Internacional

¿Cómo se convirtió Ecuador en un infierno del narcotráfico?

En los últimos cinco años, Ecuador se ha convertido en un país acosado por la violencia de los cárteles. Hace unas semanas, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de «guerra interna».

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23
enero
2024

La requisa de casi nueve toneladas de cocaína en julio del 2023 en el puerto de Rotterdam no era una noticia baladí. Se trataba de la cantidad más grande jamás interceptada en el continente; paquetes y paquetes de droga camuflados en medio de un cargamento de bananos. Fruta adobada en polvos níveos.

Aquella cantidad bien podía haber roto todos los récords, pero su procedencia, desde luego, no era para nada sorprendente. Más bien era un síntoma, uno más de los muchos que indicaban que Ecuador, aquella nación pequeña y pacífica que en el pasado no había tenido problemas derivados del narcotráfico, se había convertido, en los últimos cinco años, en un país acosado por la violencia de los cárteles.

Así, se volvieron habituales en Ecuador las escenas de muertos colgando de puentes o cadáveres decapitados, que recordaban a países como México o Colombia, que arrastraban la tradición de figurar en el telediario por motivos similares. Sin embargo, en Ecuador la violencia crecería tanto que, este mismo enero, el presidente Daniel Noboa se vio obligado a declarar un estado de «guerra interna» y a enviar al ejército para combatir frontalmente a las bandas.

¿Cómo ha podido darse este cambio en apenas un lustro? Las claves son dos: la primera, la desaparición de una de las guerrillas más poderosas del planeta. Y la segunda, algo más abstracta, el cambio en los hábitos de consumo mundial de cocaína.

Ecuador, hasta el 2016, era una nación emparedada entre Perú y Colombia, los dos mayores productores de cocaína del mundo. Esto no era tan negativo como pudiera parecer en un principio, dado que la droga pasaba a través de Ecuador y luego proseguía su viaje hacia el norte, en busca de las fosas nasales de los estadounidenses y demás juerguistas pudientes. En otras palabras, Ecuador era un país de tránsito. Y el tránsito de la droga estaba estrictamente controlado por las FARC (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una poderosa guerrilla de ideología marxista que comenzó a coquetear con la droga entre los años 80 y 90. Las FARC utilizaban a las bandas ecuatorianas como peones sobre el terreno. No había competencia y el Estado tampoco estorbaba demasiado; era un proceso relativamente pacífico.

Antes país de tránsito, Ecuador se ha convertido en un punto clave del lanzamiento de droga hacia Europa

A partir del 2016, sin embargo, las FARC se desmovilizaron a cuenta de su negociación con las autoridades colombianas. Y, suelta la correa, los dogos locales comenzaron a pensar en hacerse con un trozo del pastel, si no con el pastel entero. Un pastel, además, que había aumentado considerablemente esos mismos años, porque si bien la demanda de cocaína había caído un poco en EE.UU, había aumentado a su vez en Europa. Y si el narco quería enviar la droga a Europa, entonces no podía utilizar avionetas de poca monta; se necesitaban puertos donde cargarla en barcos mercantes, disimulada en suelos falsos, cajas de banano o palés de madera o cacao. Fue así como Ecuador, con sus puertos, se convirtió en un punto clave de lanzamiento de la droga hacia Europa.

A esas alturas, además, el Estado ecuatoriano estaba notablemente debilitado para emprender esta lucha. Los años de paso tranquilo de droga bajo la mirada atenta de las FARC habían hecho que las autoridades estuvieran desentrenadas en el conflicto directo con las bandas y que sus filas estuvieran corroídas por el soborno y la corrupción. El presidente Lenín Moreno, que se embarcó en un programa de recortes salvajes a partir del 2017, había debilitado al aparato de seguridad más de lo que ya estaba: los policías podían tener que rascarse sus propios bolsillos para reparar un coche-patrulla y preferían usar sus teléfonos a las vetustas radios que aún tenían. Faltaban los chalecos antibalas, los radares en los puertos y los detectores de metales en las prisiones.

Serían precisamente las prisiones donde se empezaría a gestar el estallido de horror y sangre que luego se extendería por el resto del país. A esas alturas, los penales eran centros operativos del narco, y los propios presos dependían de los capos, a los que pagaban por sus propias camas (o su propia seguridad). Durante el mandato de Rafael Correa, de 2007 a 2017, la tasa de homicidios se había reducido gracias a sus reformas sociales, que sacaron a millones de personas de la pobreza, combinadas con una política de mano dura en lo tocante a las sentencias carcelarias. Pero esto último tuvo también el efecto de llenar las cárceles de personas sin forma alguna de lograr sustento (repudiadas, muchas veces, por sus propias familias a cuenta de su relación con las drogas), formando así verdaderos ejércitos al servicio de los capos que seguían manejando sus negocios desde el penal; capos que podían llegar a disfrutar, gracias a la corrupción, de privilegios como internet, móviles y armas, y que celebraban fiestas o peleas de gallos sin problema alguno.

Para 2021, la población reclusa se había cuadruplicado respecto del 2009, llegando a los 40.000 reos, y fue en esas prisiones, convertidas ya en guaridas masificadas del narcotráfico, que se produjo la primera ronda de violencia. La principal banda del país, Los Choneros, había perdido a su jefe en diciembre del 2020, acribillado mientras comía en un centro comercial, y sus sucesores no pudieron mantener la tregua que el líder había firmado con otras bandas menores. Los Lobos, los Chone-Killers y los Tiguerones, entre otros, se lanzaron a la yugular en busca de un buen bocado del pastel de la droga. Las cárceles empezaron a verse sacudidas por motines donde masas de matones masacraban a sus rivales; matando a más de 200 personas en 2021, mutiladas y grabadas en cámara.

Las prisiones se volvieron centros operativos del narco, donde los propios presos dependían de los capos

La sangre se desbordó hasta empezar a salpicar las calles, donde por primera vez se vieron asesinatos de policías, periodistas, activistas y hasta de fiscales. La tasa de homicidios se cuadruplicó entre 2018 y 2023. Aparecían cadáveres decapitados mientras se escuchaba en la lejanía el estampido de los coches-bomba. Ahora, los policías usaban guiñoles de sonrisa forzada para explicarle a los niños los peligros de salir a la calle en según qué zonas, y los patrulleros y sus fieles pastores alemanes husmeaban en busca de alijos de droga, en una batalla que el Estado estaba perdiendo con claridad.

A este carnaval de sangre y dinero se habían sumado también varios actores foráneos, que no dudaban en financiar las operaciones de las bandas locales desde que las FARC hicieran mutis por el foro. El Cartel de Sinaloa honraba la alianza que tenía con Los Choneros y el Cartel Jalisco Nueva Generación hacía lo propio con Los Lobos. También se entrometieron ex-guerrilleros de las FARC que consideraban que el business de la droga era demasiado lucrativo como para abandonarlo y alguna que otra banda venezolana. Hasta se presentó en el lugar un grupo balcánico conocido por la policía como «la mafia albanesa». 

En 2023, en medio de aquel caos, el presidente Guillermo Lasso, al que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, amenazaba con destituir bajo acusaciones de corrupción, se decidió a activar el mecanismo de «muerte cruzada». Esto es, podría gobernar por decreto prescindiendo de la Asamblea, pero debería convocar elecciones a su vez. En la campaña electoral que siguió, la criminalidad marcó la agenda de los candidatos. Varios de ellos hicieron referencia al ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyas controvertidas políticas de mano dura indiscriminada –combinadas quizá con pactos debajo de la mesa– habían reducido la criminalidad en un 50%.

El tema, sin duda, ganó relevancia añadida cuando uno de los candidatos menores, Fernando Villavicencio –activista furibundo en contra del crimen organizado y sus aliados dentro del Estado–, recibió una docena de balazos frente a la multitud mientras se metía en su coche después de dar un mitin en una escuela. Ya era el tercer político en morir en un mes, y sus asesinos (siete sicarios colombianos) serían liquidados a su vez cuando fueron encarcelados. Las prisiones, como se ha dicho ya, eran territorio del narco.

Sería Daniel Noboa quien ganara los comicios, un centroderechista, hijo de un magnate del banano. Noboa entró ciertamente con intenciones de combatir al narco. A esto le impulsó la «Operación Metástasis», desatada por la Fiscal General de Ecuador, que comenzó a tirar sin piedad de los hilos que ataban a las bandas con sectores corruptos de las autoridades ecuatorianas. Y fue así como, entre otras medidas, Noboa decidió que se trasladaría a los líderes de las bandas a una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil conocida como «La Roca».

Pero los líderes fueron advertidos por algún funcionario corrupto. Se dieron cuenta de que no solo estaban a punto de perder su imperio carcelario de la droga (ya no tendrían privilegios en «La Roca») sino que, a partir de entonces, serían vulnerables a cualquier tentativa de asesinato. Eso hizo que, entre el 7 y el 9 de enero, los líderes de Los Choneros y Los Lobos se fugaran de sus respectivos penales con apenas 48 horas de diferencia.

Ecuador se ha visto sacudido por ataques, tomas de rehenes, asaltos a hospitales y explosiones por doquier

Noboa perdió la paciencia y envió al ejército a controlar los presidios. Fue entonces como, viendo amenazados sus centros de poder, los líderes del narco dieron la orden, y Ecuador se vio sacudido por decenas de ataques, con tomas de cientos de rehenes, asaltos aterradores a hospitales y universidades y explosiones de bombas por doquier. Un plató de televisión recibió la visita intempestiva de varios encapuchados que secuestraron a los trabajadores.

El Ejército, entonces, recibió carta blanca para enfrentarse a los «terroristas», una palabra que las autoridades utilizaron de manera sorprendentemente certera: al fin y al cabo, se trataba de una violencia que buscaba hacer palanca para doblegar la voluntad del Estado, como hicieran los grupos terroristas tradicionales. En todo caso, lo que el presidente calificó de «conflicto armado interno» se dirimía ya entre las fuerzas del Ejército y los 20.000 milicianos que se calcula tienen en total las dos docenas de bandas que hay en el país.

¿Cuál será el resultado de este duelo militar? Es difícil saberlo, aunque las señales son positivas: los motines en los penales han sido sofocados y hasta 200 rehenes han sido liberados. El coste en vidas humanas, en el momento de escribir estas líneas, se mantiene mínimo. Otra cosa, sin embargo, será el narcotráfico per se. En ese aspecto, la larga guerra contra las drogas en Colombia o la derrota del Estado mexicano auguran un trayecto difícil y lleno de curvas. Por ahora, en todo caso, cabe reconocer que se ha dado un primer paso en el momento en que el Estado–-hasta ahora testigo pasivo de los hechos– ha decidido plantarle cara al problema que ha convertido la pacífica nación andina en un polvorín ardiente. La batalla por Ecuador acaba de comenzar.

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