Catástrofe natural, catástrofe desigual

El devastador terremoto que ha asolado Turquía y Siria, países situados en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, ha devuelto al debate público una cuestión importante. ¿No se pueden evitar estos desastres? Si profundizamos en ellos, vemos que es una cuestión en la que también interviene un importante factor social. El número de catástrofes naturales en el mundo ha ido en franco aumento. En 1970, se contabilizaron 440 casos, mientras que en el año 2000 ocurrieron 1440, incrementándose en paralelo el número de víctimas y de daños materiales. El cambio climático, reflejado en inundaciones, lluvias torrenciales o la subida del nivel del mar, tiene mucho que ver en esta proliferación.

Según el arquitecto Aurelio Ferrero y la arquitecta Daniela Gargantini, el paradigma naturalista dominante hasta hace muy poco tiempo en materia de desastres defendía la concepción de estos en cuanto expresión inevitable de la acción de la naturaleza sobre la sociedad. Pero en las últimas décadas se ha impuesto el enfoque multidisciplinar, desde el cual los desastres no son únicamente fenómenos naturales sino «socio-naturales». La ONU estima que entre 1975 y el año 2000, el 94% de las muertes producidas por los fenómenos naturales fueron de personas de bajos ingresos. La confluencia de dos placas tectónicas o la posibilidad de erupción de un volcán dormido son circunstancias que no pueden controlarse, pero sí se puede trabajar sobre la prevención.

La ONU estima que entre 1975 y el año 2000, el 94% de las muertes producidas por los fenómenos naturales fueron de personas de bajos ingresos

Aunque existan lugares con más probabilidad de sufrir desastres naturales, cuanto mayor sea la pobreza, más elevados serán los efectos trágicos en la zona afectada. Se puede mostrar con un caso práctico: en Haití, un seísmo de 7 grados en la escala Richter dejó en 2010 un total de 316.000 personas fallecidas. Ese mismo año, en Chile, un terremoto de una intensidad 30 veces mayor –es decir, de escala 8,8– provocó la muerte de 700 personas. ¿A qué se debe la diferencia entre cifras? La respuesta es sencilla: a la falta de recursos. Los países menos desarrollados económicamente, y en general las personas pobres, tienden a resultar más afectadas ante la ocurrencia de desastres debido a una alta concentración de población en determinadas zonas y a una precaria infraestructura de la vivienda. En muchos casos, incluso, las mismas personas se ven en la necesidad de construir sus propias casas y lo hacen en espacios de mayor riesgo ambiental, como las riberas de los ríos, porque son más accesibles. Se trata de construcciones nada preparadas ni diseñadas para aguantar sacudidas.

Además, las personas más vulnerables tienen menos oportunidades de recuperarse de las consecuencias de los desastres naturales. En un informe de 2016, Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters, elaborado por el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR), ya se advertía del devastador impacto humano y económico de los fenómenos meteorológicos extremos sobre la pobreza. En el documento, de hecho, se refleja un nuevo método para medir los daños provocados por estos desastres, con el que se tiene en cuenta las consecuencias económicas que dichos fenómenos representan para la población pobre. Por ejemplo, el ciclón Nargis, que azotó Myanmar en 2008, obligó a casi la mitad de los agricultores pobres del país a vender sus propiedades, entre ellos tierras, para aligerar la carga de la deuda provocada por el ciclón. No es simplemente un daño puntual: las consecuencias económicas y sociales de Nargis permanecerán a lo largo de generaciones. La situación de pobreza, así, se agrava, siendo prácticamente imposible salir de ella. El círculo, más que vicioso, empobrecido, mantiene su trazado.

Y es que en sí mismo, el concepto de desastre, como tiende a denominarse a un episodio de un fenómeno natural extremo, no sería tal si las condiciones de desarrollo de una comunidad no se vieran interrumpidas o destruidas. Es decir, es un desastre porque existe una vulnerabilidad previa que propicia que un terremoto, huracán o inundación dañe severamente las condiciones de vida de las personas. En el caso de Turquía, el país aprobó una nueva normativa para que sus edificios estuviesen preparados para soportar temblores, promoviendo un mayor uso del hierro en sus estructuras. Sin embargo, la adaptación sísmica resulta cara, por lo que muchas viviendas se han seguido construyendo a espaldas de la ley.