Siglo XXI

Ley de Ciencia: una historia de oportunidades

Más allá de los vaivenes de última hora, la nueva legislación aprobada por el Congreso de los Diputados a finales de verano incluye medidas para reducir la asfixiante burocracia que dificulta la compra de materiales y ralentiza las investigaciones.

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28
Oct
2022

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Tras la vuelta del verano, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una reforma que se ha dilatado en el tiempo y que contaba con una vigencia de más de una década sin ser revisada. Más allá de los vaivenes de última hora que ha protagonizado, fruto del necesario debate surgido en torno a la modalidad de las contrataciones indefinidas, esta nueva legislación abre una ventana de oportunidad desde la que España debe convertirse de una vez por todas en un país de Innovación e investigación.

Por aportar un breve contexto que nos permita entender dónde estamos, y sobre todo, lo que esta nueva ley de Ciencia nos debe permitir superar: a 31 a diciembre de 2020, España contaba con más de 28.000 patentes (OEPM). Además, fue el 12º país en producción científica con 1,6 millones de investigaciones académicas en 2020 y, además, un innovador moderado, siendo el 16º país de los 27 en materia de inversión en I+D+I –sí, ambas en mayúsculas–en el análisis del European Innovation Scoreboard.

La nueva ley concibe la Compra Pública de Innovación como la herramienta fundamental para impulsar la colaboración definitiva entre lo público y lo privado

¿Por dónde empezar? Desde luego, haberlo hecho por el talento es positivo. El mayor reconocimiento que se le otorgue ahora al personal investigador ayudará a las empresas españolas a mantener y apostar por el mejor talento, si bien se precisa de un marco de funcionamiento dinámico y ágil que impulse la inversión en innovación entre el grueso del tejido empresarial nacional: la mediana y pequeña empresa. Y es aquí donde la Compra Pública de Innovación, conocida como CPI, debe jugar un papel fundamental.

Precisamente la nueva ley de Ciencia e Innovación referencia la CPI como la herramienta imprescindible para impulsar la innovación y la colaboración definitiva entre el ámbito público y el privado. Sin duda, es la mejor opción para dinamizar los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores, fomentar la innovación empresarial e impulsar su internacionalización. Se trata, en definitiva, de una colaboración de éxito conjunto en el que la empresa privada puede ofrecer su expertise a una Administración que, a su vez, mejora un servicio público, ganando la pyme cuota de mercado y las instituciones, confianza por parte de la ciudadanía.

Más allá de esta cuestión, no cabe duda: la I+D es una crucial para el desarrollo de las empresas de nuestro país. Los acontecimientos geopolíticos y de salud pública de los últimos años no han sido óbice para aumentar ese interés por la innovación entre las empresas, conscientes de que resulta imprescindible para la competitividad y el posicionamiento de mercado.

España es el doceavo país en producción científica con 1,6 millones de investigaciones académicas

En esta línea, los incentivos fiscales son otro de los puntos clave para hacer de la I+D+I un aspecto estratégico. Sin embargo, las trabas burocráticas constituyen todavía un elemento verdaderamente paralizador, y es que los procesos para poder aprovechar esas herramientas fiscales en España deberían ser menos complejos en su aplicación. No en vano, de cada 100 euros invertidos, 59 son potencialmente deducibles en el mercado nacional; unos números que no hacen de España un país destacado por su innovación, como revela nuestro último informe The Benchmark 2022, que realiza una revisión anual independiente de los regímenes de incentivos a la I+D en 24 países. De hecho, nuestro mercado es uno los europeos donde el régimen fiscal permite alcanzar mayor nivel de generosidad, cercano, de media, al 30%. Sin embargo, la exigencia en las evaluaciones dificulta el acceso a los incentivos y retrae la inversión.

Es aquí donde surge el otro gran instrumento importante al que deberá atender la nueva ley de Ciencia, la conocida como tax lease o tax equity. La nueva ley hace también referencia a esta modalidad de financiación privada para proyectos en I+D, constituyendo un punto de encuentro real entre empresas y financiación de la innovación. Este instrumento financiero no es más que la cofinanciación parcial de determinados proyectos de I+D mediante estructuras que encuentran su base en la cesión de créditos fiscales mediante la creación de una Agrupación de Interés Económico (AIE). El mercado tiene que entender que canalizar la inversión en I+D es rentable para el inversor y verdaderamente provechoso para el investigador.

En definitiva, contamos con el potencial, el personal, las herramientas y la intención; simplemente nos falta aprovechar todas aquellas oportunidades que la riqueza y el esfuerzo de nuestros sectores, públicos y privados, ofrecen para converger en un camino que desemboque definitivamente en competitividad.


Carlos Artal es director general de Ayming España.

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