La novela gráfica de Isaac Rosa y Cristina Bueno ‘Aquí vivió. Historia de un desahucio’ (2016) cuenta los sentimientos de miedo, vergüenza e incertidumbre de una familia desahuciada por el impago de su hipoteca en los años de la Gran Recesión.
Hoy, la mayor parte de los desahucios se producen por impagos de las rentas de alquiler, pero los sentimientos que provocan en las personas son los mismos. El que sufrió Maricarmen Abascal hace pocos días en Madrid ha despertado una ola de indignación que va más allá de este caso particular.
Convalidación ‘exprés’
La dificultad de acceso a una vivienda digna y asequible, uno de los mayores problemas sociales en todo el mundo, produce exclusión social, desigualdad y pobreza. Ser propietario se está convirtiendo en un factor de diferenciación social: cada vez menos personas acumulan más propiedades, mientras otras no pueden acceder a una sola, digna y asequible.
El debate social generado por el desahucio de Maricarmen Abascal ha hecho que las dos fuerzas políticas del Gobierno (PSOE y Sumar), hayan aprobado hoy en Consejo de Ministros dos reales decretos con medidas para evitar nuevos casos de desahucios y contener la espiral de precios del alquiler. Esta misma semana, el viernes 2 de octubre, se llevarán estas normas a votación en el Congreso para intentar mantener su vigencia de estas normas.
¿Por qué mediante Real Decreto Ley?
Esta figura tiene una ventaja principal respecto a otros instrumentos legislativos: el Real Decreto Ley, aunque necesita convalidarse en el Congreso en los 30 días siguientes a su publicación en el BOE, entra en vigor al día siguiente de dicha publicación y sus medidas proporcionan cobertura legal inmediata a sus beneficiarios. En cambio, un Proyecto de Ley, por ejemplo, necesita de un largo procedimiento legislativo en las Cortes.
Además, en este momento, un Real Decreto Ley que regule los desahucios tiene más posibilidades de salir adelante por la presión social de la ciudadanía sobre los partidos políticos.
Las medidas contempladas en los reales decretos
Se aplica un tipo impositivo del 10% al IVA de los pisos turísticos y el IVA superreducido del 4% a la vivienda de promoción pública y a la vivienda protegida. También habrá bonificaciones fiscales tanto para los inquilinos como para aquellos propietarios que «se apeen del carro de la especulación». Sin grandes detalles todavía, el Gobierno señala que se reordenará la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) para que orienten su inversión a la vivienda asequible y “no al uso de la inversión en el ámbito de la especulación”.
Se aprueba una financiación pública al 0% de interés (plan Tu Casa) para hasta un 20 % del importe de la primera vivienda. El 80 % restante es lo que suelen financiar los bancos en forma de hipoteca.
Escudo social contra los desahucios
La protección ante los desahucios se refuerza hasta el 31 de diciembre de 2030, con garantías para las personas vulnerables sin alternativa habitacional. También se limitan las subidas de las rentas de alquiler, incluidas las contempladas en la renovación de contratos, y se aprueba una prórroga de dos años para los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
Se aprueba una financiación pública al 0% de interés para hasta un 20 % del importe de la primera vivienda
Se van a regular también el alquiler de temporada y por habitaciones, conforme a los criterios establecidos para el alquiler residencial en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2023.
¿Detendrá esto la subida de los precios de la vivienda?
La mayor parte de estas medidas van en la buena dirección. Por ejemplo, a través de aumentar los impuestos, se quita atractivo a la inversión en viviendas turísticas, que generan beneficios mayores y más rápidos a los inversores pero reducen el mercado de vivienda para las familias.
En cualquier caso, no hay soluciones mágicas. Las políticas públicas de vivienda más efectivas son las que combinan medidas a corto y medio plazo con otras de largo recorrido.
Se necesita un potente parque de viviendas asequibles, que pueden ser de propiedad pública, pública-privada o privada de lucro limitado. También hace falta la aplicación efectiva de medidas como: controlar los precios en las zonas tensionadas, limitar las licencias a las viviendas turísticas, o diseñar una política fiscal que recaude más en los agentes económicos que más beneficios y más riqueza en viviendas están acumulando para destinar esa recaudación a poner en el mercado más viviendas asequibles.
Ricardo Urrestarazu Capellán es profesor Asociado de Política Económica, Universidad de Málaga. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
COMENTARIOS