Así afecta la factura de la luz a las personas dependientes

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Fran Sánchez Becerril

@fransanchezbe

La escalada del precio de la luz no es algo nuevo. Desde hace décadas los consumidores han podido observar cómo la factura ha ido incrementando considerablemente –llegando a subir un 35% tan solo entre 2020 y 2021–. Cuando la mayor parte de la población no situaba a Ucrania en el mapa, la invasión por parte del Rusia y las sanciones consiguientes al gigante exsoviético situó la luz en la quinta subida más cara de la historia: la factura media de abril de 2022 alcanzó los 102,38 euros.

Estas serias fluctuaciones afectan a toda la sociedad, pero hay una parte de la población que lo sufre especialmente: las personas con discapacidad. Este grupo necesita realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos que dotan de mayor calidad e independencia su vida. Por ejemplo, la electricidad es necesaria contantemente para los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, ascensores, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.

Ante esta situación, el 79% de las personas con discapacidad ha tenido que alterar sus hábitos de consumo eléctrico para ajustarse a las horas en las que el precio es más económico, según un estudio de Cocemfe. Sin embargo, esta medida no está al alcance de todos: hay personas con discapacidad que están obligadas a hacer uso continuo de la electricidad. «Necesito un respirador, un condensador de oxígeno durante la noche y algunas horas al día, además de otros aparatos para terapia respiratoria», detalla una de las participantes de la consulta de la confederación, que necesita dormir con una máquina porque sufre de apnea severa.

El presidente de la confederación, Anxo Queiruga, lo resume así: «Al gasto adicional que supone tener una discapacidad, ahora se está sumando una factura eléctrica que nos obliga a pagar más solo por respirar, movernos o mantener nuestro estado de salud».

Una de cada diez personas no puede pagar la factura

La encuesta también pone de manifiesto que la factura de la luz está provocando un gran impacto en la economía del grupo social de la discapacidad, ya que para el 70% supone una parte excesiva de sus ingresos, aunque aclara que son capaces hacer frente a esta factura. Pero es más flagrante el caso de una de cada diez personas (11%) que declaran no ser capaces de pagarla. Del mismo modo, hasta el 22% de los encuestados ha tenido que dejar de pagar alguna factura de la luz en 2021 por no tener suficiente dinero.

«Estamos hablando de un impacto brutal y desde las Administraciones Públicas se tiene que garantizar que ninguna persona con discapacidad ni ninguna entidad que se dedica a la atención de las personas con discapacidad se enfrenten a la imposibilidad de asumir este gasto», reclama Queiruga.

Queiruga: «Desde la Administración se tiene que garantizar que ninguna persona con discapacidad se enfrente a la imposibilidad de pagar sus tratamientos por la factura de la luz»

Ante esta escalada de precios en la factura de la luz, decenas de organizaciones han lanzado varias campañas para exigir medidas que permitan al colectivo llevar a cabo una vida digna, evitando que estas personas puedan caer en la pobreza energética. Porque de continuar esta situación, se calcula que se producirá un detrimento en la calidad de vida de las personas con discapacidad: el 35% de los encuestados ha afirmado que ya ha reducido o limitado sus tratamientos y terapias para hacer frente al pago de la luz. Y no solo eso, sino que más del 60% ha advertido de que su salud se verá perjudicada si se mantienen estos precios.

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que representa a 1.400 entidades de pacientes, también alertan de que el incremento de la factura de la luz afecta directamente a las personas con enfermedades crónicas, ya que no se tiene en cuenta su situación de vulnerabilidad y fragilidad generada por la enfermedad. Más concretamente, destacan que el hecho de que la franja horaria más barata sea de madrugada resulta «contraproducente» para las personas que necesitan tener conectados sus dispositivos médicos y poder así mantener una calidad de vida digna, independientemente del horario menos costoso.