Derechos culturales

Artículo

Irene Aláez Vasconcellos

El 10 de diciembre se celebra en Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que quizá debamos recordar al gran olvidado: El Derecho a la Cultura.

El concepto de los derechos culturales, aunque de reciente articulación, se erige como un pilar fundamental para el desarrollo integral de la persona. Si bien la conciencia social sobre su importancia ha aumentado (como refleja el consenso CIS o el Barómetro de la Unión Europea), persisten limitaciones estructurales que comprometen su efectividad, específicamente en el acceso económico y la participación activa. La necesidad de superar estas barreras (coste, información) pone de relieve la urgencia de políticas que promuevan la educación cultural, la formación individual y la adaptación a las dinámicas del contexto tecnológico actual.

La evolución de estos derechos se ha cimentado en un corpus iuris internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), al reconocer la dignidad inherente, establece en su Artículo 27 el derecho inalienable a la libre participación en la vida cultural, al disfrute de las artes y a la protección de los intereses morales y materiales derivados de las producciones artísticas y científicas. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) profundiza estas obligaciones y la Observación General No. 21 del Comité DESC detalla el mandato de los Estados para garantizar la libertad de creación, el acceso equitativo y el respeto a la diversidad cultural. La Convención UNESCO sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005) reafirma este compromiso global. Este marco internacional ha sido ratificado por los Estados asumiendo así sus compromisos y obligaciones.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se caracterizan por ser indivisibles e interdependientes, debiendo ser garantizados a todos sin discriminación. Su realización es de naturaleza progresiva, lo que significa que los Estados deben tomar medidas inmediatas y sostenidas, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para lograr su pleno cumplimiento a lo largo del tiempo. Finalmente, implican obligaciones tripartitas para los Estados: la obligación de respetar, proteger y realizar (o cumplir) estos derechos esenciales. La aplicación de los derechos culturales en España es objeto de supervisión internacional.

La dimensión internacional se integra en el derecho interno español de manera central, así la Constitución Española de 1978 los consagra en el artículo 20 dedicado a la libertad de creación como derecho fundamental y como principios rectores de la política social y económica en el Artículo 44 que establece explícitamente la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

El desarrollo y la gestión de estos derechos se complementan a través de las Leyes Autonómicas (Estatutos de Autonomía), que suelen asumir competencias exclusivas o concurrentes en materia de cultura. Esto genera un marco multinivel característico del contexto actual español, donde las políticas de patrimonio, promoción y educación cultural recaen significativamente en las Comunidades Autónomas. Asimismo, el artículo 149.2 de la Constitución Española establece que el Estado considera el servicio de la cultura como un deber y una atribución esencial, facilitando la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, aunque estas también puedan asumir competencias

El modelo actual de políticas culturales ha quedado obsoleto, incapaz de abordar la complejidad y diversidad del ecosistema cultural contemporáneo

La evolución de las políticas culturales en España refleja la tendencia global hacia la descentralización y el reconocimiento de la diversidad, consolidando los derechos culturales como eje central de la gestión pública, un cambio impulsado por el marco internacional y acelerado por la pandemia. A nivel nacional, la creación de la Dirección General de Derechos Culturales y el desarrollo del Plan de Derechos Culturales marcan un hito, complementado a nivel regional por iniciativas promotoras previas como las leyes autonómicas de derechos culturales en Navarra, Canarias o País Vasco. No obstante, este panorama se enfrenta a desafíos críticos como la polarización política y las persistentes desigualdades territoriales, lo que exige un compromiso sostenido y una mayor participación ciudadana para lograr políticas culturales verdaderamente inclusivas y equitativas.

El modelo actual de políticas culturales ha quedado obsoleto, incapaz de abordar la complejidad y diversidad del ecosistema cultural contemporáneo, la ya mencionada polarización política dificulta una necesaria coordinación entre administraciones, la coherencia entre políticas y unas líneas rojas de compromisos presupuestarios. Este contexto actual exige, por tanto, una armonización de las políticas públicas que trascienda la mera conservación para enfocarse en el acceso universal, la inversión en creación y la eliminación de la discriminación, cumpliendo con los mandatos internacionales y constitucionales en un marco de gobernanza descentralizada.

Las Conferencias Internacionales de Políticas Culturales y Desarrollo promovidas por UNESCO, Mondiacult 2022 en México y Barcelona 2025 reafirman el compromiso colectivo de posicionar la cultura no solo como un derecho humano individual, sino como un bien público mundial y un pilar esencial para un desarrollo justo, pacífico y sostenible. Esta visión compartida se basa en el reconocimiento de que la cultura contribuye al pleno ejercicio de los derechos humanos, a la paz, al crecimiento económico inclusivo y a la resiliencia climática y sugiere que en el marco de desarrollo sostenible post-2030 de la ONU, la cultura debe ser considerada como un objetivo independiente, priorizando la protección de los derechos culturales, la libertad artística, la salvaguardia de la diversidad cultural y lingüística y, el fomento de la cooperación para la restitución de bienes culturales.

En el ámbito europeo, el recién presentado Culture Compass for Europe establece un ambicioso marco estratégico para la UE, impulsado por la visión de que la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo individual y la resiliencia democrática. Este plan busca integrar la cultura en el corazón de la estrategia política, social y económica de la UE, reconociendo el derecho de todos a crear y participar en la cultura. A pesar de la vibrante diversidad cultural y el impacto económico positivo (7.9 millones de empleos) del sector, se reconoce que su importancia estratégica está subestimada y se enfrenta a desafíos como la precariedad laboral, las amenazas a la libertad artística y las desigualdades en el acceso. El Culture Compass se guía por cuatro ejes, que incluyen defender los derechos culturales, empoderar a los artistas, fomentar la competitividad y resiliencia mediante la cultura, y potenciar las relaciones culturales internacionales.

Se propone un nuevo enfoque que prioriza los derechos culturales de todas las personas, asegurando el acceso a servicios culturales básicos y fomentando la participación activa en la vida cultural, todo ello en un marco de seguridad cultural que proteja la libertad de expresión y la diversidad.

Irene Aláez Vasconcellos es fundadora de Una más una e instructora del Programa Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso.