El precio de la paz en las elecciones colombianas

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Fernando Mudarra

El próximo domingo 27 de mayo comienza el proceso electoral en Colombia con la primera vuelta. A la vista de las encuestas, muy probablemente no acabará aquí y será necesario llegar al 17 de junio para establecer en segunda vuelta quién será el nuevo presidente de Colombia los próximos 4 años.

El país afronta esta cita con las urnas en un contexto y con unos antecedentes diferentes a otras contiendas electorales. Por una parte, con un número de candidatos importante –el término en masculino lo uso literalmente ya que no hay candidatas en esta ocasión– que llega a 6 alternativas para este próximo domingo. Por otra, con un antecedente que ha marcado una parte importante del debate: el rumbo que debe seguir el acuerdo de paz suscrito el 29 de septiembre de 2016, afectado por el referéndum que puso de manifiesto la exigencia de la sociedad colombiana a la clase política de revisar la hoja de ruta para consolidar una paz duradera. Aunque parece que todo el país quiere acabar con el enfrentamiento, es evidente que no todo el mundo está dispuesto a pagar el mismo precio.

Los políticos buscan un camino por el que pueda transitar el 50% de la población que dijo ‘sí’ y el 50% que dijo ‘no’ en el referéndum

En el debate político, como no podía ser de otra forma, la implementación del acuerdo de paz está siendo uno de los elementos principales. Si bien existen otros temas ante los que la sociedad colombiana está esperando propuestas y respuestas, como es el caso de la corrupción, el acuerdo ha irrumpido como eje de las campañas, buscando encontrar un camino por el que pueda transitar el 50% de la población que dijo «sí» y el otro 50% que dijo «no» en el referéndum. Sin embargo, a la vista de los últimos debates, parece que la intención ha seguido siendo generar polarización más que encontrar caminos consensuados por los que transitar. Es necesario tener en cuenta que, además, en este debate político acaba de entrar uno de los actores en conflicto, las FARC, a través de su fuerza política recientemente presentada. Un panorama nada fácil, que en ningún caso debería apartar al país del tránsito hacia la materialización del acuerdo que ha conseguido terminar con cincuenta años de conflicto; un conflicto que ha afectado a dos generaciones completas de colombianos y colombianas que no han conocido otra cosa.

Foto: Levis Bernal – Ayuda en Acción.

Desde nuestro punto de vista, la importancia del acuerdo de paz es clara ya que se trata de algo que va más allá de poner fin a un enfrentamiento armado entre el Estado y la guerrilla. Si revisamos sus puntos principales, encontramos el compromiso de ambas partes de desarrollar el medio rural de forma integral, abrir los espacios y garantizar la participación política, asegurar el fin de la confrontación armada, solucionar el problema de las drogas ilícitas, buscar la reparación a las víctimas y garantizar la impartición de justicia de forma equitativa. A ello se añade el compromiso de llevar a cabo su implementación y la rendición de cuentas del mismo con una amplia participación ciudadana en todo el proceso. Traducido, los puntos fundamentales de cualquier reforma del Estado en muchos países latinoamericanos (y alguno europeo) que afectan a la distribución de la tierra, a la participación de la sociedad en la toma de decisiones, a la reforma del sistema político y a la garantía de una impartición de justicia. Añadido a este panorama, hacer frente a la convivencia y a la reparación en un ambiente donde la violencia provocada por un narcotráfico cartelizado cada vez más organizado no termina de ser controlado por las fuerzas de seguridad.

Ambas partes tienen el compromiso de desarrollar el mundo rural de forma integral, abrir los espacios y garantizar la participación política, entre otros puntos

Para los candidatos a esta primera vuelta, y sobre todo para el que resulte elegido el 17 de junio, se plantea un reto crucial que deberá contar con apoyo del resto de fuerzas políticas y con el conjunto de Poderes del Estado. Afrontar la recuperación de la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho en todo el territorio, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y el proceso de reconciliación no son aspectos menores. Más aún cuando estamos hablando de espacios en su mayor parte rurales, donde se concentró el enfrentamiento y donde actualmente se encuentra la base de la industria de la droga desde su cultivo. Cualquier objetivo que se plantee requerirá, por tanto, la recuperación de una parte importante del territorio colombiano para que se sienta parte dinámica de convivencia y progreso del conjunto del país. No olvidemos que prácticamente un tercio del mismo ha vivido durante décadas controlado por fuerzas al margen del Estado, y que por tanto han sido lugares en los que se ha perdido la conexión entre las instituciones públicas y el tejido social. Las primeras no cuentan con información sobre cómo viven y cómo piensan los habitantes de estas zonas; el segundo no conoce los mecanismos para relacionarse con los poderes públicos, durante tanto tiempo ausentes de su vida. En muchos casos, lamentablemente y por la lentitud del proceso hasta ahora, ni sabe quiénes son, ni lo que pueden hacer por ellos. Se les sigue sin ver y en muchos casos ni siquiera se les espera, algo que es preciso revertir con rapidez.

El panorama post electoral que afronta Colombia tendrá mucha influencia en lo que va a ser del país por décadas. No se trata de aprobar un plan de gobierno para los próximos 4 años que devuelva la senda de crecimiento y seguridad que ha vivido en los últimos tiempos. Se está dirimiendo quién y qué discurso servirá de base para tratar los grandes retos estructurales que tiene enfrente la sociedad colombiana y que la marcará durante años. Entre ellos, desde nuestra mirada, una necesidad apremiante de acercarse al mundo rural, primero escuchando y luego proponiendo alternativas claras al olvido, a la pobreza y a la inseguridad. Un desafío de tan grande dimensión, que necesitará sin duda apertura y colaboración tanto de los que cuenten con la mayoría del apoyo social como de aquellos que solo representen a una parte de la sociedad colombiana.