cuando la deuda aprieta, cuando los equilibrios geopolíticos se tensan o cuando los presupuestos empiezan a crujir. De pronto, lo que hasta ayer era «prioritario» pasa a considerarse prescindible. No porque haya dejado de ser importante, sino porque sus consecuencias no son inmediatas. Como si el futuro pudiera aplazarse, como si aprender fuese un lujo, como si una generación entera pudiera ponerse en pausa y retomarse después, cuando todo vaya mejor.

Ese gesto se ha repetido demasiadas veces como para seguir interpretándose como una excepción. Cuando hablamos de recortes en la educación global no hablamos solo de cifras ni de partidas presupuestarias, hablamos de trayectorias vitales que se interrumpen antes de empezar, de puertas que no llegan a abrirse, de desigualdades que se consolidan con una facilidad pasmosa y que luego exigimos corregir a golpe de parche. Lo que se ahorra hoy reaparece más tarde, casi siempre con un coste social mucho mayor.

Se apela con frecuencia a la necesidad de «priorizar», como si se tratara de un imperativo técnico o de una lógica inevitable. Pero establecer prioridades no es un fenómeno neutral, es una decisión política. Y decidir que la educación global puede esperar, una vez más, implica apagar un incendio inmediato a costa de debilitar los cimientos a medio plazo, retirar los pilares del edificio justo cuando empiezan a aparecer las grietas. No es una elección inocua, aunque a menudo se presente como tal.

A menudo hablamos de la educación en abstracto, con una distancia casi administrativa, como si fuera un concepto técnico más. Pero basta acercarse un poco para ver lo que realmente está en juego. Cuando más de 270 millones de niños y niñas siguen fuera de la escuela en el mundo no estamos ante un problema estadístico, sino ante generaciones enteras sin una salida real. Cuando siete de cada diez niños y niñas de países de renta baja y media no saben leer ni comprender un texto sencillo a los diez años, no estamos ante una disfunción puntual del sistema educativo, sino ante una emergencia silenciosa que, si se prolonga, acaba traduciéndose en desigualdad estructural, violencia, migración forzada y sociedades más frágiles.

Y, sin embargo, la educación sigue tratándose como una política blanda, casi ornamental, fácil de reivindicar en el discurso y rápida de sacrificar cuando toca elegir. Con frecuencia se la reviste de un lenguaje de «solidaridad» entendido como caridad, ayudar cuando se puede, contribuir cuando sobra. Ese marco resulta insuficiente porque desplaza el foco del derecho a la buena voluntad. La educación no va de gestos simbólicos ni de conciencia tranquila, va de estabilidad, de futuro compartido y de responsabilidad colectiva.

Es desde ahí desde donde se dirige esta carta, firmada por jóvenes como yo, por representantes de la sociedad civil –como la Alianza Mundial para la Educación o la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación– y por organizaciones de juventud organizada, entre las que destacan Talento para el Futuro, JEF España, Guardianes por la Vida o Equipo Europa, a los gobiernos de España y de la Unión Europea. No para reclamar una excepción coyuntural, sino para exigir que la financiación de la educación global deje de ser la variable de ajuste en contextos de crisis y se sitúe, de manera sostenida, en el centro de las prioridades presupuestarias y de la acción exterior. No como retórica, sino como compromiso material.

Invertir en educación no es un acto de generosidad, es una condición mínima para la cohesión social. Es la infraestructura que permite a una comunidad recomponerse tras una crisis, resistir los golpes y no desmoronarse ante la primera dificultad. Es también una de las pocas políticas capaces de romper dinámicas de pobreza que, de otro modo, se perpetúan durante generaciones.

Invertir en educación no es un acto de generosidad, es una condición mínima para la cohesión social

Aquí es donde entra España y, con ella, Europa. No como observadoras con buena conciencia, sino como actores con capacidad real de decisión. Porque si algo ha quedado claro en los últimos años es que el multilateralismo no se sostiene únicamente sobre declaraciones de valores. Está erosionado y no se recompone con más retórica, sino con compromisos materiales sostenidos en el tiempo, incluso cuando el contexto político o económico no acompaña.

Si de verdad aspiramos a sociedades más cohesionadas, menos vulnerables y capaces de habitar un mundo crecientemente complejo, la educación no puede seguir funcionando como moneda de cambio cada vez que hay que recortar. No hay política pública más básica ni más estratégica. Y no hay contradicción mayor que reivindicar estabilidad global mientras se debilitan, de forma sistemática, las condiciones que la hacen posible.

Firmé esta carta porque aceptar ese recorte como algo normal implica asumir una lógica muy concreta, que el futuro puede esperar, que ya habrá tiempo más adelante, que siempre será posible compensar lo perdido. Pero lo que se decide hoy, cuando se recorta educación, no es solo una partida presupuestaria, sino el tipo de sociedad que estamos dispuestos a sostener y qué vidas consideramos prescindibles y cuáles no.

Laura Jarandilla Martín de Talento Para el Futuro